¿Muy tarde? Sancionan a exfuncionarias de la EDU por irregularidades en 2021
La Directora de Gestión Humana y una profesional fueron suspendidas por la Personería Distrital al comprobarse el incumplimiento de requisitos de experiencia en un proceso de contratación.
La Personería Distrital de Medellín emitió un fallo disciplinario en primera instancia en contra de dos trabajadoras oficiales de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por hechos que se remontan al proceso de vinculación laboral en el año 2021.
La decisión se tomó porque se violaron normas y requisitos en la contratación de un cargo de nivel profesional. El ente de control aplicó las sanciones al establecer que la actuación de las implicadas “contravino directamente los principios de legalidad, mérito y transparencia en el acceso a la función pública”.
El proceso sancionatorio se dirigió contra Tatiana María Areiza Paniagua, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Directora Administrativa y de Gestión Humana de la EDU.
La Personería determinó que Areiza Paniagua incurrió en la omisión de verificar los requisitos de experiencia que eran exigidos para la contratación del cargo profesional. Por esta falta, le fue impuesta una sanción de suspensión del cargo por el término de cinco (5) meses.
La segunda sancionada es Lorena Álvarez Naranjo, quien fue vinculada como Profesional B de la EDU. Álvarez Naranjo suscribió el contrato sin cumplir con el requisito de la experiencia mínima exigida, pues la experiencia que acreditó no correspondía con lo estipulado en el manual específico de funciones del cargo. En consecuencia, se le aplicó una sanción de suspensión del cargo por el término de tres (3) meses.
Este caso de contratación irregular en 2021 se suma a la cascada de denuncias e investigaciones que han puesto el foco sobre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), una de las entidades más cuestionadas durante la administración anterior.
El panorama financiero que quedó en la EDU al término de dicho gobierno era desolador, con un déficit de caja proyectado de $14.400 millones.
Las investigaciones en curso involucran a otros exfuncionarios de alto nivel. Entre ellos se encuentra Wilder Willer Echavarría Arango, exgerente de la EDU, quien está investigado por el contrato de la construcción del centro intergeneracional Moscú (2020), que originalmente valía $436 millones, pero terminó costando más del doble ($1.542 millones) gracias a dos adiciones en valor y cinco ampliaciones en el tiempo que sumaron 259 días extra.
Echavarría fue, precisamente, el gerente que en 2021 modificó el manual de contratación para aumentar en un 1.900% el tope permitido para la adjudicación de contratos directos.
A este complejo escenario también se suma la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría contra María Antonia Sánchez Rave, exgerente de la EDU y considerada una ficha clave del quinterismo.
La investigación se centra en posibles irregularidades en los contratos de 2023 para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de establecimientos educativos en varias comunas. Según denuncias de la gerencia actual, contratos firmados bajo Sánchez Rave no contenían cláusulas penales, lo que redujo el margen de maniobra de la EDU para exigir resarcimientos por incumplimientos o retrasos, como ocurrió en un contrato de $9.678 millones en febrero de 2023. Para ese entonces, el estado de la infraestructura educativa era crítico, con un retraso general de por lo menos el 77% en los mantenimientos y reformas financiadas por la ciudad a inicios de 2024.
Finalmente, la Personería también adelanta una indagación preliminar por presunta usurpación de un cargo contra otra exgerente, Margarita Contreras, quien supuestamente intentó impulsar ampliaciones y adiciones contractuales, como la de las obras en la Cuarta Brigada ($17.000 millones más $3.000 millones en adiciones), después de haber dejado su puesto a principios de 2024.