¿Qué hacían ediles pidiendo entradas gratis para el Parque Norte en Medellín?

Una gestión para buscar pases de entrada gratis al Parque Norte suscitó una denuncia por parte de una veeduría contra una edil de San Antonio de Prado, pues afirman que las entradas tenían como destino no a los miembros de la comunidad en general sino en particular a los integrantes de una iglesia a la que asiste la líder comunitaria.

La queja fue interpuesta por la Veeduría Medellín Avanza, cuyo representante legal es Daniel Esteban Salazar, quien en el pasado reciente ha documentado hechos presuntamente irregulares como la supuesta “vaca” que estaba haciendo el exalcalde Daniel Quintero para pagar su defensa, o la presunta omisión de la exsecretaria de Gobierno durante el periodo anterior en la Alcaldía, María Camila Villamizar, al no publicar sus declaraciones de renta de 2019 y 2020. Pero igualmente ha encabezado denuncias como la hecha por el inusitado aumento del predial en Prado en el año 2023 o el incumplimiento en las obras de remozamiento de la cancha Cuatro Vientos, en el sector de Los Colores.

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Resulta que fue la misma veeduría en cabeza de Salazar la que radicó una queja a mediados de agosto pasado, que sin embargo ha permanecido inédita, contra varios integrantes de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado por lo que considera un hecho que habría servido a intereses particulares con recursos de la administración de Medellín.

Según el texto enviado a la Procuraduría, Personería, Contraloría y Fiscalía, e incluso a la ASI y el Partido Liberal, se podrían haber cometido conductas punibles como el uso indebido de bienes públicos, falsedad ideológica en documento público, supresión u ocultamiento de correos institucionales y conflicto de intereses.

Salazar realizó varios derechos de petición para conocer las solicitudes que se hicieron desde la JAL de San Antonio de Prado a Metroparques en búsqueda de entradas gratuitas al Parque Norte.

Así se habría determinado que en una primera ocasión, la entidad que administra los parques de la capital antioqueña aprobó un pedido hecho el 9 de agosto de 2024 por 30 pases para ser utilizados entre el sábado 17 de agosto y el domingo 18 de esa misma anualidad.

Posteriormente hubo otra solicitud, aceptada, para el ingreso de 40 personas al mismo escenario recreativo, durante el 28 de septiembre de 2024.

“El objetivo es que estos jóvenes de nuestro corregimiento tengan esta hermosa experiencia y la oportunidad de explorar diferentes atracciones de este maravilloso parque. Es de anotar que estos jóvenes nunca han tenido la oportunidad del ingreso al Parque Norte; sin duda alguna esta será una gran oportunidad para que los chicos tengan un día muy divertido”, decía la carta firmada por Lina Marcela Restrepo Puerta como secretaria y el presidente, Alejandro Patiño, con destino a Metroparques.

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Luego, el 16 de noviembre de ese mismo año, el presidente Patiño, el vicepresidente, Danilo Bustamante, y la secretaria Restrepo hicieron otra solicitud que les fue aprobada para 80 pases también para el Parque Norte. Se suponía que debían ser utilizados el 11 de diciembre siguiente, “con el fin de llevar a niños de veredas y hacerles una despedida de año” y relacionaba que el responsable de la actividad sería el líder social Edwin Martínez.

Este último nombre es clave, pues de acuerdo con Salazar, Martínez tendría un puesto de preeminencia a nivel local en la iglesia Pentecostal de Colombia, la misma a la que, según el veedor, pertenece la señora Restrepo.

Es importante señalar que cada “brazalete mágico” que da derecho a ingresar al Parque Norte y disfrutar de diez atracciones tiene un costo unitario de $37.000, lo que quiere decir que el valor total de los 150 pases entregados serían unos $5.500.000.

¿Firma falsa en documentos?

Otros detalles complican más el asunto, pues según el texto de la denuncia, en una sesión de la JAL del 15 de agosto de 2025 el edil Bustamante, quien a esas alturas ya no era vicepresidente, dijo no haber firmado ni autorizado y ni siquiera conocido las solicitudes por lo cual la conclusión fue que su firma había sido usada sin su consentimiento.

Ante esto, la edil Restrepo habría indicado que se trató de una gestión del anterior presidente, Alejandro Patiño.

Pero adicionalmente, la actual presidenta de esta JAL, Luisa María Sepúlveda, indicó en la misma oportunidad que al revisar el correo institucional solo halló un mensaje relacionado con el tema, “por lo que se presume la eliminación de mensajes enviados/recibidos durante 2024”.

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“Al revisar el documento veo que mi firma la tomaron de un pantallazo y la pegaron. Y existe una resolución de la Corporación que dice que las firmas de los ediles deben ser a puño y letra; esto debido a una falsificación que ocurrió en el periodo anterior”, apuntó Bustamante, quien reiteró que en ninguna de las sesiones a las que él había asistido, aunque faltó a tres por enfermedad, se habló de pedir esos pases.

“Me la tiene montada”

Al ser consultada al respecto por EL COLOMBIANO, la edil Lina Marcela Restrepo aseguró que hasta ahora no ha sido llamada por ningún ente judicial, disciplinario o fiscal a dar explicaciones sobre el tema y defendió que Salazar no tiene evidencia de que se hubieran cometido actos ilícitos. Adujo que, de hecho, no los hubo y que el punto de partida es que cualquier persona hubiera podido hacer la petición.

Adicionalmente, defendió que esta gestión fue aprobada por los miembros de la junta y que no es cierto que se haya beneficiado de manera expresa a una congregación religiosa.

“Si bien yo soy cristiana, represento a toda la comunidad, no quiere decir que solo trabaje para las iglesias evangélicas. Llevo diez años como lideresa y en la JAL desde 2024”, dijo.

Según ella, la denuncia tiene un trasfondo político y se trataría de una persecución de Salazar contra ella, debido a que él fue candidato a la misma JAL y no pasó. Pero además porque en su momento había una propuesta de coalición con la pareja de este veedor y tampoco se concretó.

Una queja similar dio Bustamante, según el cual Salazar estaría usando la veeduría para dar salida a sus diferencias políticas, pues milita en el Centro Democrático mientras que él es liberal. “Me la tiene montada. Me hacen calumnias y desinforman a la comunidad”, apuntó Restrepo.

Por su parte, Salazar aceptó que Luisa María Sepúlveda, la actual presidenta de la JAL, es la mejor amiga de la pareja de él pero adujo que en su rol de veedor ha denunciado hasta a personas de su mismo partido, el Centro Democrático.

EL COLOMBIANO consultó igualmente al secretario de Participación Ciudadana de Medellín, Camilo Cano, quien manifestó no conocer nada acerca de este asunto. Sin embargo, sí dio a conocer que la junta de San Antonio de Prado ha sido escenario de conflictos y de hecho tuvieron varias mesas directivas en el último año.