EN VIVO: Avanza imputación a Miguel Quintero por corrupción: Fiscalía dice que cobraban comisión del 15%

Después de tres citas fallidas con la justicia para la lectura de imputación de cargos por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) contra Miguel Quintero, en la tarde de este jueves, 10 de septiembre, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está citado a audiencia con ese propósito.

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La Fiscalía convocó también al exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García; a Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como a Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.

Se prevé que el ente de acusación formalice la imputación de cargos contra ellos por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

Las conductas tienen que ver con el rol que ellos habrían cumplido en un presunto entramado para controlar la contratación en el AMVA y cuyo modelo se habría replicado además en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano.

Minuto a minuto de la audiencia de imputación a Miguel Quintero

3:36 p.m. Fiscal dice que Miguel Quintero coordinó con el director del AMVA la contratación de personal que no obstaculizara la contratación con los bomberos y separaron de sus cargos a los que consideraban que así los estaban haciendo.

Habla de una reunión de Quintero, Álvarez y Villada, con el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, para reducir la comisión, que inicialmente era de 20% y se consideraba muy onerosa, con el fin de que esta fuera solo del 15%.

Según la funcionaria judicial, Villada, como subdirector administrativo del AMVA, participó con voto en los comités de contratación donde se aprobaron los contratos con los bomberos de Itagüí, además de que aprobó la disposición presupuestal para este objeto. Igualmente, contrató a Vanesa Alvarez para que hiciera los estudios previos de los dos primeros contratos y preparara las ofertas en nombre de los bomberos voluntarios de Itagüí.

También, desde septiembre de 2020 habría presionado a María Janeth Rúa para que le diera el visto bueno a los informes de los bomberos sin verificar que lo pagado correspondiera a los productos y servicios realmente entregados.

En junio de 2020, Álvarez habría participado en la elaboración de los estudios previos con los que se suscribieron los dos primeros de seis contratos que se hicieron con los bomberos de Itagüí. También, el 30 de junio de ese mismo año, le remitió a Luz Janeth Quintero los estudios sin surtir los requisitos para aprobación.

Quintero Calle, aun sin ser funcionario, dijo la fiscal, intervino en los procesos de contratación por intermedio de Álvarez, Villada y otros funcionarios ya imputados, con el fin de recibir un beneficio económico, por ello debe responder como determinador de los presuntos delitos cometidos por los servidores públicos.

Recordó que Quintero y Villada tenían una relación personal desde que trabajaron juntos en la Gobernación de Antioquia y ello determinaba una relación de confianza. Allí igualmente conoció a Laura Mejía (otra de las indiciadas que accedió a beneficios por colaboración con la justicia). Estos tres habrían conformado el grupo de “amigos” en 2020 con otras personas para coordinar actuaciones.

Los mensajes consignados allí evidencian la realización de reuniones en Metroparques y otras partes, en las cuales Miguel Quintero impartía instrucciones que eran seguidas por los demás.

Recordó la fiscal que Quintero remitió a ese grupo fotos y era reconocido como “Míster M” o “nuestro jefe”. y allí impartia directrices sobre contrataciones de personal y con relación a los contratos con los bomberos. También, con su influencia, determinó el nombramiento de Álvaro Villada como subdirector administrativo y financiero del AMVA, lo mismo que de funcinarios en la subdirección ambiental que resultaba crucial para sus planes.

3:18 p.m. La delegada de la Fiscalía comienza su intervención diciendo que los cuatro indicados “podrían ser partícipes” en los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

La fiscal indica que las actuaciones de los indiciados se refieren a seis contratos por un monto de $17.656 millones entre el AMVA y los bomberos de Itagüí para reducir la exposición al riesgo de las comunidades frente a la pandemia del Covid-19, y la asistencia a los cuerpos de bomberos del Área Metropolitana.

Asegura que habrían cobrado una comisión del 15% del valor total de los contratos.

3:10 p.m. Luego, con el inicio formal de la audiencia y ante el llamado director del juez, Quintero aparece ante cámaras dando sus datos de identificación personal.

2:30 p.m. De manera puntual, la oficial principal del Juzgado 27 Penal comienza la diligencia con el respectivo llamado para verificar la comparecencia de todas las partes. Aunque el abogado Santiago Trespalacios anunció que Miguel Quintero estaba presente, este no se presentó frente a la cámara en un primer momento, como sí los hicieron las otras personas que serán imputadas.

Así ha sido el proceso contra Miguel Quintero

Inicialmente, la imputación estaba prevista para el pasado 3 de agosto, pero el delegado de la Fiscalía pidió que se postergara con el propósito de dar tiempo para preparar bien el texto. Después, el 25 de agosto fue la defensa de Villada la que hizo la solicitud y el pasado primero de septiembre hubo otro motivo por el cual no se pudo hacer.

Resulta que la diligencia estaba planeada de manera virtual a partir de las 2:10 p.m. en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías, pero como la titular de ese despacho tenía una incapacidad médica, fue redireccionada al Juzgado 39.

Allí, apenas comenzando la actuación, el abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, planteó la posibilidad de que se configurara un “vicio” que podría redundar en una posible ilegalidad posterior, debido a una norma reciente que indica que cuando una audiencia es programada, no urgente, y no se hace, debe ser reprogramada en el mismo juzgado.

La juez 39 dio por válida esa argumentación y en consecuencia devolvió el asunto al Centro de Servicios Judiciales de Medellín, el cual dio el día de hoy a partir de las 2:30 pm. como nueva fecha en el Juzgado 27 Penal.

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