Ecominerales tendría posición dominante en el sector minero

El regreso a las actividades legislativas en el país pondrán sobre la mesa la discusión del proyecto de ley 344/23, presentado en diciembre ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por la cual se crea la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), un asunto que genera muchas preocupaciones en el sector minero, pues contaría con una posición dominante.

De acuerdo con la iniciativa, Ecominerales sería “una empresa estatal, de carácter industrial y comercial del Estado, del orden nacional, del sector descentralizado por servicios, de la rama ejecutiva del poder público, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente”.

Así como Ecopetrol tiene la sartén por el mango en temas de petróleo e hidrocarburos, Ecominerales haría lo propio en asuntos mineros, pues entre sus funciones figurarían las de “realizar en Colombia o en el exterior actividades de exploración, construcción y montaje, explotación, cierre minero, transformación, beneficio, aprovechamiento y/o comercialización de minerales estratégicos y otros. Y además, cualquier actividad relacionada con las cadenas productivas y el apoyo a la promoción y la formalización del sector minero, para lo cual podrá realizar las actividades industriales y comerciales correspondientes, actividades de investigación, desarrollo e innovación”.

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, le explicó a este diario hace tres meses que al igual con lo que pasa en asuntos de petróleo y gas, a través de Ecopetrol, la minería también debe tener una empresa pública. Indicó que no se están pidiendo recursos del Gobierno para crear la empresa, sino que se buscarán otras opciones para que vaya creciendo.

“Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Minas tiene acciones en compañías mineras. Es dueño de una parte de Fosfatos Huila, Fosfatos Boyacá, Monómeros, etc. La idea es que todos esos activos vayan pasando a la empresa pública minera para que sea la que los maneje”, declaró entonces Pardo.

Desde la perspectiva de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (Apmc) y la Asociación Colombiana de Exploración (Acexplo) en los términos en los que está concebido el proyecto habría grandes implicaciones para la industria minera, así como en la inversión extranjera y la distribución de las regalías en las regiones.

Para Eduardo Chaparro, presidente de Acexplo, la creación de la empresa estatal generaría un desestímulo a la iniciativa privada, al dejar la contratación minera al arbitrio del funcionario de turno, desconociendo los principios del bien común y el interés general, y va en contravía de lo que debería ser el fomento minero.

El dirigente gremial insistió en que con Ecominerales se pretende poner en una sola persona el aprovechamiento de la totalidad de los minerales estratégicos y llama la atención sobre la denominación “otros” del texto del proyecto, porque están sin definir cuáles serían estos últimos, o los criterios que justificarían sacarlos del régimen común del Código de Minas, como tampoco fijar los parámetros o la finalidad para otorgarle esos “otros”, no estratégicos a la nueva empresa.

En ese contexto, de aprobarse la creación de Ecominerales, esta tendría una posición dominante en el mercado so pretexto de fomentar la formalización, competencia que ya le fue otorgada por el Código de Minas, al Ministerio de Minas y Energía.

Aquí hay que recordar que en diciembre la ANM renovó el listado de minerales estratégicos para el país y determinó 17 grupos de minerales considerados vitales para la transición energética justa. Del catálogo hacen parte cobre, níquel, zinc, platino, hierro, manganeso, entre otros.

Por su parte, Luis Fernando Barrera, presidente de la Apmc, explicó que darle el manejo de los recursos minerales del país a Ecominerales tiende a estatizar la actividad minera y las demás derivadas de la minería. Y añadió: “Genera un indebido interés en acelerar la terminación vía caducidad de los títulos mineros otorgados por legislaciones anteriores para actividades empresariales, así como en lograr la reversión y hacer que se le otorguen los proyectos mineros terminados por cualquier razón, esto es más evidente en el artículo 17 del proyecto, al ser la Agencia Nacional de Minería (ANM) una de las capitalizadoras (dueñas) de Ecominerales”.

Chaparro y Barrera alertaron pretender que sea esta empresa la que realice la minería y demás actividades derivadas de la explotación minera es restrictivo del derecho constitucional a la libre competencia, en especial de esa parte que establece que: “... El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

Más cuestionamientos

Los gremios Apmc y Acexplo también señalan que la creación de una nueva empresa genera más burocracia, pues para encargarse de casi la totalidad de los minerales de la tabla periódica, para competir con los particulares, no solo en Colombia, sino también en el exterior, deberá contar con una gran cantidad de personal, sin hablar de la corresponsabilidad laboral y contractual, que se genera cuando se contrata con los particulares, obras, trabajos o servicios.

Para su funcionamiento, Ecominerales demandará sumas que aún no han sido siquiera estimadas o determinadas, para solo hacer la exploración técnica de los minerales estratégicos, en el territorio nacional, pues vale recordar que la exploración geominera es considerada de alto riesgo, de bajo nivel de éxito y lenta recuperación de la inversión cuando se determina la factibilidad de un proyecto.

“En vez de estar pensando el Gobierno Nacional en ampliar la institucionalidad burocrática, debería avocarse a través del Ministerio de Minas y Energía, a darle cumplimiento al Código de Minas y toda su amplia reglamentación que ya tiene una madurez de dos décadas con detallada jurisprudencia y doctrina, ambiental y minera, y por medio de su delegada (ANM) para la titulación y la fiscalización”, anotaron las asociaciones.

De esa tarea hacen parte controlar la explotación ilícita de minerales, actividad que deja mucho que desear y se ha convertido en un flagelo para las comunidades insertas en operaciones mineras, pero junto con los explotadores ilícitos, día a día se ven sometidas por la delincuencia organizada, poseedores de abundantes recursos económicos y el uso indiscriminado de la fuerza y de las armas ante la impotencia de la ciudadanía sometida, lo que concluye en una nueva forma de esclavización, violatoria de los derechos humanos.

Otras experiencias

Expertos del sector minero consultados por este diario recordaron que experiencias similares a la propuesta de Ecominerales en América Latina que han sido altamente gravosas para los erarios públicos de los países, por su ineficiencia técnica y gerencial, su politización y desgreño administrativo, acompañado del incumplimiento de los acuerdos con comunidades y pequeños y medianos mineros y conflictos y arbitrajes con empresas competidoras.

Aquí se mencionó a Enami, la empresa de acompañamiento al emprendimiento de la minería en Chile, que no es un buen ejemplo. Esta sociedad debería tener presupuesto para cumplir con sus objetivos. “Lo que hemos visto allá es que Enami no es una empresa financieramente viable, y se ha quedado vegetando. Lo que sí tiene Chile es una entidad como Cochilco que está dedicada a explorar y a tener proyecto de cobre y buscar alianzas”.

Igualmente, repasaron los descalabros que en materia minera tuvo el país cuando se firmaron contratos de asociación grandes que fueron inviables “porque el Estado no es buen empresario”. De esas experiencias hacen parte Minercol surgida de la fusión en 1997 de Minerales de Colombia y de la Empresa Colombiana de Carbón, pero liquidada en 2004.

Entre sus funciones figuraban las de administrar por delegación, en forma técnica y eficiente los recursos mineros y carboníferos, contratar la exploración y explotación de los recursos mineros, fomentar el fortalecimiento de la infraestructura para el transporte de minerales controlar técnicamente la explotación racional de los yacimientos y recaudar y distribuir las contraprestaciones económicas, en otras palabras funciones semejantes a las que se le quieren atribuir a Ecominerales.

¿Y el nombre?

Aunque la propuesta apunta al establecimiento de la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales) es prudente señalar que en el país hay al menos dos sociedades que utilizan esa denominación: Ecominerales Colombia Company y Ecominerales de Colombia.

La primera de ellas está matriculada en Tunja, Boyacá, desde 2013. No aparecen sus activos ni cifras financieras en los reportes de la Cámara de Comercio de Tunja. Aunque sí figura que el año pasado hicieron cambios en su razón social para trabajar en temas relacionados con minería, pues antes estaba dedicada a temas de comercio al por mayor, productor de alimentos, bebidas y tabacos.

Ecominerales de Colombia está registrada en Cali desde 2019, los ingresos en 2023 sumaron $3.900 millones, y en los documentos su objeto social está enfocado en la extracción de oro, metales preciosos y comercio al por mayor de metales y productos metalíferos.

¿Cómo se zanjaría la diferencia por el uso de esta denominación?

Voz a favor

El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam), por su parte, sí celebró que el Gobierno hubiera adoptado una propuesta en la que esta entidad ha insistido desde 2016, en el sentido de que Colombia supere el más del 75% de informalidad minera que existe, y para lo que abogó por la creación de una institucionalidad empresarial encargada de la promoción de la viabilidad y sostenibilidad de la pequeña minería tradicional formal y en proceso de formalización.

“A pesar de que el Gobierno incluyó varios elementos en su propuesta en este sentido, una lectura cuidadosa del proyecto de ley radicado evidencia que se crea principalmente una empresa minera que entraría como un actor de mercado más, con funciones de administración de bienes muebles e inmuebles asociados con reversión de activos de proyectos mineros y extinción de dominio”, anotó el Grupo que dirige Claudia Jiménez.

Adicionalmente, señaló que faltan en la iniciativa gubernamental aspectos que sin duda contribuirían con la superación de la alta informalidad del sector, con el desarrollo humano de mineros artesanales y con los procesos de convivencia entre las diferentes escalas de la actividad minera, es decir, la pequeña, la mediana y la grande.