Otra más: confirman sanción por 8 años para la exsecretaria de Educación de Daniel Quintero, Alexandra Agudelo
A pesar de tener un fallo de primer instancia desde el 2023, Agudelo había seguido contratando pero lejos de Medellín.
En días recientes, la Procuraduría General de la Nación, en un fallo de segunda instancia, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante ocho años a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz.
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Con esto, Agudelo, que a pesar de ya tener un fallo de primera instancia había seguido contratando con el Estado, pero esta vez en el departamento del Cesar, se suma a la lista de los alfiles más cercanos de Quintero que reciben duras sanciones por parte de la Procuraduría. Hace dos semanas, la entidad inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez.
La sanción de primera instancia (que fue apelada por Agudelo) había sido emitida el pasado 31 de octubre del 2023 por irregularidades en el proceso contractual 4600085185 de 2020, suscrito para la atención integral a la primera infancia y a mujeres gestantes y lactantes, en la modalidad Entorno Familiar de Buen Comienzo.
Hay que recordar que Agudelo fue una de las secretarias que más duró en el gabinete de Quintero y estuvo a cargo de la cartera de educación entre el comienzo del gobierno en enero del 2020 hasta el 21 de febrero del 2023, cuando renunció para evadir una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, impuesta tras la imputación que le hizo la Fiscalía por presunta corrupción en el mismo contrato de Buen Comienzo y en otro de alimentación escolar, ambos adjudicados a la corporación Colombia Avanza.
Para la Procuraduría, Agudelo permitió la selección directa para contratar por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión al contratista Colombia Avanza, cuando las actividades incluidas en el contrato no corresponden a esta modalidad, lo que implicaba una licitación pública, con varios oferentes, para elegir la propuesta más conveniente para la Alcaldía.
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El Ministerio Público considera que no podría ser prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión porque incluía entregar paquetes, bonos y complementos alimentarios; contratar personal y logística para eventos, con sonido, tarima, carpas, silletería, mesas y medios audiovisuales; y tener transporte y bodega.
Tras evaluar pruebas y testimonios, la Procuraduría declaró a Agudelo responsable disciplinariamente de una falta “calificada como gravísima cometida a título de culpa gravísima”, en tanto que habría estado enterada de todo el proceso precontractual con Colombia Avanza, pues pertenecía al comité interno de planeación de la Secretaría, que definía temas como la modalidad de contratación.
Aunque la defensa de Agudelo alegó que ella no asistía a todos los comités y que era el personal jurídico de la Secretaría quienes tomaban esas decisiones, declaraciones de personas de su mismo equipo demostraron que en efecto la secretaria sí estuvo al tanto de todo el proceso y lo conocía con detalle.
Por ese mismo contrato y los presuntos hechos de corrupción a su al rededor que los habrían costado a la ciudad cerca de $2.333 millones, Agudelo y los contratistas de Colombia Avanza también le están respondiendo a la Fiscalía.
De acuerdo con esa entidad, en el desarrollo del contrato se habrían dado presuntas irregularidades como la sobre estimación del presupuesto, la contratación irregular de personal, así como el pago de gastos no justificados.
Por ello los tres imputados (Agudelo; Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo y Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza) enfrentan procesos con la justicia por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
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Siguió contratando
A pesar de ya tener el fallo de primera instancia, Agudelo había aprovechado la apelación para seguir contratando en el sector público, pero esta vez lejos de Medellín, en el departamento del Cesar.
Allí, Agudelo firmó por lo menos cinco contratos por valor de $59 millones, y comprenden fechas que van desde el 2 de mayo de 2024 hasta uno firmado en febrero pasado y que todavía está en ejecución.
La vinculación contractual de Agudelo vino por cuenta principalmente de dos entidades: la Alcaldía del municipio de La Gloria y la Alcaldía del municipio de San Diego.
En el caso de La Gloria, el primer contrato aparece identificado como el 131 de 2024 y en su objeto reseñó una vinculación por prestación de servicios profesionales como psicóloga para los casos que deba atender la comisaría de familia de ese municipio en zona rural.
También en 2024 comenzó la vinculación de Agudelo con el municipio de San Diego, en donde firmó un contrato el 7 de mayo de ese año con el objeto de prestar servicios profesionales para fortalecer el programa de calidad, cobertura y fomento a la educación.
Este contrato, identificado como el 106 de 2024, tuvo un valor de $10,5 millones y un plazo de ejecución de tres meses.
El 16 de octubre de 2024 el nombre de Agudelo aparece en otro contrato, esta vez con el objeto de prestar servicios profesionales para apoyar el diseño y la implementación de políticas públicas para juventudes.
Este contempló un valor de $7 millones y un plazo de ejecución de dos meses.
El último contrato que aparece en los registros fue firmado el 13 de febrero de este año, por un valor de $17,5 millones y un plazo de ejecución de cinco meses, también con el objeto de fortalecer el programa de calidad, cobertura y fomento a la educación.
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