Los retos que tendrá Beatriz Vélez, abogada con 30 años de experiencia, quien asumirá riendas de Colpensiones

La designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como la nueva presidente de Colpensiones fue dada a conocer este sábado por Abelardo de la Espriella y traerá consigo varios retos al asumir las riendas de la entidad.

Su nombramiento se dio tras la prematura salida de Carlos René Montoya Muñoz, quien solo duró dos días en el cargo y fue pedida su dimisión por el mismo mandatario, luego de no saber explicar ante la Comisión Séptima del Senado el nuevo modelo pensional, así como el funcionamiento de la entidad.

A Vélez le esperan en la dirección de la administradora pública de pensiones de Colombia diversos retos que fueron dados a conocer por el mismo presidente nacional, luego de dar a conocer su nombramiento. El primero de ellos será proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida”. A su vez, también le encomendó “acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades las irregularidades que encuentre de la administración anterior”.

De la Espriella cerró su anuncio manifestando que cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos, en momentos en que la situación financiera y el funcionamiento de Colpensiones han vuelto a estar en el centro de la discusión pública.

Una de las funcionarias del Gobierno que reaccionó a la designación de Vélez fue la ministra de Trabajo, Natalia López, quien señaló: “Las mujeres seguimos liderando el sector trabajo en Colombia y nos complace asumir juntas la oportunidad de hacer historia, con una misión que está por encima de todo: proteger a nuestros pensionados, cuidar sus recursos y enfrentar con firmeza cualquier hecho de corrupción”.

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Lo que marcó salida de Montoya

Cuando Montoya Muñoz acudió al Congreso y, al comenzar su intervención, señaló que sería Sandra Camargo, gerente de Planeación de Colpensiones, quien presentaría los detalles, el secretario de la comisión le advirtió que, si no intervenía directamente, la sesión tendría que declararse informal.

A partir de ese momento, la exposición estuvo marcada por pausas mientras intentaba precisar las cifras de la presentación. El episodio generó cuestionamientos de algunos congresistas sobre su preparación para asumir la dirección de la entidad. Uno de ellos fue el senador Duvalier Sánchez, quien señaló que la administración de las pensiones estaba en manos de una persona que, según su apreciación, no tenía experiencia en el sector pensional. Montoya, por su parte, explicó que apenas llevaba dos días en el cargo y reconoció que no conocía todavía a profundidad toda la operación de la entidad. “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.

La Presidencia terminó solicitando su renuncia el 24 de septiembre. En la explicación oficial se señaló que Colpensiones requería un funcionario con dominio de los asuntos de la entidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día.

El Gobierno también sostuvo que “la dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación”.

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¿Cual es el perfil de Montoya?

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Tiene una especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y formación en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo.

Una parte importante de su trayectoria estuvo concentrada en Cerro Matoso, donde trabajó durante cerca de 20 años y ocupó cargos relacionados con relaciones laborales y asuntos externos. También fue inspector de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo entre 1994 y 1995, contratista de la Alcaldía de Montería y director de Extensión de la Universidad del Sinú.

Su hoja de vida, por tanto, estaba principalmente vinculada con relaciones laborales, asuntos externos y gestión empresarial, mientras que su paso por el Ministerio del Trabajo se produjo décadas antes de su llegada a Colpensiones.

¿Qué cambia con llegada de Beatriz Vélez?

El perfil de la nueva presidenta tiene un vínculo más directo con seguridad social, derecho pensional y litigios laborales.

Vélez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral. También cursó estudios sobre Instituciones Jurídicas de Seguridad Social en la Universidad Nacional, tiene una Maestría en Seguridad Social de la Universidad Externado y un Máster en Gestión de Riesgos Empresariales.

A diferencia del corto paso de Montoya por Colpensiones, Vélez llega después de 30 años al frente de la firma Vélez Trujillo Legal, que fundó y dirige desde 1996, con experiencia en un portafolio de más de 4.000 procesos judiciales.

Además, figura como conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ha participado como árbitro en conflictos colectivos de trabajo. Esa experiencia está relacionada con dos de los frentes que pesan sobre Colpensiones: la litigiosidad laboral y pensional y las controversias derivadas de las relaciones laborales.

Su recorrido empresarial también incluye participación en juntas directivas y comités de riesgo, así como la presidencia del Comité Intergremial del Atlántico.

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Por eso, uno de los elementos que marca el cambio de perfil en Colpensiones es que la nueva presidenta llega con una trayectoria académica y profesional específicamente ligada a seguridad social, derecho laboral, litigios y gestión de riesgos, áreas que forman parte de los asuntos que deberá administrar en la entidad.

Cabe señalar que las pretensiones de De la Espriella con Colpensiones, manifestadas desde que estaba en campaña, son un modelo en el que las administradoras privadas conservarían un papel relevante, mientras que los recursos ahorrados por los trabajadores en las AFP tendrían una protección reforzada.

Su programa proponía una reforma constitucional para impedir que el Estado pueda disponer de esos fondos para financiar gasto corriente o inversión pública.

Al mismo tiempo, plantea aumentar de $225.000 a $350.000 mensuales el subsidio para los adultos mayores vulnerables. Según el plan, este mayor gasto se financiaría mediante una reducción de la burocracia estatal y la eliminación de programas de transferencias monetarias dirigidos a jóvenes vinculados a problemáticas judiciales o de orden público.

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