“Nunca en mi vida he sido investigada porque he hecho muy bien la tarea”: ternada a la Contraloría de Medellín responde a denuncias

En escasas semanas, el Concejo de Medellín elegirá a la nueva persona que liderará a la Contraloría de Medellín durante los próximos cuatro años.

Luego de la convulsa administración del exalcalde Daniel Quintero, cuyas múltiples denuncias por presunta corrupción siguen generando procesos, el próximo contralor no solo tendrá sobre sus hombros esclarecer los escándalos que estallaron en ese gobierno, sino recuperar la imagen del ente de control más importante de Medellín, cuestionado por muchos por sus resultados en dicho periodo.

El futuro contralor saldrá de una lista compuesta por tres candidatos: Paula Andrea Ortega Escobar, funcionaria de carrera administrativa en la Contraloría de Medellín; Alina Marcela Restrepo Rodríguez, quien fue subcontralora y subdirectora de la Agencia de Educación Sapiencia; y Luis Eduardo Álvarez Vera, alcalde de Ciudad Bolívar en 1998, diputado en 2004, subsecretario de la Gobernación y quien ha estado ligado además a la Contraloría de Medellín y a la Procuraduría de Andes.

En días recientes salieron a la luz pública varios cuestionamientos sobre los tres candidatos, sobre todo asociados a su presunta cercanía a figuras políticas de la pasada administración.

Parte de esas denuncias recayeron sobre Ortega Escobar, quien ha sido cuestionada por haber hecho parte de la entidad precisamente en el gobierno anterior y tener participación en varios casos sensibles que no terminaron en sanciones al interior de ese ente, como Aguas Vivas y la Clínica de la 80.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Ortega se refirió en profundidad a esos señalamientos y se defendió.

Hay fuentes que la señalan a usted de ser cercana al actual contralor de Medellín, Pablo Garcés. ¿Cuál es su versión sobre eso?

“Realmente cercana no soy, más allá de una relación laboral. Él es el jefe de toda la contraloría y yo simplemente soy una subalterna. Más allá de eso no tengo ningún vínculo con el doctor Pablo Andrés Garcés”.

Se ha visto con suspicacia que usted en el periodo de él ocupara altos roles y ascendiera...

“Cuando llegué a la Contraloría lo hice por un concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Mi cargo es profesional universitaria 1. En la administración de la doctora Patricia Bonilla fui encargada como profesional universitario 2; un encargo que se produjo también por méritos, porque en la Contraloría hay un reglamento que establece cómo se deben hacer los encargos. Se hacen una gran cantidad de verificaciones, se otorgan unos puntos a los que más estudios y experiencia tengan y sale una lista de quiénes son los llamados a encargar. El que quede primero es el que encarga.

Cuando me encargaron de profesional especializado, que es el cargo que actualmente ocupo, fue la misma situación. Y el encargo de secretaria general fue realmente un encargo por 15 días. Yo puedo decir que todos los cargos que he ocupado en la contraloría han sido por mérito”.

En medio del proceso de elección, veedores ciudadanos han cuestionado su papel en varios casos sensibles que manejó la Contraloría sobre el gobierno de Quintero y en los que usted participó. Uno de los más importantes fue el de Aguas Vivas, en el que a se ha cuestionado su papel en un análisis que descartó allí irregularidades fiscales, según quedó consignado en una PQRSD que aparece proyectada por usted...

“Mi cargo en la contraloría es profesional especializada. Soy abogada y lo que hago es que en la Subcontraloría apoyo diversas contralorías auxiliares para analizar asuntos jurídicos. En este caso yo apoyaba a una contraloría auxiliar, en ese momento Distrito Tres. A la contralora auxiliar le llega esa queja con unas pruebas que revisamos en conjunto. Luego de ello le dije a la contralora que esa era una decisión que era muy sensible, de ciudad, que se tenía que tomar institucionalmente. Cuando hablo de institucional es que debía estar el subcontralor inmerso –quien debía revisar las pruebas–, el jefe de responsabilidad fiscal, porque finalmente ellos son los que investigan el daño patrimonial. A su vez el contralor (Pablo Garcés) tendría que estar enterado.

Se le remitió entonces en su momento todas las pruebas al jefe de responsabilidad fiscal, al subcontralor, y ambos revisaron no solo la PQR, sino que revisaron todas las pruebas que llegaron con ellas. Nos reunimos y la decisión que ellos tomaron en conjunto, con la contralora auxiliar, era que realmente había una situación irregular, pero esta situación irregular no era de índole fiscal, porque no se evidenciaba un daño patrimonial, porque el distrito nunca pagó un peso por ese predio porque era de particulares. Sin embargo sí se evidenciaba una situación irregular de índole disciplinario o penal, entonces la decisión era remitir a las autoridades competentes.

Luego me informan la decisión, yo la proyecto, se las comparto por correos electrónicos, ellos le hacen los respectivos ajustes que consideraron y con fundamento en eso después la contralora auxiliar procede a firmar. Procede a firmar, pero aclaro, yo nunca tomé la decisión”.

Pero según le entiendo, el rol que usted también jugó en la elaboración de ese documento tiene que ver con valorar y cotejar la legalidad de las actuaciones, es decir, no se reduce a una mera labor de relatoría...

“En este caso fue una mera labor de relatoría. Lo digo así porque yo no puedo tomar decisiones. Si revisamos mi manual de funciones, que además es público, los profesionales no podemos tomar decisiones. El jefe es quien tiene un rol estratégico, revisa, hace control y es él quien tiene que tomar las decisiones. Entonces, insisto, acá no era relevante lo que yo dijera, porque la decisión era una decisión de la institución y yo no tengo competencia para tomar decisiones institucionales”.

Pero más allá de esa discusión, creo que hay una pregunta central de ese tema. ¿Por qué la Contraloría concluyó que en el caso de Aguas Vivas no se habían afectado los recursos públicos, pero en las audiencias de imputación de cargos de ese mismo caso la Fiscalía sí habla de un peculado por apropiación?

“La verdad, si te soy sincera, no conozco el fundamento legal que tiene la Fiscalía para imputar. No conozco las pruebas que reposan allí. Conozco la decisión que toma la Contraloría y esa decisión se toma con fundamento en las pruebas que le allegan. Por otro lado, tal como se lee en ese mismo PQR, si llegaran a aparecer pruebas distintas, el ente de control podría iniciar un proceso o abrir una investigación o iniciar una auditoría. Con fundamento en las pruebas que se allegaron fue que la Contraloría respondió”.

¿Pero entonces usted concuerda que la decisión que se tomó fue la correcta?

“La decisión que la Contraloría tomó, insisto, no fue una decisión particular, fue una decisión institucional y fue basada en pruebas. Eso es lo que tengo que decir. Fue basada en pruebas y fue una decisión que bajo ninguna circunstancia yo tomé”.

Un segundo caso que ha generado controversia es el de la investigación por la Clínica de la 80, ¿cómo fue su papel en ese proceso?

“Como le expliqué, yo soy profesional especializada en la de la subcontraloría y yo apoyo jurídicamente distintas contralorías auxiliares. Clínica del 80 concretamente lo hicieron entre dos contralorías auxiliares: la contraloría auxiliar de obras civiles y la contraloría auxiliar de salud. En esa época, como ninguna de esas dos contralorías auxiliares tenía abogado, a mí me comisionan para participar de esa auditoría.

Los auditores no toman decisiones, simplemente revisan, cotejan y le llevan a quienes toman las decisiones para que ellos tomen la decisión. Las decisiones se toman en una mesa de trabajo donde participan todos los auditores y los contralores auxiliares, pero además eso subió a un comité de revisión de auditorías, donde participa el subcontralor, otro abogado y los líderes de proyectos. Allí se aprobaron los hallazgos que salieron de esa auditoría. Me parece absurdo que solo mencionen mi nombre, porque las decisiones no las tomé yo, las tomaron cinco auditores con sus respectivos jefes.

Por otro lado, si se revisa el informe, sí hay un hallazgo disciplinario y penal, se dice muy claro que ellos (la Alcaldía) no tenían competencia para firmar ese contrato de transacción. Yo en mi análisis lo dije muy claro: no tenían competencia porque el comité de conciliación nunca les aprobó esta transacción. Entonces es falso cuando se dice que yo omití eso, ahí están las pruebas y el informe”.

Del caso de la Clínica de la 80 ha llamado la atención que la Contraloría concluyera que no hubo detrimento patrimonial, ¿por qué se concluyó eso?

“Eso no es jurídico, eso es técnico. Éramos un grupo interdisciplinario, por eso había ingeniero, arquitecto, financiero y abogado. Yo hice mi análisis jurídico, ahí está plasmado. El análisis técnico lo hizo un ingeniero civil, que concluyó, analizando los precios unitarios, que pagaron estaba correcto”.

¿Pero usted estuvo de acuerdo con esa conclusión?

“Es que no es importante si yo haya estado de acuerdo. Es importante que el equipo haya estado de acuerdo. Y es más, le voy a comentar una infidencia, yo solamente estuve hasta el informe preliminar, porque después me fui para vacaciones e incluso me fui fuera del país, yo no estaba acá. Yo al final del día no supe, es que es más, yo me fui antes de que saliera el informe preliminar. Yo dejé mi análisis jurídico, en el que dejé muy claro que había falta de competencia para firmar ese contrato de transacción. Estaba pendiente de que el ingeniero realizara sus análisis técnicos. Cuando regresé en enero ya había salido el informe definitivo”.

Pero discúlpeme insisto, ¿por qué termina concluyendo la Contraloría que ese contrato no fue irregular? ¿Cómo es posible que de un contrato de $23.000 millones solamente se paguen $12.000 millones y esa brecha tan grande no sea irregular?

Como te digo, el análisis fue técnico. Y realmente el técnico, tengo entendido, que analizó ciertos ítems y ciertos elementos que sí se podían o no se podían retirar. Es importante que la opinión pública conozca ese contrato de comodato, porque en ese contrato quedó establecido que Saludcoop le prestaba a Medellín el inmueble, pero no respondía por las adecuaciones. Si usted va al Código Civil y al Código de Comercio cuando se habla del contrato de comodato se dice exactamente lo mismo, que cuando hay un préstamo no se reconocen mejoras. El ingeniero tenía que analizar eso y él concluyó que el valor que le habían pagado al Distrito era razonable con el pacto de comodato.

El contrato de transacción no es un contrato que se firme por la mera liberalidad, es un contrato que se celebra de acuerdo al Código Civil para precaver un litigio. Es única y exclusivamente para eso. El litigio recaía sobre el contrato de comodato, por eso había que analizar tanto el contrato de comodato como el contrato de transacción.

Hay un tercer gran proceso que ha generado inquietud, que es el caso Buen Comienzo. Fuentes al interior de la Contraloría la señalan a usted de incidir en ese proceso, que también resultó descartado

“La subcontraloría tiene varias áreas, cada una con diversos funcionarios. No podemos decir que porque yo estoy en la subcontraloría, entonces conozco y participo en todas las auditorías y conozco todas las decisiones. No es cierto. Para eso somos varias personas y a cada una nos asignan procesos específicos. Del 2019 al 2023 yo trabajé en Responsabilidad Fiscal, era una abogada más. En ese momento eran como siete abogados. Cada abogado tiene X cantidad de procesos comisionados y cada proceso sale con la firma de su jefe y del abogado, punto. Yo no conozco los procesos que tiene mi vecino, además que ningún abogado tiene tiempo para estarse metiendo en los procesos de los demás.

En ese caso de Buen Comienzo a mí me extrañó demasiado cuando se dijo que yo conocí el proceso porque trabajaba allá. Eso no es cierto, escapa de toda lógica. El auto de ese proceso puede revisarse y mi nombre no aparece por absolutamente ningún lado. ¿Mi pecado es trabajar en Responsabilidad Fiscal? No creo que sea un pecado”.

Pero en ese caso ocurre algo muy similar a Aguas Vivas. ¿Por qué la Contraloría no encontró mérito en abrir una investigación, pero después la Fiscalía en el juicio sí ha hablado de sobrecostos y de irregularidades?

“Yo no le puedo dar una opinión al respecto. Sería supremamente irresponsable de mi parte, porque no conozco, no conocí, no valoré, no sé nada de lo que pasó ahí. En segundo lugar, no sé qué pruebas tendrá la fiscalía, al igual que con Aguas Vivas. Entonces yo dar una opinión al respecto sería bastante irresponsable”.

Esta pregunta se la hago no como funcionaria, sino como candidata a contralora. ¿Usted cree que la Contraloría de Medellín estuvo a la altura de vigilar el gobierno de Daniel Quintero?

“Yo puedo decir que la Contraloría ha hecho su trabajo, que todas las denuncias que llegaron a la Contraloría fueron de manera correcta tramitadas. Sé que hay muchos procesos que en estos momentos cursan en Responsabilidad Fiscal, muchos son dispendiosos y hay un término de ley de caducidad que son 5 años. No conozco los pormenores de esos procesos, porque yo no soy la que administro la Contraloría, ni participo en todos los procesos, pero sí puedo decir, como una empleada más de este control que, por ejemplo, los hallazgos que el año pasado se sacaron fueron muy cuantiosos.

Yo llevo 9 años en la Contraloría haciendo bien la tarea y nunca en mi vida he sido investigada porque creo que la tarea la he hecho muy bien. Mi calificación en la Contraloría siempre ha sido excelente. Yo siempre he hecho mis tareas como son. Me presenté a este concurso porque quiero a la Contraloría”.