Testigo del caso zonas verdes del gobierno Quintero: “funcionarias llamaron al Jardín Botánico a pedir contratos”

El tema de las posibles presiones sobre el Jardín Botánico de Medellín para que engancharan a personas cercanas al círculo de la Alcaldía de Daniel Quintero como condición para asignarle a esa entidad el contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad estuvo lejos de ser un secreto en su momento.

Es más, el propio delegado directo del alcalde Daniel Quintero en la junta del Jardín Joaquín Antonio Uribe, que en ese entonces era el controvertido Jhonatan Villada, habría tenido conocimiento de la situación y sin embargo no tomó cartas en el asunto. Si se lo informó a su jefe o no, probablemente sea motivo para llamarlo a declarar dentro del proceso penal que actualmente hay abierto al respecto.

Ayer miércoles se conocieron detalles acerca de ese asunto, en la continuación de la audiencia de juicio oral del caso de presunta corrupción conocido como Zonas Verdes.

En este proceso la justicia está investigando a la exsecretaria de Infraestructura Física del Distrito, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano; y a la representante legal de la firma Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao. Los cargos son presunta contratación sin llenar requisitos legales e interés indebido en la contratación para el mantenimiento de los separadores viales y las zonas verdes de la capital antioqueña entre los años 2020 y 2021.

Ese objeto contractual fue una función que por muchos años había estado en cabeza del Jardín Botánico de la ciudad, primero por su experticia pero además como una manera de ayudarlo a financiarse. No obstante, en 2020, tras la llegada de Quintero al poder local, le recortaron los recursos presuntamente para favorecer a una firma que comulgaba con sus intereses, según la Fiscalía.

El contrato inicial iba a ser de $12.000 millones, pero lo fraccionaron en uno de $7.000 millones para el Jardín y otro por $5.000 millones para Metroparques a través de un convenio interadministrativo, que a su vez subcontrató con Reforestadora El Líbano.

Este asunto tomó especial relevancia porque en ese periodo, que coincide con la pandemia por el covid-19, muchas áreas verdes de la capital antioqueña sucumbieron al abandono. Adicionalmente, dentro del proceso se ha revelado una posible cartelización alrededor de ese segundo contrato, pues dos firmas que aparentemente eran competidoras de Reforestadora El Líbano en realidad tenían vasos comunicantes con ella y habría ocurrido un acuerdo para definir previamente al ganador.

Dos testigos al estrado

La diligencia de este miércoles 15 de julio era para que tres testigos dieran sus versiones: la exsecretaria (e) de Medio Ambiente, Sandra Yulieth Muñoz; el director de Paisajismo del Jardín Botánico, Germán Adolfo Restrepo, y Mónica Patricia Ospina, la abogada encargada de diseñar la convocatoria para esa contratación privada.

Sin embargo, solo los dos primeros pudieron rendir interrogatorio, pues después del receso del mediodía no se presentó el abogado de Eliana Henao y se tuvo que suspender la diligencia.

Ese fue el motivo para que el juez 10 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento advirtiera que si el jurista no presenta una excusa válida compulsará copias a la Judicatura para que se le investigue y eventualmente afronte medidas disciplinarias.

En el interrogatorio, Sandra Muñoz contó que entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de 2020 asistió a la junta directiva del Jardín Botánico en cuatro ocasiones, pues en ese órgano tienen asiento un representante del alcalde y otro por la Secretaría de Medio Ambiente, a la que ella estaba asignada de forma temporal ante una licencia de la titular.

Y fue allí donde, según el testimonio, la directora del Jardín, Claudia García, manifestó que recibió dos llamadas —de la subsecretaria de Infraestructura, Jenifer Quiceno y de una funcionaria llamada Astrid Barrera— solicitando que se hiciera una contratación.

“La directora manifestó que ella se negó a la solicitud y también que posteriormente a esa llamada se obtuvo una adjudicación de la Secretaría de Infraestructura, donde les informaban de una reducción del contrato”, dijo Muñoz.

Inicialmente les habían planteado elaborar una propuesta por $12.000 millones y ahora les dijeron que solo había 7.000 millones.

En declaraciones dentro de este proceso, García relató antes que unas dos horas después de una de las llamadas, el 11 de mayo de 2020, recibió una comunicación de la supervisora del mencionado contrato preguntándole qué le había dicho la subsecretaria y luego le habría asegurado que había un malentendido sobre lo que realmente le estaban pidiendo.

“Me dijo que a mí me faltaba experiencia, que esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato”, afirmó García, según declaraciones que obran en el expediente.

García ripostó que lo que le estaban pidiendo “es un delito en este país”, siendo tajante en que no iba a ceder. Por ello, asumió que la reducción en el monto del contrato fue consecuencia de la negativa a las pretensiones burocráticas.

La mención inicial que Muñoz escuchó del tema habría sido en agosto de 2020, en la primera junta a la que asistía y junto con la secretaria de Cultura, Lina Gaviria (que en esa cita actuaba en nombre del exalcalde Quintero), se opuso a que el incidente de las llamadas se conservara en las actas, a menos que se tuvieran pruebas y se pusieran en conocimiento de una autoridad competente, por tratarse de un posible delito.

Ello conllevó a que el asunto siguiera rondando en la sesión de septiembre y que esa memoria de junta solo fuera aprobada en octubre, pero de forma parcial, y consignando las salvedades expresadas. No obstante, no se hizo ninguna queja ante entes de tipo penal ni disciplinario.

De acuerdo con la testigo, la junta la designó para que buscara un acercamiento entre las partes y se hizo una reunión, pero además ella misma le preguntó por el incidente a la secretaria Urrego, hoy acusada.

“La secre Natalia nos confirmó que no tenía información de lo sucedido y que iba a hacer las averiguaciones respectivas con sus funcionarias”, dijo este miércoles Muñoz.

La respuesta fue que esa no era la solicitud que ellas habían hecho, sino que se habían referido a cambios en los perfiles del personal a contratar.

Luego, también en noviembre se habló del asunto, cuando la delegación del alcalde Quintero había cambiado de Lina Gaviria al recién posesionado Secretario General Jhonatan Villada.

No hay que olvidar que Villada fue una persona muy cercana a Quintero y este lo mantuvo en ese cargo hasta septiembre de 2021 cuando saltó al puesto de Vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, con un salario superior a $31 millones. Pero antes de eso lideró los cambios de estatutos en varias dependencias de la administración y empresas del conglomerado distrital para permitir contrataciones de más valor sin autorización de las respectivas juntas.

La versión de Sandra Muñoz fue corroborada, a su turno, por el segundo testigo, Germán Restrepo, quien ante una pregunta aclaró que en las contrataciones con la Alcaldía lo usual era que la corroboración de que el personal contratado cumpliera con los perfiles se hiciera de forma posterior y no antes de la firma del contrato con el Jardín, pues el trámite de vinculación es un proceso que realizan la división de Talento Humano de este, como entidad privada, con acompañamiento de su oficina jurídica.

Restrepo indicó que no le hizo seguimiento a la manera como Reforestadora El Líbano cumplió su contrato, aunque dio a entender que se trataba de una firma hasta entonces desconocida para él, a pesar de sus muchos años de trabajar la silvicultura en esta plaza.

Igualmente mencionó que muchos jardineros, técnicos y profesionales fueron contratados por esa empresa y que llegó a recibir razón de que había trabajadores en las vías, que no eran del Jardín, usando sus uniformes distintivos.

En el contrainterrogatorio, el abogado de la exsecretaria Urrego condujo sus preguntas hasta que los testigos confirmaran que la exsecretaria Urrego no había sido autora de ninguna de las llamadas referidas y que siempre les habían dado a entender que la disminución en el dinero asignado para que el Jardín actuara sobre las zonas verdes obedecía a la “situación actual”, un eufemismo para referirse a la pandemia.

En ese apartado además, el delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa, le pidió precisar cuál fue la intervención de Villada y esta reiteró que él estuvo en la junta de noviembre de 2020, donde la carta con las objeciones de ella y Lina Gaviria había sido ventilada. Si el rol del Secretario General es atajar “goles” legales que afecten a la Alcaldía o a quien la representa –el alcalde–, la pregunta obvia es si lo conversó con él de este tema y por qué no se vio ninguna intervención del mandatario ante las denuncias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los exfuncionarios judicializados en el caso de corrupción de las Zonas Verdes en Medellín?

En este proceso penal, la justicia investiga a Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura Física del Distrito; a Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques; y a Luz Eliana Henao, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano.

¿De qué delitos se acusa a los implicados en el contrato de mantenimiento de zonas verdes?

Los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación son presunta contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos para el mantenimiento de los separadores viales y áreas verdes de la ciudad entre 2020 y 2021.

¿Cómo se fraccionó el contrato de $12.000 millones que inicialmente era para el Jardín Botánico?

El contrato original se dividió en dos partes: $7.000 millones se asignaron directamente al Jardín Botánico y los $5.000 millones restantes se trasladaron a Metroparques mediante un convenio interadministrativo, entidad que a su vez subcontrató de forma privada a la firma Reforestadora El Líbano.