Polémica por normativa para explotación de canteras temporales

Dentro de una obra pública, como es el caso de una carretera, los materiales de construcción básicos, tales como arena, grava, escombro y piedras, pueden representar hasta el 5 % del total de los costos.

Y justamente, sobre el origen de esa participación se está formando una polémica: la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia (Asogravas) considera que la reglamentación de las Autorizaciones Temporales mineras, una figura creada por el Gobierno, se le resta responsabilidad a la extracción de estos materiales y se pone en riesgo el medio ambiente.

Sin embargo, ante la preocupación de Asogravas, Corantioquia, como principal autoridad ambiental regional, aclara que “la rigurosidad para tramitar la licencia ambiental es la misma, solo varía en el tiempo de solicitud por tipo de obra y su corta duración”, acotó Carlos Andrés Naranjo, subdirector de Regionalización de la entidad.

Para hacerse una idea, el país demandó 160 millones de toneladas de materiales de construcción en 2015 y en 10 años esa cifra se duplicará.

Desde la orilla de Asogravas, su presidente, Carlos Fernando Forero, la figura de Autorizaciones Temporales es una clara desventaja competitiva para el sector pues “el permiso de explotación se da por el tiempo que dure una obra, y eso es muy corto, si se tiene en cuenta que una persona con un título minero se tardó más de cuatro años en obtenerlo” (ver gráfico).

Así que se espera que las Autorizaciones Temporales proliferen con la construcción de las vías de cuarta generación (4G), pues esos proyectos demandarán grandes cantidades de materiales y deberán tenerlos cerca de las obras.

Corantioquia aseguró que en su jurisdicción se encuentran actualmente 31 procesos ambientales por Autorizaciones Temporales, de las cuales se les negó a dos por no cumplir requisitos y las restantes están en proceso de análisis.

Para Naranjo, el riesgo de afectaciones ambientales se presenta con cualquier tipo de título o autorización minera, siempre y cuando no se hagan los controles respectivos y que, en tal medida, no depende del tipo de figura minera.

“Tenemos una mesa permanente y mes a mes con los concesionarios de Autopistas de la Prosperidad. Independiente de que esos trámites se hagan ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), hay una conversación permanente para hacer el control debido”, agregó Naranjo.

Autorizaciones en Antioquia

Teniendo en cuenta los datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el proceso de trámite y respuesta con esa autoridad o la Gobernación de Antioquia (autoridad minera delegada), no supera 30 días, mientras la solicitud de la licencia ambiental y el otorgamiento de la misma puede durar unos cinco meses, según indicó Corantioquia.

Datos de la Secretaría de Minas de Antioquia indican que en el departamento se han solicitado 172 Autorizaciones Temporales desde 2008, 71 de ellas el año pasado.

No obstante, de ese número de solicitudes sólo se habrían otorgado 12, pues esa es la cifra oficial entregada para Antioquia por la ANM en su informe de gestión 2015. El departamento representó, al año pasado, el 10 % de autorizaciones temporales entregadas en el país.

Pero no es solo la desventaja competitiva para el sector la que representa, según Asogravas un problema, Forero cree que “como son tiempos tan cortos, el daño ambiental se puede dar y el contratista termina y se va. A diferencia de un titular minero que tiene todo el tiempo a la autoridad encima”.

Ojo a las obras públicas

El presidente de Asogravas también pidió revisar la posibilidad de que las obras públicas en ciudades como Medellín puedan utilizar la figura de autorizaciones para ejecutar proyectos “donde el manejo del agua y estudios geológicos se omitirían por la rapidez de la obra”.

Ante esto, la subdirectora de Ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, aseguró que hasta ahora no hay Autorizaciones Temporales en trámite ni en ejecución en el Valle de Aburrá.

Sin embargo, el tema seguirá siendo parte del debate, sobre todo, porque un análisis de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) señaló que sólo en el Valle de Aburrá, la demanda de agregados para la construcción fue de 9 millones de toneladas en 2015 y crecería de manera exponencial. Es decir, solo en el Valle de Aburrá se consume el 5 % del total nacional.