¿Quién es la exnovia a la que Miguel Quintero puso en el Área Metropolitana y que hoy está imputada por corrupción?

La red de lealtades que Miguel Quintero habría tejido alrededor de las entidades donde tuvo influencia durante la administración de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero, no deja de sorprender. Ayer se conoció que entre los imputados por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) habría una exnovia suya.

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El dato salió como uno más dentro de la audiencia de este 2 de febrero, en la que un juez debía decidir si el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, continúa en libertad o en la cárcel mientras que avanza el proceso penal por una presunta contratación ilegal que comprometió recursos por casi $18.000 millones entre el Área y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según el fiscal, de esa cantidad, $2.481 millones habrían ido a parar a manos de particulares.

Es necesario precisar que dentro del mismo caso están detenidos el exgerente de la agrupación de socorro, Misael Cadavid, lo mismo que María Yaneth Rúa, la funcionaria del AMVA que fungió como supervisora en esos contratos. También está vinculado, pero no preso, el exjefe de esos bomberos, Elkin González.

El lunes de la semana pasada el juez avaló la legalidad de la imputación por interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación contra Palacio y dos subalternas suyas -las ex subdirectoras del área ambiental, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla-, lo mismo que falsedad en documento público contra el extesorero y contador de los bomberos, Juan Alberto Cardona Henao.

El martes 27 de enero, el fiscal 40 anticorrupción expuso por qué, en su concepto, el exdirector del Área debe tener detención preventiva en tanto que para las dos exfuncionarias pidió medidas menos severas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante autoridades, y a Cardona lo eximió de esa solicitud.

Ayer fue el turno para Majer Abushihab, el abogado de las víctimas, es decir quien actúa en nombre del Área Metropolitana como entidad afectada por los supuestos actos ilícitos.

Acá este trazó una línea de tiempo que en su concepto demostraría un encadenamiento de hechos que habrían desembocado en la conformación de un tinglado para defraudar al erario: desde los primeros contactos de Miguel Quintero con Palacio, en el Concejo, hasta la ubicación de los allegados del primero en puestos clave.

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Miguel Quintero fue concejal de Medellín entre 2012 y 2015 y según el relato de Abushihab, en el primer año, gracias a su intervención, Palacio fue elegido como secretario de esa corporación. Como prueba, mostró un video donde el concejal Óscar Hoyos menciona el vínculo entre ambos y cómo, a su vez, en su discurso de posesión, Palacio saludó muy especialmente a sus padres (el papá es Óscar Iván Palacio, hoy candidato a la Cámara por el Partido Verde) y a los hermanos Quintero.

Años después y tras la posesión de Daniel Quintero como alcalde de la capital antioqueña, el 2 de enero de 2020, el nuevo mandatario hizo la siguiente declaración en un acto público: “Quiero presentarles a mi candidato, que presentaré esta semana en la junta del Área Metropolitana, Juan David Palacio; será nuestro candidato para director del Área Metropolitana”, dijo.

Luego, el 7 de enero, Quintero, como presidente de la junta del Área, propuso a Palacio, lo escogieron por unanimidad ese mismo día y se posesionó.

El abogado del Área citó las declaraciones de la testigo que está colaborando con la justicia mediante un principio de oportunidad así como el contenido del chat de “amigos” del que hacía parte ella junto con Miguel Quintero; el subdirector del AMVA, Álvaro Villada, y Jorge Enrique Liévano, el ex gerente de Metroparques.

En el cruce de mensajes, Miguel Quintero da instrucciones acerca de la contratación en el Área y menciona que ha tenido reuniones con JP (Juan David Palacio), las que serían para coordinar acciones.

Ahí está también la conversación del 4 de abril de 2020, referente a la urgencia de nombrar a alguien “de confianza” en el área ambiental, al punto de que Miguel Quintero llegó a sugerir que fuera el propio Villada. No obstante, este no acepta.

Amores del Tricentenario

El 9 de julio de 2020 Villada monta una foto en el chat, abrazado con Ana María Roldán, y dice: “Lista”, para significar que ya había sido contratada. El esposo de ella, según el abogado Abushihab, es un amigo de los hermanos Quintero de la época de juventud en el barrio Tricentenario. En ese mismo tiempo se conocieron con Liévano y con el abogado Édison López, también conocido como “Chano”, quien tuvo a su esposa trabajando en el área y el cual ha defendido a jefes de la Oficina presos en la cárcel de Itagüí.

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El 21 de julio se posesiona Roldán como subdirectora ambiental y el 21 de agosto de 2020, se suscribe el primero de los contratos con los bomberos.

A los tres días se habría realizado la reunión que fue citada en la audiencia contra Yaneth Rúa, porque habría instruido en ella a varios miembros del cuerpo de bomberos de Itagüí sobre cómo cobrar facturas en convenios interadministrativos generando ventaja económica para la entidad de socorro -y presunto detrimento para el Municipio-.

En total, Roldán firmó cuatro de los seis contratos del escándalo actual; sin embargo salió el 18 de abril de 2021 por “diferencias con el director (Palacio)”; al día siguiente ingresó Diana María Montoya. Esta, de acuerdo con lo dicho por Abushihab con base en las declaraciones de la testigo clave, había sido pareja de Miguel Quintero en la juventud, en el Tricentenario.

EL COLOMBIANO también tuvo acceso a ese documento donde asegura que fue “Chano” el que remitió la hoja de vida. Y posterior a la salida de ella “la reemplazaron por Diana María Montoya, expareja de Miguel Quintero en la infancia y que la recomendó por así decirlo para ese cargo a través de Álvaro Villada”.

Esta segunda subsecretaria ambiental en el periodo de Palacio habría seguido siendo muy cercana a los Quintero aún después de terminar su relación con el mayor de los hermanos. Tanto que inicialmente habría sonado como secretaria de Ambiente de la Alcaldía de Medellín, aunque finalmente no fue nombrada y por eso la ubicaron en el otro cargo.

“Se puede evidenciar que el enlace de la subdirección administrativa (la que regía Villada) con la ambiental era la abogada de confianza de Álvaro Villada, Vanesa Álvarez, ella (sic) quien revisaba todos los contratos y daba los vistos buenos, era quien cuidaba los intereses de Álvaro Villada en los contratos”, añadió la testigo ante los investigadores judiciales.

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Poco después de las seis de la tarde de ayer y luego de tres horas y media de haber comenzado, el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías suspendió la audiencia sin decidir si Palacio seguirá libre o no. La diligencia continuará el jueves de la próxima semana, 12 de febrero.