Ajuste de $55,8 billones evitaría la nueva reforma tributaria de Petro

La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para el año que viene es, en esencia, un debate sobre el futuro del país.

Por eso, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) sostiene que el proyecto para la vigencia 2026 presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro (por $556,9 billones) parece ignorar esta premisa, planteando una hoja de ruta fiscalmente irresponsable, que oculta una brecha de sostenibilidad de $55,8 billones, que requiere de ajuste para que el presupuesto sea viable.

Entre los ajustes propuestos por el ICP figuran el que no se recurra a una nueva reforma tributaria ($26,3 billones), igualmente, que se establezcan unas proyecciones de recaudo realistas (ajuste de $11,3 billones) y se revierta la reciente expansión del gasto primario ($18,2 billones).

Los analistas económicos del instituto enfatizaron en que el Presupuesto General de la Nación para 2026 es fiscalmente inviable, toda vez que se está condicionando la financiación del presupuesto a una futura e incierta reforma tributaria de $26,3 billones. “Esta meta es poco realista, considerando que el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que las proyecciones de recaudo inercial ya están sobreestimadas en al menos $11,3 billones y que la base tributaria formal del país se ha debilitado”, se lee en el reporte.

Adicionalmente, consideran que el Gobierno Nacional desmanteló la institucionalidad fiscal al suspender la regla fiscal para justificar un mayor gasto, y se activó la cláusula de escape por tres años, decisión que permite un déficit fiscal del 7,1% del PIB en 2025, un nivel solo comparable a años de crisis profunda, que subordina la prudencia técnica a una agenda de gasto expansivo.

“La planificación fiscal del gobierno es inconsistente y poco creíble, minando la confianza en la gestión de las finanzas públicas. Apenas un mes después de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el gobierno presentó un presupuesto que lo contradecía, aumentando el gasto primario en $18,2 billones y empeorando el déficit primario del 1,4% al 2,0% del PIB”, se agregó en el texto del ICP.

Otra de las observaciones apunta a que la política económica del gobierno ha erosionado la base tributaria formal, haciendo inviable la reforma fiscal con la que pretende financiar el presupuesto, pues mientras se desincentivan sectores formales e intensivos en capital como la minería (que se contrajo un 10,2%), se promueven actividades con alta informalidad.

Con un 55% de la ocupación en la informalidad y un 40,8% de trabajadores por cuenta propia, es contradictorio esperar un mayor recaudo de una base de contribuyentes formales cada vez más reducida.

El Presupuesto de 2026 legaliza el financiamiento de gasto corriente con deuda, ocultando el déficit real y trasladando los costos a futuro. A través de los artículos 8, 62 y 74, el gobierno podrá emitir bonos para pagar gasto corriente, subsidios como el del combustible (Fepc) y otros pasivos, una práctica que difiere el ajuste fiscal en lugar de solucionarlo y que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Otra mirada crítica al Presupuesto 2026

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también cuestionó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, del que indicó se presentó en un contexto de desequilibrio fiscal persistente, con un déficit cercano al 7% del PIB y una presión creciente sobre la deuda pública.

“Aunque el Gobierno ha activado la cláusula de escape de la Regla Fiscal para ampliar temporalmente los márgenes de gasto, el Presupuesto no parece representar el inicio de una senda de ajuste coherente con lo presentado en el Plan Financiero del MFMP de junio, ni parece sostenible ni creíble”, anotó el Observatorio.

En línea con las observaciones del ICP, el Observatorio también anticipó que en lugar de reducir el gasto, el presupuesto crece 3,7% en términos reales frente a 2025, con aumentos concentrados en funcionamiento y una reforma tributaria aún sin estructurar como sustento de las metas de ingreso.

“La reducción proyectada en 2026, el pago de intereses, el aumento del recaudo tributario con y sin Ley de Financiamiento, sumada al incremento en el gasto primario, contradicen el Plan Financiero publicado apenas un mes antes y compromete la coherencia del marco fiscal”, se indicó.

Desde el Observatorio se detalló que el Presupuesto para 2026 se formuló en un contexto en el que la mayor ejecución del gasto en 2025 y el pago del rezago acumulado de 2024 aumentarán la presión sobre el balance fiscal de este año, con el riesgo de deteriorar aún más las cuentas de cara a 2026, dado que el impacto fiscal de estas obligaciones ya adquiridas limita severamente el margen de maniobra.