Así cambian reglas del juego en sector BPO con reforma laboral

Tras la aprobación de la reforma laboral el pasado 17 de junio en la plenaria del Senado, se han encendido reacciones desde diversos sectores. Mientras los trabajadores celebran mayores garantías para ellos, voces del sector empresarial advierten que los cambios podrían afectar la generación de empleo y frenar la inversión extranjera.

Uno de los sectores más inquietos es el de Business Process Outsourcing (BPO), o subcontratación de procesos de negocio, ya que con la implementación las reglas del juego cambian sustancialmente para esta industria que representa el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que genera alrededor de 754.000 empleos formales, según cifras del último censo sectorial.

Flexibilidad en riesgo

La Asociación Colombiana de BPO (BPrO) ha venido manifestando su preocupación desde que se conoció el texto inicial de la reforma. “Si bien es fundamental modernizar las condiciones laborales en el país, la propuesta en discusión introduce rigideces y sobrecostos que comprometerían la sostenibilidad de la industria, incrementando las barreras de contratación y limitando la capacidad del sector para seguir impulsando el empleo formal”, señaló el gremio.

Según Ana María Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO, uno de los puntos más sensibles es la restricción del uso de contratos a término fijo y por obra o labor, instrumentos importantes para que el BPO —un sector con alta rotación— se adapte a la demanda cambiante del mercado.

Otro de los aspectos que les inquieta desde BPRO es la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, a partir del 16 de julio de 2026, así como un incremento del recargo nocturno al 35 % desde las 7:00 p.m. Para Quessep, esto pone a Colombia entre los países con horarios diurnos más cortos y recargos nocturnos más altos de la región, comprometiendo su competitividad frente a mercados como México o Filipinas. Y es que de acuerdo con estimaciones del Banco de la República, las nuevas disposiciones laborales podrían generar sobrecostos de entre 2,3 y 6,1 billones de pesos anuales, afectando sectores generadores de empleo como el BPO, comercio, turismo y servicios de alimentación.

¿Retroceso para el aprendizaje?

Un foco más de inquietud es el modelo de contrato de aprendizaje, pieza fundamental para el ingreso de jóvenes al mercado laboral. La nueva reforma plantea que los aprendices pasen a ser considerados trabajadores, lo cual incrementaría los costos para las empresas.

La presidenta de la agremiación advirtió que, aunque se busca mayor estabilidad para los practicantes, también se eleva el umbral de exigencias para su contratación. “De haberse vinculado todos los aprendices que exige la ley, el sector habría alcanzado más de 37.000 jóvenes en formación. Sin embargo, muchas empresas se han visto obligadas a monetizar por la falta de oferta de aprendices, lo que desvirtúa el propósito real del modelo”, explicó.

Visión desde el sector privado

No obstante, para algunos expertos, la reforma también trae oportunidades. Andrés Granados, cofundador de T-Mapp, portal de empleo, destacó algunos aspectos positivos del proyecto. “Los contratos de aprendizaje ahora brindarán más estabilidad y cobertura en seguridad social, lo cual es vital para los jóvenes. Además, la entrada en vigor de la reforma activa programas como Crea Empleo que contempla subsidios para la contratación de mujeres y jóvenes, lo que puede aliviar los costos iniciales para las empresas”, afirmó.

Granados también resaltó la regulación del teletrabajo como un avance importante, pues permite que más mujeres con responsabilidades de cuidado puedan incorporarse al mundo laboral sin abandonar sus hogares. No en vano, el 25% de quienes trabajan en BPO son madres cabeza de hogar y el 40% son estudiantes activos.

Pero también fue crítico en señalar el tema de los recargos nocturnos y la exigencia del contrato indefinido como regla general, los cuales cambian el juego: “Cada nuevo ingreso significa una proyección de costos más alta y menos maniobrabilidad para desescalar operaciones. Eso obligará a rediseñar la estructura de contratación, probablemente con más tercerización fuera del país o modelos mixtos con freelance y trabajo remoto en otros husos horarios”. Además, el país perderá terreno frente a otras naciones a nivel competitivo, pues se estima que con estas nuevas exigencias habrá un incremento del 6% al 30% en la nómina, que comparado con México, Guatemala y Honduras es bastante alta.

¿Monetización con propósito?

Aunque la monetización del contrato de aprendizaje ha sido criticada, algunos expertos insisten en que no siempre desvirtúa su finalidad. En muchas ocasiones, es la única alternativa para cumplir con la ley en contextos donde no hay condiciones para ofrecer plazas de formación, por limitaciones tecnológicas, logísticas o falta de tutores calificados, por lo que cerrar la brecha entre la oferta y demanda de aprendices no puede ser responsabilidad exclusiva del sector privado.

Es necesaria una coordinación entre Estado, el Sena y empresas, así como una actualización de perfiles técnicos, especialmente en sectores como el BPO, que requiere habilidades digitales y bilingüismo. Para el gremio, más que imponer cargas adicionales, la reforma debería contemplar ajustes estructurales al modelo de formación para el trabajo: “Esto podría desincentivar la contratación juvenil y poner en riesgo la sostenibilidad del modelo de formación empresarial”, concluyó Quessep, reiterando que si bien el país necesita avanzar en garantías laborales, también es clave preservar la viabilidad de los sectores que impulsan el empleo formal.