Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica: solicita pruebas e información adicional
La Corte inició el control constitucional del decreto de emergencia económica, solicitando pruebas al Gobierno y revisando requisitos formales clave.
El estudio de la Corte Constitucional sobre el decreto de Emergencia Económica arrancó de manera formal. El proceso quedó en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como magistrado sustanciador del expediente y ordenó una revisión integral de la medida excepcional adoptada por el Gobierno.
En el documento se lee que este trámite no implica que la Corte haya avalado o rechazado la emergencia. Se trata del control automático de constitucionalidad, un procedimiento obligatorio que busca verificar si el decreto cumple los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución.
El documento marca el comienzo del control constitucional obligatorio, un procedimiento previsto en la Constitución para verificar que este tipo de medidas excepcionales cumplan con los requisitos legales y constitucionales.
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En su providencia, la Corte señaló que evaluará si las causas invocadas por el Gobierno —como la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, la seguridad ciudadana, la no aprobación de la ley de financiamiento y los desastres naturales— son realmente imprevisibles, extraordinarias y sobrevinientes, o si corresponden a problemas estructurales del Estado.
Para ello, ordenó la recolección de pruebas técnicas y solicitó el concepto de expertos económicos y de distintas entidades públicas, con el fin de establecer si la situación ameritaba acudir a un estado de excepción.
Revisión de ministros firmantes y requisitos formales
Uno de los puntos clave del análisis es la verificación de los requisitos formales del decreto. La Corte pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que informe sobre la situación administrativa de todos los ministros que firmaron la declaratoria de emergencia.
En particular, solicitó el acto administrativo mediante el cual Irene Vélez fue encargada como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para confirmar que estaba debidamente posesionada y en ejercicio de sus funciones. La Corte advirtió que, si alguno de los firmantes no tenía competencia legal, ello podría constituir un vicio de constitucionalidad, incluso si las razones económicas fueran válidas.
Dudas sobre endeudamiento y uso de mecanismos ordinarios
El alto tribunal también cuestionó posibles contradicciones en la argumentación fiscal del Gobierno. Solicitó explicaciones a la Secretaría Jurídica y al Ministerio de Hacienda sobre por qué, tras alegar límites de endeudamiento y ausencia de mecanismos ordinarios, el Ejecutivo acudió a la venta de bonos TES por 23 billones de pesos y asumió recientemente nueva deuda por cerca de $152 billones.
Además, la Corte pidió precisar qué estudios o documentos técnicos permiten calificar la situación actual como una “coyuntura fiscal excepcional” y en qué se diferencia de los escenarios fiscales registrados entre 2022 y 2025.
Obligaciones internacionales y control ciudadano
Dentro del examen, la Corte solicitó al Gobierno informar si cumplió con el deber legal de comunicar la declaratoria de emergencia a los secretarios generales de la OEA y la ONU, como lo exige la normativa vigente.
Paralelamente, el proceso ha recibido múltiples oposiciones ciudadanas y políticas que cuestionan la necesidad de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo. Entre quienes presentaron solicitudes de suspensión provisional del decreto se encuentran la senadora Angélica Lozano, la representante Catherine Juvinao, Camilo Armando Sánchez (Consejo Gremial Nacional), el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y la senadora Paloma Valencia.
No hay suspensión del decreto, por ahora
De acuerdo con el expediente, no se han emitido órdenes de suspensión del Decreto 1390 de 2025. El magistrado Carlos Camargo Assis precisó que, una vez se valoren las pruebas decretadas, evaluará si las solicitudes de suspensión deben ser llevadas a la Sala Plena de la Corte Constitucional para una decisión de fondo.
Mientras tanto, el tribunal fijó un cronograma para recibir intervenciones de entidades estatales, expertos y organizaciones de la sociedad civil, antes de emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica.