Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan anualmente a la par de dicho salario.

Este ajuste incluye tres factores: inflación, aumento de productividad y un componente político del Gobierno. Mientras los primeros son cubiertos por el ahorro y rentabilidad de los afiliados, el cambio propuesto implica que el Estado dejaría de asumir la parte discrecional del ajuste, trasladando una mayor carga a los futuros pensionados.

Impacto en las rentas vitalicias

Según Asofondos y Fasecolda, de este decreto ser aprobado se afectaría gravemente la capacidad de los colombianos para pensionarse, provocando menor número de pensionados, pensiones más bajas y desprotección en los seguros de invalidez y sobrevivencia.

Una de las principales advertencias es que, de aprobarse la medida con la que el Gobierno dejaría de cubrir ese “extra”, los colombianos tendrían que aportar cerca de un 30% más para acceder a una pensión mediante renta vitalicia.

Esto no solo reduciría el número de personas que lograrían pensionarse, sino que también disminuiría el monto de las pensiones de quienes sí alcancen el capital necesario.

Como ejemplo, señalaron que incluso para quienes conserven el acceso a una pensión, el proyecto implicaría un deterioro significativo del valor de la mesada. Al incrementarse el costo de las rentas vitalicias, el mismo ahorro generaría una pensión más baja.

Según el documento que Asofondos y Fasecolda enviaron al Ministerio de Hacienda, bajo la normativa vigente una persona con un capital de $446 millones podría obtener, en promedio, una pensión superior a $1.800.000. Con el cambio propuesto, esa misma persona quedaría limitada a una pensión equivalente al salario mínimo ($1.423.500), lo que representa una reducción cercana al 30%.

El deterioro, advierten, no obedece a variaciones en el esfuerzo de ahorro del trabajador ni en su trayectoria laboral, sino exclusivamente a una modificación regulatoria que debilita la capacidad del sistema para reemplazar ingresos en la vejez.

“Con esta medida, será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia; en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Desprotección en pensiones de invalidez y sobrevivencia

El proyecto también afectaría a los pensionados por invalidez o sobrevivencia. Actualmente, estos seguros previsionales permiten proteger a los trabajadores frente a contingencias como accidentes, enfermedades graves o fallecimiento.

Con el incremento de costos que plantea el decreto, según Asofondos, estos seguros podrían volverse inviables, dejando sin protección a millones de afiliados.

“Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Consecuencias financieras para el Estado

Para los gremios, este decreto también podría generar un efecto regresivo: mientras reduce la cobertura de protección de los afiliados, aumentaría las obligaciones financieras del Estado.

Esto, explicaron, porque en caso de inviabilidad del aseguramiento previsional, la Nación tendría que asumir las pensiones de invalidez y sobrevivencia, estimadas en cerca de $2 billones durante los primeros 10 años.

“Estos recursos podrían destinarse a programas solidarios como Colombia Mayor u otras necesidades”, señaló Velasco, destacando la presión fiscal que implicaría la medida a mediano y largo plazo.

Llamado de los gremios al Gobierno

Los representantes de Asofondos y Fasecolda hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se establezcan mesas técnicas que permitan evaluar los impactos del proyecto de decreto y buscar soluciones que mitiguen sus efectos negativos.

“Cualquier modificación al marco regulatorio del sistema pensional debe evaluarse integralmente, evitando regulaciones fragmentadas o inconsistentes que afecten el derecho a la pensión mínima y la estabilidad financiera del país”, puntualizó Morales.