El sector energético en la tributaria, ¿cuáles serían los impactos?

Entre los 163 artículos que plantea la nueva reforma tributaria o “Ley de Solidaridad Sostenible” propuesta por el Gobierno Nacional, se contemplan medidas que impactarían al sector energético del país y al bolsillo de los colombianos.

La reforma, que hace trámite en el Congreso, busca gravar, entre otras cosas, con Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 5 % a los desarrollos de paneles solares, así como incluir al carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono.

Y aunque entre la propuesta también estaba incluir un IVA del 19 % a los servicios públicos de energía, gas domiciliario, acueducto, alcantarillado y aseo para estratos 4, 5 y 6; este miércoles el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que el Ejecutivo tomó la decisión de retirar este artículo y, afirmó, que otras medidas podrían ser sacadas del proyecto, pero que este continuará su trámite porque “se necesitan los recursos para atender la pandemia”.

¿IVA a los servicios públicos?

De continuar con este punto en la reforma, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) afirmó que se generaría un costo adicional al año de $4 billones en energía eléctrica y de $320.000 millones en gas natural.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Diego Mesa Puyo, Ministro de Minas y Energía, afirmó que esta propuesta del “Proyecto de Transformación Social Sostenible” buscaba eliminar la contribución del 20 % que pagan los estratos altos y establecer el IVA del 19 %.

“Actualmente Colombia tiene un sistema solidario en el que los estratos altos, así como usuarios del sector comercial e industrial, pagan una contribución o sobretasa del 20 % en las facturas de energía eléctrica y gas natural. Esta contribución se utiliza para cofinanciar los subsidios que reciben los estratos bajos, en donde se subsidia el 60% del consumo básico en estrato 1, el 50% en estrato 2 y el 15% en estrato 3”, dijo Mesa Puyo.

Y aseguró que con este cambio “el efecto en los estratos altos que hoy pagan la sobretasa sería neutro, mientras que en el caso del sector productivo el efecto sería positivo desde el punto de vista tributario”.

La explicación del ministro es que al reemplazar la sobretasa del 20 % por el IVA del 19%, las empresas podrán cruzar el IVA pagado en el consumo de energía con el IVA recaudado en la venta de sus bienes y servicios, cosa que no pueden hacer hoy con la sobretasa, la cual constituye un mayor costo.

“Al gravar toda la cadena de energía, tanto las empresas de generación, como de transmisión, comercialización y distribución, podrán descontar el IVA pagado en sus insumos contra el IVA recaudado en la venta de energía, que antes estaba excluida y no les permitía el descuento”, puntualizó Mesa Puyo y agregó que entre los estratos 1 y 3 hay cerca de 11 millones de hogares, mientras que en los estratos 5 y 6 hay aproximadamente 630.000 familias, por lo que aclaró que reemplazar la sobretasa con el IVA no generaría un déficit en los subsidios.

Ante esto, Andesco advirtió que, de seguir con la medida, el estrato 4 sería el más afectado, ya que estos usuarios, que hoy no pagan esta contribución, tendrían que asumir unos costos adicionales en su factura estimados para un año de $205.000 millones en energía eléctrica y $37.000 millones en gas natural.

Pero si el Congreso aprueba el retiro del artículo, como fue anunciado ayer por el viceministro de Hacienda, todo quedaría igual que ahora, el sector productivo no se vería beneficiado con el cruce de IVA y el estrato 4 seguiría sin recibir ni otorgar subsidio alguno en su cuenta de servicios.

Los combustibles

Entre las propuestas de la tributaria se encuentra una modificación en la Ley 1819 de 2016 que establece el impuesto al carbono, por lo que gremios del sector energético e industrial han mencionado la necesidad de lograr mecanismos que incentiven la reducción en las emisiones, pero manifestaron la preocupación por el impacto que tendría incluir al carbón dentro de los combustibles gravados con ese impuesto.

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) afirmó que esta medida generaría un alza en el precio de los contratos bilaterales de energía del orden de $18 /kWh, hecho que representaría un impacto sobre los consumidores finales de cerca de $1,3 billones al año.

Asimismo, el gremio afirmó que este tributo representaría un fuerte impacto para las industrias nacionales, pues sectores como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, se verían afectados también por el incremento en sus tarifas eléctricas, generándoles una doble tributación.

“No se necesita poner un impuesto al carbón, se necesita es una medida regulatoria que active los mecanismos de participación de la demanda en el mercado de energía y en el de confiabilidad, como se ha hecho en muchas partes del mundo”, afirmó a EL COLOMBIANO Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía.

Por otra parte, en cuanto al gas, la reforma establece que serán sujeto pasivo del impuesto quienes lo adquieran: el productor y el importador. Esto significa que el tributo se ampliaría a las compras de gas en general, incluyendo cuando se destina a la generación de energía.

Cabe destacar que otro de los cambios que se daría tiene que ver con el aumento del IVA, del 5 % al 19 %, en el precio de la gasolina y el diésel (ACPM). Actualmente el precio promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades del país es de $8.525, valor que con el incremento del IVA al 19 % podría llegar a los $9.122 por galón.

“Este proyecto de Ley contempla una transición en el pago del impuesto para el carbón térmico en todos sus usos y para el GLP (gas licuado del petróleo) y el Gas Natural para generación de energía eléctrica. Esta transición incluye un periodo de gracia hasta el año 2024, en el cual no aplica el impuesto. A partir de ese año, se empieza a aplicar el 20 % de la tarifa y cada año se va incrementar la tarifa en 20 puntos porcentuales hasta que en 2027 aplique la tarifa plena. Esta gradualidad les permite a los agentes térmicos incorporar tecnologías más limpias y que generen menos emisiones de CO2”, concluyó Mesa Puyo.

¿Y la transición energética?

Al IVA del 19 % para la gasolina y el diésel y el tributo al carbono, también se sumó la tasa de IVA del 5 % a los bienes y servicios para el desarrollo de plantas solares, inversores de carga y controladores de carga, que estaban excluidos en la Ley 1715 (que busca promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía).

Para Santiago Ortega, director de Innovación de la empresa Emergente Energía Sostenible, esta es una medida contradictoria del Gobierno Nacional: “No tiene sentido que se busque promover un sector con beneficios tributarios, como los de la Ley 1715, para que este efectivamente se desarrolle y luego se le vuelva a poner un tributo adicional. Es una señal un poco contradictoria, porque cuando uno mira a nivel internacional sobre la necesidad de tomar acciones ante el cambio climático, el Gobierno colombiano ha estado comprometido con la transición energética, uno de los temas en los que puede sacar pecho”.

Por su parte, para Mauricio Restrepo, exgerente de EPM, si la reforma tributaria grava las energías verdes desincentivaría la participación e inversión en este sector: “Se está poniendo en riesgo no solamente la participación de estos sistemas de generación de energía, que todavía están en una etapa de maduración, sino también que los empresarios que decidan incursionar en este sector puedan ofrecer precios competitivos en las subastas de contratos de largo plazo; por lo tanto, se pierden impulsos e incentivos”, dijo.

Ante esto, el ministro de Minas y Energía aseguró que se está pensando incluir este impuesto en el desarrollo de paneles solares, ya que “en el último año hemos visto una naciente industria nacional que puede producir este tipo de bienes, y cuando estos están excluidos se discrimina contra la industria nacional. Los grandes incentivos, como la sobre deducción del 50 % por 15 años para inversiones en generación de energía con fuentes renovables y en eficiencia energética, así como la depreciación acelerada, no se tocan en el proyecto”.

Asimismo, aseguró que “no es cierto que el proyecto quite incentivos a las energías renovables y que además se esté gravando los parques eólicos al 19 %”