Congreso aprueba nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero y evita riesgo fiscal de $3,2 billones en Colombia
El Congreso aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, evitando un vacío legal que ponía en riesgo procesos por $3,2 billones y recursos clave para la Nación.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) celebró la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad jurídica del país, garantizar el control de las fronteras y reforzar la lucha contra el contrabando.
La aprobación recibió el respaldo definitivo de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, con lo que Colombia asegura su marco jurídico aduanero en cumplimiento de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional.
De acuerdo con la Dian, la decisión legislativa representa un hito para el sistema aduanero colombiano, ya que responde oportunamente a los dos exhortos realizados por la Corte Constitucional durante los últimos cuatro años.
El director de la entidad, Carlos Emilio Betancourt Galeano, destacó el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno, el Congreso y distintos sectores involucrados en la construcción de la norma.
“Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todos los congresistas, a la oposición y al Gobierno Nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país”, afirmó el funcionario.
Según la Dian, el proceso de construcción de la iniciativa incluyó 39 mesas técnicas que permitieron consensuar el contenido de los 114 artículos que conforman el nuevo régimen.
Uno de los principales efectos de la aprobación es que impide que Colombia enfrente un vacío jurídico total en materia aduanera, situación que habría limitado la capacidad del Estado para ejercer controles sobre las fronteras y combatir el comercio ilícito.
La entidad advirtió que la ausencia de un nuevo marco normativo habría generado graves consecuencias fiscales para el país, incluyendo la imposibilidad de recuperar importantes recursos públicos.
Entre los montos que estaban en riesgo se encontraban:
$190.000 millones correspondientes a liquidaciones oficiales que habrían quedado sin posibilidad de cobro.
$800.000 millones en sanciones que habrían perdido sustento jurídico.
$211.000 millones en mercancías aprehendidas que tendrían que haber sido devueltas.
Para la DIAN, la aprobación del articulado permite preservar estos recursos y mantener las herramientas legales necesarias para la fiscalización y el control aduanero.
Más de 13.000 procesos aduaneros quedan protegidos
La nueva normativa también garantiza la continuidad de miles de procesos que se encontraban en riesgo ante la eventual desaparición del marco sancionatorio vigente.
De acuerdo con la entidad, el nuevo régimen blinda jurídicamente 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales, cuyo valor conjunto asciende a $3,2 billones.
Sin la aprobación de la ley, estos expedientes habrían tenido que ser archivados, afectando significativamente la capacidad del Estado para ejercer control y recaudo en materia aduanera.
Tras superar su trámite en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de ley pasa ahora a sanción presidencial y posteriormente deberá ser publicado en el Diario Oficial.
La Dian señaló que este proceso permitirá garantizar la estabilidad del comercio exterior colombiano, fortalecer la protección de la industria nacional y respaldar el desarrollo de la economía formal en todo el territorio.
La entidad recordó que este trámite deberá completarse antes del próximo 20 de junio, fecha establecida por la Corte Constitucional para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero.
Con la aprobación legislativa, el Gobierno y las autoridades aduaneras consideran que el país asegura la continuidad de los procesos de control, fiscalización y sanción necesarios para enfrentar el contrabando y proteger los recursos públicos.
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