En vivo: Fiscalía apela casa por cárcel contra Miguel Quintero por caso del Área Metropolitana

Este lunes, a las 2:00 p. m., el Juez 27 Penal Municipal de Medellín le da trámite a la apelación interpuesta por la Fiscalía y la representación legal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) contra la decisión de primera instancia que le dio casa por cárcel a Miguel Quintero y dejó en libertad a Sebastián Ortega por el caso de presunta corrupción en seis contratos entre 2020 y 2023.

De otorgarse el recurso, el expediente pasará a un juez de circuito, quien deberá ratificar o revocar la detención domiciliaria ordenada contra Quintero y la decisión de mantener en libertad a Ortega. Aunque en la teoría la segunda instancia debe resolver el trámite en diez días hábiles, en la práctica judicial de la ciudad este proceso suele demorarse entre uno y dos meses.

Con la medida dictada a Quintero el viernes pasado, ya son tres las personas privadas de la libertad por el presunto esquema de corrupción entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí. Entre los procesados figura Misael Cadavid, quien permaneció en prisión desde mediados de octubre de 2025 hasta finales de marzo pasado, cuando quedó en libertad tras suscribir un principio de oportunidad.

Por su parte, la funcionaria del Área Metropolitana, María Janeth Rúa —imputada por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación—, permanece recluida a la espera de que un juez avale el preacuerdo y el principio de oportunidad parcial pactados con la Fiscalía.

El pasado 15 de septiembre, la Fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública imputó a Miguel Quintero Calle por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que a Sebastián Ortega le formuló únicamente este último delito. Los cargos se derivan de una presunta red de contratación irregular entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, suscrita entre 2021 y 2023 por un valor total de $17.656 millones distribuidos en seis convenios.

Según el ente acusador, de ese monto se habrían desviado $2.481 millones mediante el cobro de coimas. La Fiscalía sostiene que a Quintero Calle le habrían correspondido $1.653 millones y a Ortega $133 millones. En el entramado también figura Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA —imputado por peculado e interés indebido—, quien habría recibido $693,7 millones. Las maniobras habrían contado con la cooperación de la exasesora jurídica de la entidad Vanesa Álvarez, imputada por interés indebido en la celebración de contratos.

Se trata de la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa.