¿En escándalo de corrupción de la Universidad Nacional hay hilos del quinterismo?

Al anunciar una denuncia penal para que se investiguen los posibles malos manejos en la corporación Rotorr, que nació en Bogotá bajo la sombrilla principal de la Universidad Nacional, el rector Leopoldo Múnera planteó la duda acerca de quiénes dominan realmente en esta firma y quiénes son los beneficiarios finales de una contratación estatal que ya sobrepasa los $270.000 millones. Pues resulta que las primeras pistas al respecto conducen a Antioquia y a algunas personas relacionadas con asuntos que también han sembrado inquietud en el pasado en Medellín.

Al mirar los documentos de Cámara de Comercio, resulta que el representante legal de esa spin off es Jaime Alonso Restrepo Carmona, un antioqueño que tiene un historial como contratista de entidades departamentales y municipales durante las administraciones de Luis Pérez y Daniel Quintero. Adicionalmente, varias firmas tecnológicas locales que han ejecutado contratos con Rotorr por cerca de $10.000 millones también han estado en nóminas ligadas con el quinterismo. ¿Una simple coincidencia?

En la plataforma Orcid, donde los investigadores consignan sus datos y experiencia, aparece una persona con nombres y apellidos exactos del director de Rotorr que se graduó de médico en 2003 y en 2011 se especializó en gerencia de la calidad y auditoría en salud. Aparentemente dio un giro desde la salud al manejo económico porque en 2017 reportó haber terminado una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental más otra en Dirección de Marketing Global y Nuevos Mercados; en 2019 finalizó una maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos y en 2020 se graduó de administrador de empresas.

Al mirar la foto actual del director ejecutivo de Rotorr, egresados de Medicina de la Universidad de Antioquia reconocieron en él a un antiguo compañero que circulaba por los pasillos de su facultad con el cabello enmarañado y sus infaltables gafas tipo transition.

En youtube hay videos en que Restrepo da charlas sobre cómo hacer presupuestos y cómo manejar temas administrativos, y es en ese campo donde se nota su estela en la contratación pública.

De acuerdo con información de plataformas oficiales, el hoy representante de Rotorr ejecutó en 2019 un contrato como coordinador de proyectos especiales dentro de un convenio interadministrativo entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Planeación Departamental. Para ese momento, Miguel Quintero había salido ya de su cargo como Director de Monitoreo y Evaluación del Banco de Proyectos en esa misma dependencia para ir a hacerle campaña a su hermano Daniel a la Alcaldía.

Luego, en 2021, en plena administración de Quintero en Medellín, Restrepo fue asesor de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para implementar procesos de I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) así como para la regionalización e internacionalización de la entidad “en el marco de la Industria 4.0”. El contrato lo firmó con el gerente, Wilder Wiler Echavarría, a quien un testigo ubicó acompañado por Miguel Quintero en una reunión para supuestamente negociar el lote de Carabineros, que es un bien fiscal de Medellín.

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Entre marzo y agosto de 2023, Restrepo tuvo un contrato con la Contraloría General de la Nación por $90 millones, siendo su rol el de consultor dentro de un convenio con el BID para la transformación digital de la entidad. Y en ese mismo año fue que se firmó un convenio interadministrativo entre ese ente con la Unal, para que lo ejecutara Rotorr, por $15.700 millones con el fin de implementar I+D+I en el control fiscal, lo que a juicio de expertos podría configurar un conflicto de intereses.

Ana María Velásquez Ángel, la suplente de Restrepo en Rotorr, es una administradora de negocios de 42 años con especialización en mercadeo, nacida en Envigado, que ha estado ligada al ambiente político local. De hecho, hizo parte de la unidad de apoyo del concejal Gabriel Dib (Centro Democrático) como asesora política y tras la renuncia de este, conformó la de Julio González. Es decir que en total estuvo adscrita a la Corporación entre 2021 y 2023 y después figuró dentro de las personas que denunciaron a González por acoso laboral en un proceso por el que perdió su curul.

Antes, en su hoja de vida ella solo registra el paso por dos firmas privadas, en una por dos meses y en otra por un año. Y de manera posterior, a finales de 2024, le figura un contrato bajo la sombrilla de Rotorr con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para el diseño e implementación de una estrategia de negocios con direccionamiento estratégico. Tiene registro como agente inmobiliaria y en su cuenta de Facebook aparece vendiendo bienes raíces en el último año.

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Al preguntarle al exconcejal González cómo llegó Velásquez a su equipo, contestó que cuando se posesionó no tenía a nadie conocido y se la recomendaron por la trayectoria con su antecesor. “Al parecer ella era familiar de la esposa del doctor Dib”, añadió.

Los dos revisores fiscales también son antioqueños: Jhon Albeiro Botero Viana (principal) y Luis Carlos Carmona (suplente) y acá igualmente podría haber un conflicto de intereses, a juicio de expertos, pues dentro de la información que Rotorr registró en la Cámara de Comercio de Medellín para presentar a Carmona anexó el pantallazo de un documento de identidad enviado desde la cuenta de Jaime Cano, que como se verá más adelante, ha sido accionista de una de las firmas con las que ha contratado la spin off nacida en la U. Nacional. Y sería además un indicio de que las decisiones cruciales de Rotorr se podrían estar tomando desde predios paisas, no desde Bogotá.

¿Cómo se explica que un cuerpo directivo de una entidad bogotana, de corte académico, nombre a toda una plana ejecutiva que es de una misma región?, es una pregunta que queda en el aire. ¿Otra coincidencia?

Las denuncias del rector

Rotorr se creó en marzo de 2023 por parte de la Universidad Nacional y el Fondo de Empleados Docentes (Fodun), para que a través de ella se concretaran desarrollos tecnológicos que normalmente suelen quedarse solo en el papel dentro de la principal alma máter pública del país. Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO aseguran que la Facultad de Minas con sede en Medellín tuvo gran influencia.

La idea era que también generara transferencias para ese centro de estudios, pero en una intervención ante el Consejo Académico de la U., en julio del año pasado, Múnera aseguró que aunque la Nacional es la corporada única de Rotorr (Fodun salió en marzo de 2024), paradójicamente el rector y ningún delegado suyo están en su dirección y que esta no le ha transferido ni un peso a la universidad. Apuntó además que la universidad perdió el control allí, lo cual tendría que ver con los cambios de estatutos que hicieron entre febrero y mayo de 2024, estando todavía Dolly Montoya como rectora, otorgándoles facultades casi omnipotentes a quienes manejan a Rotorr –con Restrepo Carmona a la cabeza-, permitiéndoles contratar por montos ilimitados y haciendo casi imposible que se saque a los directivos actuales o que se modifiquen de nuevo las reglas de juego de la firma.

Adicionalmente, según el Rector, la información financiera parece un secreto de Estado lo cual ha dificultado contestar a la pregunta ¿si la plata no ha entrado a la UNAL, a dónde ha ido a parar?

Lazos con Antioquia

Aquí esta historia se encuentra con otra ocurrida hace tres años en la capital antioqueña, cuando el medio digital IFM Noticias reveló la compra de un lujoso apartamento por más de $2.000 millones y de contado, por parte de terceros, pero que aparentemente tenía como destinatarios al entonces alcalde, Daniel Quintero, y su esposa, Diana Osorio. La transacción se habría hecho a nombre de la firma Sostech SAS, conformada en 2022 por la joven abogada de Caucasia, Eliana Carolina Bertel Espinal. Y resulta que, ahora, ella también aparece como hilo conductor en varias de las compañías paisas de tecnología que han sido subcontratistas de Rotorr, con cifras que en conjunto suman alrededor de $10.000 millones.

Bertel Espinal fue apoderada de Trust Data, que creó en junio de 2020 Jennifer Aldana Valero, una abogada externadista rola que para ese momento ya había sido contratista de Mintic y que en 2021, durante la administración Quintero, estuvo en Ruta N de Medellín aunque todo indica que vivía en Bogotá. Esta firma obtuvo contratos en 2024 por $1.201,8 millones y $728,2 millones.

Igualmente, Bertel fue comisionada de los accionistas que crearon Think It SAS, la cual obtuvo contratos con Rotorr por $1.100 millones en 2023 y $800 millones en 2024. En Asecontic, que contrató $1.900 millones en 2023 y $4.250 millones en 20224, la abogada ha fungido como apoderada.

Ella ha sido representante legal de Hub de Asesoría, Consultoría y Servicios (Aycos); apoderada de 24/7 Soportes y Servicios, Big Bang Data, y de Logistic and Services Company, empresas que si bien no han contratado con la spin off de la Nacional, sí han servido para certificarles experiencia a las demás. Alrededor de ellas hay un engranaje de parentescos y paisanajes procedentes de Cisneros, en el nordeste antioqueño.

Por ejemplo, el representante de Trust Data es Mateo Zuleta Herrera, oriundo de ese municipio, de donde también es Jaime Alonso Cano Pino, el hombre del Whatsapp en el que presentaban a los últimos revisores fiscales de Rotorr.

Cano Pino, quien fue contratista de la EDU y revisor fiscal del Parque Arví en la administración Quintero, se desempeñó como revisor fiscal suplente de Think IT SAS y aparece como socio fundador de Asecontic al lado de Fabián Arley Escudero, excontratista de la Universidad Digital y el Politécnico Jaime Isaza en la gobernación de Luis Pérez; y Mauricio Vargas, excontratista de la Agencia APP en el periodo de Quintero. En un acta de inicios de 2020 aparecen como socios la representante suplente de 24/7, Jessica Palacio Herrera y designan como suplente a María Gisela Herrera Rendón, a su vez hermana de Dora del Socorro Herrera, la representante legal de Logistics and Services.

Por otra parte, los propietarios de Aycos son Trust Data (60%), Asecontic (30%) y 24/7 (10%) y la representante legal es la abogada Bertel.

Llama la atención también que muchas de las entidades que le han asignado contratos a Rotorr tienen en su interior fichas cercanas al exalcalde Quintero o a sus aliados, como son Corantioquia (se dice que en esa entidad tiene injerencia el excongresista Julián Bedoya), la UGPP (Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, del Ministerio de Hacienda), el Icfes, el Ministerio del Interior o la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Igualmente, el revisor fiscal suplente de Rotorr, Luis Carlos Carmona Soto, es tío del representante a la Cámara Daniel Restrepo (P. Conservador) que a su vez es cercano al senador Carlos Andrés Trujillo, el cacique conservador de Itagüi aliado del quinterismo.

Al ser consultados con relación al contenido de este artículo, voceros de Rotorr contestaron por escrito que no es cierto que le hayan negado información a Múnera y subrayaron que todo el escándalo alrededor de la empresa parte de un rechazo y estigmatización de ese funcionario hacia ellos, que expresó desde su campaña para llegar al puesto.

Directivos de Rotorr responden por primera vez

EL COLOMBIANO buscó a Jaime Alonso Restrepo, pero en Rotorr dijeron que está en licencia. No obstante, la entidad contestó por escrito un cuestionario, siendo la primera vez que se expone ante un medio de comunicación, y aseguró que las dudas que se han sembrado sobre ellos obedecen a la intención de Leopoldo Múnera por desprestigiar lo que venga de administraciones anteriores en la U. Nacional. Por ello interpusieron una denuncia contra el rector por injuria agravada.

Afirman que fue Múnera quien decidió no participar en sus órganos directivos y desmienten que le hayan negado información, sustentándolo con oficios que le han enviado. Igualmente, dicen que sí le han reportado ingresos a la alma máter: $5.516 millones en total, aparte de generar 983 empleos directos y más de 5.000 indirectos a través de 122 aliados; han aportado $369 millones para apoyos alimentarios de alumnos vulnerables y $178 millones para procesos de soporte administrativo. Fuera de eso, $4.700 millones de excedentes irán a apoyar emprendimientos tecnológicos de la comunidad académica. Esto entre otros aportes.

Sobre la llegada de los representantes legales a la entidad, apuntan que fue por meritocracia, pues Restrepo tuvo contacto como alumno de un doctorado y la señora Velásquez como asesora financiera.

Con respecto a su sede, dicen que abandonaron la hemeroteca de la UNAL después del último paro estudiantil y operan desde varias sedes de Bogotá, con 321 colaboradores.

Y con relación al documento enviado desde el WhatsApp de Jaime Cano para presentar a Luis C. Carmona como revisor fiscal suplente, aseveran que se trata de una comunicación que él cumpliendo sus funciones pero que se presentó fuera de contexto. Aún así, EL COLOMBIANO tiene documentos que muestran que ambos han sido socios en una empresa.

Para finalizar, puntualizan que no tienen ninguna relación con el exalcalde Daniel Quintero.