Caso de desaparecido en la Comuna 13 inspiró proyecto de ley

“Él vuelve en una hora”. Esa fue la última frase que Luz Enith Franco escuchó sobre su esposo Arles Edisson Guzmán Medina. El 30 de noviembre de 2002 fue el último día que lo vio. Unos hombres desconocidos lo cogieron del cuello, lo obligaron a subirse a un taxi y se lo llevaron con un destino incierto, porque un comandante paramilitar lo mandó a llamar. Ese año —como a muchas otras familias de la comuna 13— la tragedia de la desaparición forzada llegó a la vida de esa mujer que llevaba solo dos años de casada, que se quedó sola con los sueños de ambos y con un dolor que no cesa 23 años después.

Arles no ha aparecido. Luz Enith no ha dejado de buscarlo. Es una más de las mujeres buscadoras de la 13 que no cesan en su lucha para que más familias acaben con la incertidumbre de la desaparición, que sepan qué pasó con sus seres queridos, que les devuelvan con dignidad los cuerpos de aquellos que logren ser hallados e identificados.

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Pero la historia de Arles es simbólica para la ciudad, para el país, en lo que tiene que ver con la búsqueda de justicia, verdad y garantías de no repetición. Es emblemática porque fue la primera de desaparición forzada de la comuna 13 en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por medio del caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia, en el que se declaró responsable al Estado y se dictaron varias órdenes.

Radicaron Proyecto de Ley Arles

Fue justamente en cumplimiento de una orden de la Corte IDH que el pasado 8 de septiembre fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 239 o Ley Arles, con el que se busca dar cumplimiento a las víctimas de desaparición forzada en lo referente a las garantías de no repetición.

El objeto de la ley que se busca que aprueben los congresistas es crear una causal nueva de falta disciplinaria gravísima en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), de modo que se puedan aplicar sanciones ejemplares a aquellos funcionarios que tengan a cargo la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y en el proceso incurran en omisiones, negativas, trabas o retrasos a las acciones que se deben tomar para verificar in situ la información que les hayan dado sobre el posible paradero de la persona desaparecida.

¿Qué tiene que ver esto con el caso de Arles? Mucho. Días después de que se lo llevaran de su hogar, Luz Enith fue hasta el corregimiento San Cristóbal de Medellín, movida por información que le dieron de que allí podría encontrar rastros de su esposo. No obstante, no halló datos.

Desesperada y con la urgencia de encontrar a Arles, recurrió al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que desde entonces asumió la representación del caso bajo el liderazgo de la abogada María Victoria Fallon, quien gestionó la llegada del proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego lo remitió a la Corte IDH.

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Pero la motivación de Fallon para acudir a instancias internacionales fue la negligencia estatal para atender la denuncia de la desaparición de Arles. En enero de 2003, un paramilitar le entregó a la familia un croquis del lugar donde habrían enterrado su cuerpo tras asesinarlo. Sin embargo, este no fue tenido en cuenta por las autoridades para emprender búsquedas.

Incluso, después de que en 2004 Fallon llevara el caso ante la CIDH, que declaró responsable del hecho al Estado colombiano, el croquis siguió sin ser tenido en cuenta. Y ni siquiera en 2015 cuando se implementaron las primeras labores de exploración y delimitación de polígonos en La Escombrera, en la comuna 13, donde se presume que podría estar el cuerpo de Arles.

Para 2019, ante la persistencia de los incumplimientos de las autoridades colombianas, la CIDH pasó el caso a la Corte IDH, la cual ordenó adoptar medidas de garantías de no repetición, entre las cuales se incluye impulsar una reforma a la normativa existente que permita garantizar la efectiva protección de los derechos de los desaparecidos. Y es así que el tema cayó al Congreso hace unas semanas.

Lo que dice en pocas palabras el proyecto que los congresistas deben debatir y votar es que se debe reaccionar de forma inmediata ante “cualquier información sobre el paradero de una persona desaparecida”, tal como lo indicaron desde el Ministerio de Justicia, que radicó el proyecto para cumplir la orden de la Corte.

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Según explicaron desde el GIDH, se espera que esta ley aplique a los servidores públicos que investigan, sustancian, fallan o conocen asuntos de desaparición de personas, así como a funcionarios de policía judicial que deban cumplir órdenes relacionadas con la verificación inmediata del posible paradero del desaparecido. Y si no cumplen con su deber incurrirán en la falta disciplinaria gravísima que se crearía de ser aprobada la ley.

Esta iniciativa es complementaria a otras órdenes de la Corte IDH en el caso de Arles. Una de ellas se cumplió en enero de 2023, cuando el Estado colombiano reconoció la responsabilidad, no solo por las probadas alianzas entre autoridades y paramilitares durante emblemáticos hechos en la comuna 13, como la Operación Orión, sino también por “la falta de diligencia, respuestas inadecuadas y falta de articulación de los encargados de la investigación”.

El hermano de Arles, Henry Orlando Guzmán Medina, calificó el proyecto de ley como la posibilidad de que más familias del país no vivan lo mismo que la suya y como una forma de “exigir cero excusas a las autoridades” a la hora de buscar un desaparecido. Por su lado, la abogada Fallon hizo un llamado a los congresistas a votar a favor de la Ley Arles: “Es votar por la vida, por la verdad y por la dignidad humana. La desaparición forzada y el dolor que deja tras de sí no tienen bandera política”.