Comisión del gasto: ¿a frenar excesos?

Ajustar, recortar, ordenar, acomodar, adaptar, recomendar, sugerir. Estas son algunas de las acciones que se espera susciten las observaciones que en los próximos nueve meses hará la Comisión de Estudio de Gasto Público e Inversión, que hace casi un mes instaló el presidente Juan Manuel Santos.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la Comisión deberá aconsejar el modo de volver más eficiente y efectivo el gasto público, para generar más seguridad, más confianza en los inversionistas y alcanzar mejores resultados sociales.

En palabras de Santos, el país tuvo que hacer grandes ajustes por la caída en el precio del petróleo en los últimos tres años: “los hemos hecho con responsabilidad, protegiendo sectores vulnerables y manteniendo un equilibrio, en la medida de lo posible, de nuestras cuentas fiscales”.

Como parte de ese acople, el Gobierno sacó adelante, en diciembre, una reforma tributaria a la que insertó la creación de la Comisión (Artículo 361 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016). Por el Gobierno participan el ministro Cárdenas y el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, quienes debatirán con 10 expertos en distintas áreas (ver Protagonistas)

La intención de un mayor recaudo por vía de un nuevo marco de impuestos resulta justificado, por la menor plata que recibe el Estado del petróleo, y resulta plausible que ahora se intente ordenar el volumen de gastos e inversiones.

¿Consejos a poco del fin de este Gobierno?

Para Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y miembro de la Comisión, en las proyecciones del Gobierno hay dos componentes clave: la gestión de la Dian, con nuevas herramientas que le dio la tributaria, y las iniciativas de formalización. Ambas herramientas, en cuentas del Gobierno, sumarán recaudo hasta alcanzar 0,5 % del producto interno bruto (PIB) en el año 2020 (ver gráficos).

Pero Villar no se confía de que esa proyección se cumpla: “tenemos inquietud sobre la magnitud de ese ajuste, ojalá sí sea de lo que se está planteando el Gobierno, pero históricamente se ha visto que es difícil confiarse en que eso vaya a suceder”, explicó Villar a este diario.

El excodirector del Banco de la República añadió que la reforma contiene elementos positivos para que la Dian sea más eficaz, pero advirtió que “tendremos que esperar para saber si el aumento se produce, de lo contrario, habrá que recurrir a otras medidas para ajustar las finanzas públicas”.

Por su parte, Sergio Clavijo, presidente de Anif, sostuvo con escepticismo que esta Comisión debió iniciar labores desde 2010. “Este Gobierno ya tiene el sol a las espaldas. Con esta convocatoria está diciendo: ‘ahí dejamos organizado y que el próximo Gobierno mire cómo ajusta el gasto’”.

Pero el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, Rafael Puyana, manifestó que es válida hoy la Comisión. Argumenta que la Regla Fiscal, mecanismo que ayuda a la disciplina frente a ingresos y gastos, no depende de un Gobierno u otro.

“La Regla es un compromiso del país con finanzas sanas de largo plazo. Las recomendaciones de la Comisión serán insumo para el Gobierno que llegue en 2018, pues se trata de un grupo de personas excepcionales y técnicas”.

otra Comisión de gasto, 10 años después

En junio de 2007, la Comisión Independiente del Gasto Público entregó un informe sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central. Se consignaron 23 recomendaciones que tenían como mayor objetivo generar ahorro fiscal en el corto y mediano plazos.

El contexto era bien distinto y la gran angustia era el bajo precio del dólar y su potencial daño sobre el sector productivo. Hoy el temor es otro: ¿qué hacer después de la bonanza petrolera, luego de expandir el gasto tanto productiva como improductivamente?

La Comisión de hace 10 años planteó aprovechar ingresos extraordinarios del ciclo alto en los recaudos tributarios, de los ahorros del Fondo de Estabilización Petrolera y de la venta de algunas empresas del sector eléctrico (ISA e Isagén, entre otras), y se calculó que podrían aportar al fisco recursos equivalentes a por lo menos 3,5 % del PIB.

Poniendo el “retrovisor”, Alejandro Gaviria, hoy ministro de Salud y exintegrante de la Comisión del 2007, admitió que es imposible que todas las recomendaciones se cumplan.

No obstante, declaró que entre las sugerencias de esta Comisión debe aparecer una reforma pensional. “El tema hoy está fuera de agenda pública, y creo que uno de los objetivos de estos expertos debe ser llamar la atención sobre la necesidad imperiosa de esa reforma. Hay un grave núcleo de inequidad y el problema se ha agravado”.

La fórmula es simple y fácil de aplicar

Por su parte, Luis Guillermo Vélez Álvarez, economista y docente de Eafit, comentó que ninguna persona ni Gobierno puede financiar gastos permanentes con ingresos temporales. “Alguien que se gana una lotería debe saber que ese ingreso no será para siempre y que no puede asumir un tren de gastos exagerado”.

Con esa analogía se concluye que los últimos gobiernos no hicieron la tarea debida de ahorrar en época de vacas gordas para los tiempos de vacas flacas, como se lee en el documento final de la anterior Comisión de Gasto.

“Hubo ingresos importantes de renta petrolera y el Estado se volvió dependiente de esos recursos y emprendió una gran reforma del aparato estatal del que surgieron cantidad de agencias”, comentó Vélez, para quien eso derivó en un escenario de crisis fiscal, que hoy trata de sortear el Gobierno. Por eso asegura que si no hay reducción radical del gasto, el año que viene habrá que hacer otra tributaria.

“Este Gobierno, apoyado en ingresos petroleros temporales, se montó en gastos permanentes muy elevados y ahora tiene dificultades para mantenerlos. Además, se dedicó a regalar viviendas y al asistencialismo. Más que Gobierno, esto parece una oenegé”, insistió.

Por eso Vélez propuso eliminar 17 entidades “burocráticas” que reprocesan información de ministerios y suplan sus funciones. Igualmente, sugirió suprimir aportes a Corporaciones Autónomas Regionales y recortar el presupuesto de ministerios. Todo eso generaría un ahorro de 20 billones de pesos anuales (ver Dicen de...).

En esa línea Ramón Javier Mesa, docente de Economía de la Universidad de Antioquia, consideró favorable revisar gastos de nuevas dependencias oficiales, que no generan mucho impacto y engrosan la nómina estatal. “Habrá que mirar el gasto de funcionamiento, aunque buena parte es constitucional. Creo que la Comisión deberá revisar el servicio de la deuda y la priorización de inversiones”, añadió.

comisiones MUY DURAS o poco efectivas...

El congresista Óscar Darío Pérez destacó la intención de la Comisión del Gasto, pero se declaró desorientado ante el proyecto de ley que se presentará para adicionar al Presupuesto General de la Nación 6,2 billones de pesos.

“Este tipo de comisiones, algunas veces, las conforman personas muy capaces y, en otras, por carentes de sentido social del gasto”, afirmó Pérez. En ese contexto, para él surgen propuestas impopulares que apuntan a rebajar pensiones o eliminar iniciativas sociales. “Es fundamental un equilibrio entre lo técnico y lo social, para que no se vaya a sacrificar lo social por lo fiscal”.

Para la exministra Cecilia López Montaño, mientras no se tomen decisiones claras sobre la ejecución del gasto, todos los esfuerzos tendrán impacto reducido. “Fue excelente la idea de dedicar 10 % de regalías a la ciencia y la tecnología y, ¿qué pasó?, fue un desastre, porque uno no puede pedirle a gobernadores y a alcaldes que sepan cuáles son los proyectos de investigación que necesita el país”, ejemplificó López.

Finalmente, el economista Jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, consideró que no basta la reforma tributaria para ajustar cuentas y con un reajuste por el lado del gasto.

“No se puede perder de vista que habrá presiones de gasto e inversión por el acuerdo de paz, pero, a la vez, la ley obliga al Gobierno a reducir su déficit fiscal. Así que será clave recomponer el gasto para evitar crecimientos excesivos”, advirtió Velandia