¿Hay interés indebido de secretaria de la Alcaldía al modificar programa de vivienda para funcionarios?

Íngrid Vanessa González, la secretaria de Recursos Humanos del Distrito, redactó con su equipo un proyecto de acuerdo para modificar las condiciones en las que les prestan plata a funcionarios y jubilados de la administración con el fin de que se hagan a una vivienda propia.

El texto estaba en etapa de socialización y tiene programado para hoy en la tarde su primer debate en el Concejo. La suspicacia alrededor del tema está en que beneficiaría a la propia González, es decir que, según conocedores, ella podría incurrir en un conflicto de intereses, conducta que el código de los servidores públicos castiga con multa de hasta 100 salarios mínimos e inhabilidad de 1 a 20 años para ejercer empleos públicos o contratar con el Estado. Por un caso que encajaba bajo este tipo ya hay concejales de la ciudad que perdieron la investidura.

No sería la primera controversia de esta índole en que se ve inmersa la secretaria, quien en abril del año pasado estuvo en la palestra por aprobar para sí misma un subsidio pagado con fondos del erario para un curso de inglés, con costo de $5,7 millones.

El 17 de mayo en una socialización en el Concejo del proyecto de acuerdo 136 de 2023 “por el cual se definen las políticas generales y el marco de actuación del programa de vivienda del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, González destacó que las modificaciones que ahora se proponen son producto de una negociación hecha con las asociaciones sindicales del Municipio en 2022. Lo que no contó allí es que ella misma ha sido beneficiaria del préstamo institucional y, por lo tanto, terminaría sacando provecho de algunas determinaciones que tome la Corporación para este caso.

Si los concejales aceptan subir de $235 millones a $299 millones el monto para compra de vivienda, como está propuesto, no afectaría para bien ni para mal a González, que ya tiene definida la cantidad de su beneficio, pero sí la modificación del artículo 34 del reglamento actual (acuerdo 07 de 2016), que obliga a que los empréstitos sean exclusivamente para vivienda de los empleados públicos y sus familias, so pena de que si no habitan el inmueble hasta que lo terminen de pagar les pueden exigir el pago inmediato de toda la deuda. El Acuerdo 136 eliminaría esa condición.

Otro artículo haría todavía más dadivoso el crédito de vivienda municipal de lo que es hasta hoy, pues rebaja su tasa de interés de 2,5% por año a solo el 2%, teniendo en cuenta que en promedio el interés en la banca comercial ronda el 15%.

El préstamo aprobado a la secretaria González es por $204 millones, de acuerdo con información que le entregó el Distrito al concejal Alfredo Ramos en un derecho de petición.

“Con base en esas negociaciones, revisamos y creemos conveniente que no sea exigible al servidor habitar la vivienda —dijo la funcionaria en el Concejo— por temas muchas veces de seguridad, de salud y de un sinnúmero de situaciones que se les presentan a diario a los servidores y que les dificultan estar en el inmueble”.

Añadió que obligar a un funcionario a que esté en una vivienda hasta 25 años (tiempo máximo del crédito) va contra las tendencias del mercado y las dinámicas sociales, y citó ejemplos como el de quien se separa y prefiere dejar a su familia habitando el inmueble para el cual le dieron el beneficio o el que se lo quiera dejar a un hijo.

El concejal Julio González (C. Democrático) llamó la atención de que no es necesario modificar la norma porque el artículo 34 ya contempla excepciones a la exigencia de habitabilidad de la vivienda.

Ramos, por su parte, advirtió que si la modificación prospera, se desnaturalizaría la intención de buscar que los funcionarios tengan vivienda digna y se abriría una puerta para que inescrupulosos tomen ventaja, en desmedro de quienes hacen la solicitud y no se les aprueba por la limitación de recursos.

El concejal Babinton Darío Flórez (P. Conservador), quien no asistió a esa socialización, adoptó la conducta que tal vez debió seguir la secretaria González, pues se declaró impedido para opinar y votar sobre el 136por un detalle: su hermana, Lina Andrea Flórez, está vinculada en provisionalidad con la Secretaría de Educación y, por tanto, puede eventualmente ser beneficiaria del crédito para vivienda.

En esta administración, 1.244 funcionarios han accedido a techo propio con la colaboración del Distrito, en tanto que hay 93 solicitudes por aprobar y 245 que fueron rechazadas.

En el listado de los de libre nombramiento y remoción, que saborean las mieles de un crédito en condiciones tan favorables como no se los otorgarían en ninguna otra parte, hay varios secretarios, subsecretarios y líderes de programa.

Diana Ramírez es la hermana de Juan Pablo Ramírez, el gran amigo del alcalde Quintero que ha sido secretario de Participación, de Inclusión Social y de Gobierno; ella recibió un crédito de vivienda del Distrito por $204 millones que está legalizando.

Varios ya no tienen nada que ver oficialmente con el Distrito y podrán seguir con la gabela. Por ejemplo, Alethia Arango se paseó por varias subsecretarías antes de irse en mayo último a la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres, en Bogotá y, por obvias razones, no podría habitar la vivienda que se supone compró con el crédito de $204 millones que le aprobaron el 7 de octubre pasado.

Como gerente de Movilidad Humana de la Secretaría de Movilidad, a Daniela Cardona le desembolsaron en mayo pasado otros $204 millones para un apartamento, aunque desde octubre del año pasado se fue para la administración de Itagüí, donde es secretaria de Vivienda y Hábitat.

Los 204 millones que le aprobaron a Íngrid González en octubre de 2022 figuran en proceso de legalización y cuando se discutió el tema, lo debido habría sido que por lo menos pusiera esa circunstancia sobre la mesa. Hoy probablemente la discusión de fondo sobre el Acuerdo 136 será delegada mientras que la funcionaria explica su situación particular y por qué, en su opinión, está libre de un interés indebido, como se lo aseguró a EL COLOMBIANO.

“No estuve en el comité que aprobó mi crédito ni tengo impedimento”: Íngrid González

¿Ser beneficiaria del programa de vivienda no le genera inhabilidad o impedimento ético para proponer cambios que a la larga la beneficiarán?

Para nada, porque el proyecto de acuerdo viene de unos acuerdos con los gremios sindicales de la Alcaldía. Esto no es una petición mía ni de mi secretaría. Además, eso no me beneficia a mí en absolutamente nada.

¿No se beneficia de la baja de intereses o de quitar el requisito de que el funcionario viva en el inmueble?

Es una petición firmada por todos los sindicatos y beneficia a 5.400 servidores.

Ya hubo un concejal que pidió que se le aceptara declararse impedido porque una hermana es empleada del Municipio.

Las competencias para decidir sobre la aprobación o no de Acuerdos Distritales, como es el caso por el cual se consulta, corresponden exclusivamente a los concejales, por lo cual es claro y evidente que nadie más que aquellos pueden incidir en la decisión sobre estos temas. Como secretaria de Despacho no participo en la aprobación del Acuerdo 136. Y en aras de evitar suspicacias aclaro que hsta ahora he participado en espacios de socialización ante el Concejo, sin que en ellos se hayan tomado decisiones definitivas de aprobación o rechazo. Por todo lo anterior no es dable inferir ningún tipo de causal de impedimento en este caso.

¿Puede probar que usted y/o su subalterno no participaron en el comité donde se decidió el crédito a su favor?

No hice parte de ese comité, en mi representación asistió la subsecretaria de Gestión Humana, quien por competencias es integrante natural, pero se apartó a la hora de decidir sobre mi crédito, tal como consta en la respectiva acta.