Mujeres rurales, las más golpeadas por la desigualdad en Colombia

Gloria Vásquez, de 61 años, describe la realidad de una mujer campesina a quien la vida no se la ha puesto fácil: “Yo no tengo nada, solo mis manitos para trabajar y no más”. Todos los jueves recolecta mora y los otros días de la semana poda. Lleva 20 años viviendo en la misma casa, los mismos que ha trabajado el campo para que su hija pueda estudiar.

Como Gloria, muchas de las mujeres rurales en Colombia viven en situaciones de vulnerabilidad, una realidad que se vio reflejada en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre pobreza monetaria, ya que, aunque esta se redujo en el año 2020 y los efectos de la pandemia no se vieron tanto en el campo (42,9 %, 4,6 puntos porcentuales menos frente a 2019) como en las ciudades (42,4 %, 10,1 puntos porcentuales más frente a 2019), la incidencia de la pobreza rural siguió siendo mayor para las mujeres. (Ver gráfico).

Feminización de la pobreza

Las mujeres rurales en América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), representan el 20 % de la fuerza laboral agrícola. Sin embargo, la situación de las asalariadas con residencia rural y con trabajo agrario tradicional sería la de mayor vulnerabilidad.

Así, el problema no es solo por la condición de trabajadoras inestables con menor protección social que los hombres, sino también porque su residencia rural agrava las condiciones de vida. La falta de infraestructura de caminos, escuelas, salud y conectividad son carencias a las que están expuestas las mujeres rurales permanentemente.

“La desigualdad económica que afecta más a las mujeres que a los hombres, y más a las mujeres rurales, es fundamental para entender lo que se llama la feminización de la pobreza. Las mujeres rurales, que son aproximadamente 5.700.000, presentan, por ejemplo, peores indicadores en el mercado de trabajo que sus pares urbanas”, indicaron las investigadoras Sandra Balanta Cobo y Natalia Escobar Váquiro, del Observatorio de Equidad de las Mujeres (OEM) de la Universidad ICESI de Cali.

Según las investigadoras, la tasa de ocupación previa a la pandemia de covid-19 era del 31,4 % para las mujeres rurales y 71,9 % para los hombres rurales, mientras que las mujeres urbanas tenían una tasa de ocupación del 48,7 % y los hombres urbanos una tasa del 66,6 %, datos que muestran no solo la brecha entre hombres y mujeres rurales, sino también entre mujeres rurales y urbanas.

Y este panorama se ha agudizado con la emergencia sanitaria. Según el Dane, en el primer trimestre de este año la participación de las mujeres que habitan zonas rurales en el mercado laboral fue menor en comparación con los hombres rurales: la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales fue de 15,8 %, frente al 5,4 % de los hombres, lo que significó una brecha de -10,4 puntos porcentuales.

Las barreras

Gloria vive en Buenos Aires, una vereda ubicada en la parte alta del municipio de San Jerónimo (Occidente antioqueño), su hija de 20 años está en la universidad, gracias a una beca que se ganó, y aunque desde hace años se dedica a trabajar en cultivos de mora, dice no poder sembrar en su casa porque no tiene ni la tierra suficiente ni los recursos económicos para comprar insumos: “Yo tengo unas maticas ahí, pero eso no produce bien porque hay mucha plaga y no tengo para comprar productos porque lo que gano es para mi hija”, dice.

Esta situación refleja algunas de las limitaciones que viven muchas mujeres campesinas. Según la FAO, las mujeres que se dedican a la agricultura suelen tener un menor acceso que los hombres a recursos y servicios, en particular a tierras, finanzas, capacitación, insumos y equipo.

De acuerdo con esto, Walquiria Pérez, representante país de Swissaid Colombia, organización internacional de cooperación al desarrollo, expresó que el limitado acceso a la tierra por parte de las mujeres rurales es una de las mayores dificultades que enfrenta el campo colombiano.

“Lo ideal sería que las mujeres pudieran disponer de más tierra para tener sus cultivos. Por lo general, estas no deciden qué quieren sembrar en su parcela, porque lo suelen hacer los hombres. Si bien se han realizado ejercicios que han permitido avances, aún hay varios limitantes para que las mujeres tengan un espacio amplio de producción: primero, lograr un empoderamiento frente a la toma de decisiones con los hombres, algo que es difícil en nuestra cultura y, segundo, los decretos que hay a nivel de política de mujer rural deben ser mucho más expeditos para que las mujeres realmente puedan acceder al fondo de tierras”, añade Pérez.

Por su parte, para Juliana Cepeda, doctora en agroecología de la Universidad Nacional, el escenario del campo todavía es “bastante inequitativo”: “Por ejemplo, en muchos casos en los que trabaja toda la familia, quien recibe, administra y decide en qué se invierte el dinero es el hombre, no la mujer”, expresa.

Este panorama también se evidenció en el diagnóstico realizado por el Ministerio de Agricultura en 2020, el cual arrojó que en el país hay 1,9 millones de unidades de producción agropecuarias (UPA) de personas naturales en el área rural y, dentro de estas, los hombres toman las decisiones de producción en el 61,4 % de ellas, en comparación con un 38,6 % donde las decisiones se toman ya sea únicamente por las mujeres o en conjunto entre hombres y mujeres.

Carencias y sobrecargas

Gloria debe caminar por tres o más horas para ir al centro de salud más cercano porque no tiene recursos para pagar un transporte y porque cuando los hay, según ella, el mal estado de las vías no lo permiten.

Otra de sus preocupaciones es su casa. En diez años, dice, no ha sido posible hacerle ningún arreglo a esta, que está en obra negra.

De acuerdo con el informe “Mujeres Rurales en Colombia”, realizado por el Dane en 2020, las deficiencias en la vivienda son más recurrentes en hogares con jefatura femenina ubicados en zonas rurales (82 % de estos hogares están en déficit habitacional), que en hogares con jefatura masculina en zonas rurales (80,5 %) y hogares con jefatura femenina en zonas urbanas (25,1 %). Esto estaría estrechamente relacionado con el bajo acceso de los hogares rurales a servicios públicos.

Por otro lado, aparte de su labor agrícola, las mujeres también soportan una sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados de su familia.

Según un estudio realizado en 2020 por Oxfam, organización internacional que trabaja para combatir la pobreza, en cinco departamentos (Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Putumayo) las mujeres rurales se encontraban expuestas a triples jornadas de trabajo porque, además de realizar trabajo remunerado, son las responsables del trabajo de cuidado no remunerado, hacen actividades propias de la vida en las zonas rurales como alimentar animales o atender cultivos y además ejercen algún tipo de labor comunitaria.

Políticas y desafíos

Según el Ministerio de Agricultura, “reconocer el papel de la mujer como protagonista estratégica del campo” es su prioridad, por lo que se han creado programas y estrategias con el fin de que ellas participen en proyectos productivos y fortalezcan la autonomía en su tierra. Uno de los más recientes ha sido “Mis finanzas cuentan”, el cual, según la cartera, tendrá un presupuesto US$12 millones en 4 años y se basará en cuatro ejes: programas de educación financiera, una Línea Especial de Crédito (LEC) y una plataforma pública de seguimiento a la inversión del sector en las mujeres rurales.

Así mismo, en 2017 se creó en Colombia la Dirección de la Mujer Rural de Minagricultura, que busca generar políticas que las beneficien. Sin embargo, para Cepeda, más que la creación de programas o políticas se necesitan acciones que generen impacto: “No es que el gobierno no sepa qué hacer. Hay hojas de rutas claras, por ejemplo, en el punto número uno de los Acuerdos de Paz (Hacia un reforma rural integral). Se necesita es de voluntad y políticas de país, que vayan más allá de las ideologías”, afirma.

De acuerdo con Pérez, uno de los desafíos que tiene el país es continuar el abordaje de los derechos económicos de las mujeres rurales, la flexibilización de roles, la redistribución de tareas en el marco de la economía campesina, familiar y comunitaria, así como la valoración de saberes ancestrales y su aporte en la economía local y a la biodiversidad, que redunden en sus derechos económicos.