Los indicios que enredan a los hermanos Quintero en el escándalo del Área Metropolitana: este martes imputan a Miguel

La pita investigativa que viene jalando la Fiscalía por el escándalo de contratación en el Área Metropolitana llegó a los hermanos Quintero. Luego de más de dos meses de incertidumbre y aplazamientos, este martes al fin se realizará una audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y otras tres nuevas personas que se vincularán al caso.

Aunque hasta que se realice la audiencia no se conocerá en detalle cuáles son las cartas de la Fiscalía —hasta el cierre de esta edición se desconocía de nuevos recursos buscando aplazamientos—, ya se da por descontado que el ente acusador pedirá que el hermano del exalcalde sea enviado a la cárcel mientras es juzgado.

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Tal como ha ocurrido con otros implicados sobre los que se ha pedido aseguramiento, la medida buscaría evitar que este eventualmente interfiriera en el proceso.

Además de representar un avance crucial para la investigación, la imputación de Miguel Quintero ha puesto sobre la mesa varias líneas investigativas que también podrían apuntar a Daniel Quintero.

Y es que si bien el exmandatario no ha sido vinculado al caso —por ahora solamente es procesado por Aguas Vivas— ya hay testimonios y material en poder de las autoridades en los que su nombre aparece mencionado.

En medio de esos avances, han sido voces como la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las que sostienen directamente que lo ocurrido con los hermanos Quintero en la capital antioqueña podría asemejarse al Carrusel de la Contratación de Bogotá, por el que fueron condenados los hermanos Samuel e Iván Moreno.

“El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron el GDO (Grupo Delincuencial Organizado) de los Hermanitos Q a Medellín”, expresó a finales de julio pasado Gutiérrez, durante una rueda de prensa en la que amplió los hallazgos que ha arrojado la auditoría forense que se realiza en la Alcaldía desde 2024 y en la que aseguró que el monto de los contratos presuntamente direccionados en el cuatrienio anterior ascendería a los $1,2 billones.

Es precisamente en medio de esas pesquisas que el mandatario distrital ha pedido con insistencia a las autoridades de Estados Unidos sumarse a las investigaciones sobre la administración anterior, alertando tener indicios que apuntarían a que dineros de Medellín habrían salido a Panamá y luego llegado a Miami.

Durante las audiencias que se han venido realizando en los últimos meses, el nombre tanto de Daniel Quintero como de Miguel ha resultado mencionado en testimonios y en material que hace parte del acervo de la Fiscalía.

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Para Miguel Quintero el panorama es más complicado, sobre todo porque su número telefónico es uno de los que aparece en un chat grupal de WhatsApp del que se ha desprendido el material más escandaloso del caso de contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos de Itagüí.

Cuando se conocieron las primeras denuncias de este caso, estando Daniel Quintero apenas en su segundo año de gobierno, todo comenzó como una denuncia anónima que llegó a manos de la Veeduría Todos por Medellín.

Este organismo de control ciudadano fue el primero en hacer públicos graves indicios de irregularidades sobre un paquete de contratos por $17.645 millones que tenía por objeto la compra de kits contra la covid-19, talleres para organismos de socorro, cursos de atención prehospitalaria, entre muchas otras tareas.

La primera figura que despertó suspicacias en el caso fue la del entonces líder de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, quien además de su condición de socorrista ha sido médico y un político de larga trayectoria en el departamento, llegando incluso a gerenciar el Hospital La María en la gobernación de Luis Pérez.

Cadavid encabezó el primer grupo de capturados y vinculados al caso, en una lista que incluía a otros exfuncionarios del Amva y los bomberos.

Si bien el caso inicialmente se centró en ese grupo, varios de los implicados, incluido el mismo Cadavid, aceptaron colaborar con la justicia y el caso fue creciendo. En octubre de 2025, se filtraron a la opinión pública chats, videos y audios en los que el nombre de Miguel Quintero apareció como el presunto articulador de esa red de contratación.

El material provenía del ya célebre grupo de WhatsApp nombrado como “Amigos”, en el que aparecían números asignados a Sebastián Ortega, Álvaro Villada y Miguel Quintero y en el que se compartían hojas de vida, mensajes alusivos a movidas en el Amva y hasta ostentaciones de lujos.

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Es con base en esas informaciones que luego el caso se amplió a otros imputados, como el exdirector del Amva, Juan David Palacio, las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, y el extesorero de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, este último quien se convirtió en el primer condenado tras aceptar su culpabilidad, colaborar con la justicia y pedir perdón.

En testimonios que hacen parte del caso, Miguel Quintero ha sido señalado de ser el poder en la sombra que daba órdenes en el Amva, pero también en otras entidades como Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Un dato que no es menor es que el exdirector Palacio fue precisamente muy cercano a Miguel Quintero cuando este fue concejal de Medellín.

En las audiencias de imputación contra Palacio, la Fiscalía hizo públicos, por ejemplo, chats en lo que presuntamente Miguel daba instrucciones asociadas a asuntos de contratación.

“Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”, decía uno de esos mensajes.

En el expediente también hay testimonios más sensibles, como el de un testigo que aseguró que la explicación de la llegada de Diana María Montoya Velilla al Amva era por ser compañera sentimental de Miguel Quintero y que este, a su vez, tenía presuntamente a varias personas de confianza acomodadas en otras entidades del conglomerado público.

En otro testimonio en poder de la Fiscalía se ha señalado que Miguel se beneficiaba presuntamente de un sistema en el que se cobraba 20% de comisión en cada contrato que se firmaba en el Amva. “10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, expresó un testigo.

En el mismo chat de “Amigos” a las autoridades les ha llamado la atención la presencia de fotos de Miguel Quintero cenando en restaurantes de lujo en Cartagena, ciudad en la que, según un testimonio que dio a conocer la Alcaldía en su auditoría forense de 2024, habrían tenido lugar reuniones en las que se discutió la venta de Afinia a un grupo político.

Es por cuenta precisamente de la mención de Miguel en tantos casos que una de las hipótesis que investiga la Fiscalía, con base también en menciones de testigos, es si el exalcalde Daniel Quintero tuvo conocimiento de todas esas movidas y si habría también tenido algún conocimiento o incidencia en la denunciada venta de Afinia, que se habría transado por US$ 8 millones.

Además de Miguel Quintero, en la audiencia de este martes a las 2 p.m. se espera que la Fiscalía le impute cargos a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del Amva y exsecretaria de Medio Ambiente en el pasado cuatrienio.