Miguel Quintero pasó de presumir su finca a tenerla por prisión domiciliaria

Aún con los 29 bienes en extinción de dominio, 59 imputaciones, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, dos detenidos y un condenado por casos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, la prisión domiciliaria a Miguel Quintero, ordenada por un juez como medida cautelar el pasado viernes ha sido el golpe más contundente al círculo cercano del exalcalde.

Poco después de que se hiciera el anuncio de que el hermano mayor del exmandatario deberá permanecer “guardado” mientras se cumple el proceso penal en su contra por las presuntas irregularidades en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí ejecutada entre 2021 y 2023, el propio alcalde Federico Gutiérrez expresó el sabor agridulce que le genera la decisión, pues esperaba que lo dejaran entre rejas.Pero también reconoció lo significativo que es que el pariente de quien él ha identificado como el “jefe de la banda” esté privado de la libertad, así sea parcialmente.

“La casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino”, apuntó Gutierrez.

Por su parte, el director de la veeduría Todos por Medellín, Hernando Muñoz, dijo que aunque no fuera lo que muchos esperaban, algo positivo es que el juez no desechó las pruebas, como pidió el abogado Santiago Trespalacios, que defiende a Miguel Quintero, y en cambio reconoció la rigurosidad que tuvo la Fiscalía en la investigación.

“A veces uno se desanima porque el trabajo de las investigaciones y las denuncias es muy lento, y se llega a una definición que no es la que uno quisiera, pero respetamos profundamente la decisión de la justicia”, recalcó Muñoz.

Es importante recordar que Todos por Medellín fue una de las primeras instancias de la sociedad civil que comenzó a recibir denuncias e investigar la presunta corrupción en la pasada administración.

En septiembre de 2023 y después de una indagación minuciosa que hizo con su equipo, esa entidad cívica —en ese momento con Piedad Restrepo a la cabeza— hizo público y puso en conocimiento de las autoridades la triangulación de contratos entre el AMVA, Metroparques y el Inder, y la existencia de un presunto cartel de la contratación con empresas hacia las cuales se direccionaba la asignación de recursos a dedo.

Además, un correo recibido por la veeduría por un denunciante que aparentemente había participado en el entramado y que se mantuvo inédito hasta las primeras audiencias de imputación por el caso con los bomberos fue el punto de partida para indagar el presunto rol que habría tenido Miguel, el hermano del entonces alcalde, así como el modus operandi, algo que posteriormente se ha complementado con las declaraciones de los testigos bajo principio de oportunidad y otras pruebas aportadas.

Para Muñoz, en esta prisión domiciliaria también hay un mensaje simbólico por tratarse de una restricción a la libertad para una persona tan cercana al exmandatario. “Así no haya sido lo que la ciudadanía esperaba, siente la gente que hay un avance frente a unas personas que se robaron la ciudad y que han cometido delitos y le han hecho mal a la ciudad”, recalcó.

Decisión sorpresiva

El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías fue el mismo que desestimó la medida de aseguramiento para Juan David Palacio, quien dirigió el Área en aquella época en que Daniel Quintero mandaba en Medellín a la par que Miguel habría sido el poder detrás del poder en el AMVA.

Palacio era imputado por presunto interés indebido en contratos y peculado, junto con dos ex subsecretarias del área ambiental del Área y con el excontador de los bomberos de Itagüí, pero la Fiscalía solo requirió medida intramural para él porque, en su concepto, podría obstruir la justicia, esto basada en que habría sido él quien ordenó formatear varios computadores del Área el 28 de diciembre de 2023 con el fin de borrar información contractual y contable relevante.

La negativa al pedido ocurrió el 16 de febrero de este año, argumentando que no se acreditó lo anterior ni que hubiera peligro para la comunidad porque Palacio ya no ocupaba cargos públicos. Llegó a decir incluso el juez que este había actuado no por iniciativa propia sino bajo el influjo de otros.

El viernes, 3 de octubre, el juez inició con una disertación sobre el supuesto daño que la exposición mediática le ha hecho al proceso y en algunas ocasiones se dirigió expresamente al abogado Trespalacios haciéndolo ver como uno de los supuestos afectados.

Posteriormente dijo por qué no consideraba válido lo dicho por la Fiscalía y el abogado del AMVA, Mayer Abushihab, como sustento de que Quintero y Ortega hubieran participado en un plan para ‘torcer’ o intimidar a los testigos y tampoco que hubiera un riesgo de fuga.

Todo hacía pensar que la medida de aseguramiento estaba lejana, y de pronto empezó a manifestar su indignación con el daño que habría sufrido la sociedad debido a una contratación presuntamente amañada en la que se dice que cobraron $2.481 millones en coimas.

Fue extenso al hablar de la forma como se habrían cometido los delitos entre 2020 y 2023, direccionando nombramientos y contratos en el AMVA; mencionó las evidencias mostradas, como los chats de “Amigos” y del “grupo de trabajo sin condones”, a través de los que se habría coordinado los ingresos de personal a la entidad y el manejo de contratos al margen de los canales oficiales.

En cambio, no arropó la medida intramural para Sebastián Ortega, solicitada por el abogado del Área, Majer Abushihab. Trespalacios —y por supuesto tampoco el abogado de Ortega, Billy Torres— no objetó la determinación del juez, ya que incluso desde el alegato previo le había pedido que considerara la restricción domiciliaria como una alternativa de la cárcel.

Pero la fiscal 40 anticorrupción y el abogado Abushihab anunciaron que apelarán. De hecho ellos habían asegurado que “ni la cárcel sería suficiente, pero sí urgente”, refiriéndose a Quintero y Ortega.El juez le advirtió a Miguel Quintero que la medida era de aplicación inmediata y que debía dirigirse al domicilio que acreditó previamente, so pena de que si no lo hacía se vería abocado a generar una boleta de captura.

Mansión por cárcel

Este sábado hacia las 11:30 a.m., Miguel Quintero fue reseñado en la cárcel Bellavista y posteriormente se dirigieron con él al lugar donde cumplirá la prisión domiciliaria. Ahí radica otra parte de las críticas.Se trata de la finca de la vereda La Veta, en límites de Copacabana y Girardota, que se hizo famosa a partir de la revelación del chat de “Amigos”; sin embargo, ya desde 2021 estuvo bajo la lupa de la Fiscalía porque alguien denunció la inesperada solvencia del hermano del entonces alcalde Quintero.

Es un terreno de 2.503 m2 , contiguo a la portería de la parcelación Santana; hasta allí se sube por una loma tomando una desviación de la doble calzada Bello-Hatillo.

En papeles figura que Miguel pagó por él $100 millones en agosto de 2018, aunque hoy día el metro cuadrado en los alrededores gravita por los $200.000, es decir que valdría unos $500 millones.

Solo que Miguel Quintero levantó allí una suerte de mansión que algunos estiman de un valor superior a $4.000 millones. En los referidos chats se muestra que no le negó nada. En mayo de 2020, apenas iniciando el mandato de su hermano, Miguel les detalló a los “Amigos” cómo van las obras en su finca. Por ejemplo, dice que tenía presupuestados $80 millones para la piscina e iba en $160 millones; además de que las obras de paisajismo le valieron $30 millones cuando habían sido cotizadas en $20 millones.

“Enchapada del piso exterior, en inicio, eran 15 m, y ya me da pesar invertir en algo que me arrepienta más adelante y pierda plata, eso significa que subió a 30 m. (...). Gastándome 300 más, me queda faltando. La ventaja es que es la casa para vivir. Pero ya estoy loquito”.

Una imagen en poder de este diario, aparentemente grabada por el mismo Miguel, muestra la casa de dos plantas, los amplios jardines, parqueaderos bien acondicionados, el solarium y la piscina con jacuzzi en un extremo.

Quién sabe si alguna vez el dueño pensó que, pasada la pandemia por el covid-19 iba a estar encerrado de nuevo allá de tiempo completo.

Muchos dicen con mofa que va a tener una mansión por cárcel y señalan la paradójica sospecha de que se trate de una propiedad donde pudieran haberse invertido recursos de la presunta defraudación al erario de Medellín y el Valle de Aburrá.

“No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus ‘amiguitos’”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Lo que no se descarta que le amargue la estadía serían los reclamos de su esposa, pues justo el día en que el juez 27 Penal de Medellín le notificó el enclaustramiento fueron publicados algunos videos y chats donde se devela que este tenía otro apartamento en Medellín, como sede alterna para fiestas íntimas, con invitadas.

Apelación en segunda instancia

Este lunes se espera que el juez 27 penal de Medellín decida si concede o no la apelación anunciada por la Fiscalía y el abogado del AMVA. La audiencia está citada para las 2:00 p. m.

Si, como se espera, lo hace, será un juez de Circuito el que decida sobre la medida cautelar de casa por cárcel que se dictó contra Miguel Quintero y la libertad a Sebastián Ortega.

En teoría, la segunda instancia debe convocar a audiencia en cinco días hábiles y hacer la audiencia en otros cinco, pero la realidad es que en la ciudad el trámite suele tomar entre uno y dos meses.

Con Miguel Quintero son ya tres las personas que han sido privadas de la libertad dentro del proceso por presunta corrupción entre el AMVA y los bomberos de Itagüí. Misael Cadavid estuvo en la cárcel desde mediados de octubre de 2025 a finales de marzo pasado; salió al ser aceptado en un principio de oportunidad.

Por su parte, la funcionaria del Área María Janeth Rúa, imputada por presunto interés indebido y peculado por apropiación, tiene un preacuerdo parcial y un principio de oportunidad también parcial, y sigue tras las rejas a la espera de que un juez valore su colaboración.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué se le acusa a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín?

Se le investiga por presuntas irregularidades en la dirección y adjudicación de contratos entre el AMVA y los Bomberos Voluntarios de Itagüí entre los años 2021 y 2023.

¿Dónde cumplirá la medida de aseguramiento domiciliaria?

En una finca de más de 2.500 metros cuadrados situada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota, al norte del Valle de Aburrá.

¿Qué postura tomaron la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín ante el fallo?

La Fiscalía Anticorrupción y la defensa del AMVA anunciaron que apelarán la decisión al considerar insuficiente la prisión domiciliaria, mientras el alcalde Federico Gutiérrez cuestionó el lugar de reclusión.