Economía

Colombia paga el doble por el internet que en Bolivia, México y Chile

Editora de Economía de El Colombiano. Amante de las buenas y nutridas conversaciones, la música y los viajes.

04 de noviembre de 2020

Colombia se paga el doble por 1,5 gigabyte de internet móvil, en países como Bolivia, México y Chile. Lo que además significa que los colombianos deben destinar una proporción más alta de su ingreso para soportar este costo.

Mientras en el país se destina 2,74 % del PIB per cápita para este fin, en México se destina el 1,02 %. Lo que traducido en la paridad del poder adquisitivo esto significa 29,61 dólares frente a 14,49 dólares de Bolivia o 14,75 dólares de México o 15,15 de Chile.

Así lo afirma un estudio realizado por la firma Analysys Mason, con 35 años de experiencia en el sector, y contratado por Tigo, para analizar el estado del mercado de telecomunicaciones en Colombia.

La firma sostiene, además, que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia está concentrado por un operador dominante que es Claro, y que esta condición está creciendo, tras analizar diferentes fuentes de información pública, otra obtenida a través de derechos de petición y estudios incorporados por Claro y Telefónica en el expediente administrativo.

Joan Obradors, líder del análisis, sostuvo que “Claro que lleva 59 de cada 100 pesos del mercado de voz y datos móviles, lo que demuestra que las medidas de dominancia en voz móvil, RAN y OMV no han funcionado”.

Esto significa que la porción que queda de mercado debe ser disputado por los otros jugadores existentes, es decir que “sus márgenes de rentabilidad hacen que disminuya su competitividad”.

A su vez, explicó Obradors, esta poca rentabilidad “reduce los incentivos para expandir redes en el país”, razón a la que se aduce que haya un rezago en el despliegue de 4G, que hoy está en 46 %, por debajo de países como Argentina, Brasil y Chile.

Además, Obradors sostiene que Claro es el operador que menos invierte con proporción a sus ingresos, teniendo como base las cifras de 2019 de Supersociedades, se muestra que solo representa el 18 %, mientras que Tigo tiene una relación del 33 % y Movistar del 20 %.

¿Qué dice Claro?

Por su parte, a través de un comunicado de prensa Claro sostuvo que hoy la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que: “No existe ninguna evidencia de posición de dominio”, y además que “los competidores de Claro sólo buscan beneficios regulatorios injustificados evitando invertir y competir libremente. Presionan indebidamente al Gobierno a tomar decisiones que no benefician a Colombia ni a los usuarios”.

Además el operador sostiene que la concentración del mercado en Colombia, “ha disminuido 31% en los últimos siete años. Y entre el 2013 y 2020, Claro perdió cerca de 20 puntos de participación de mercado”.

Incluso cita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que reporta cómo “las tarifas de servicios móviles han bajado más de un 50% en los últimos cuatro años producto de la competencia” y reseña que el precio del gigabyte “por de consumo de Internet en el país tuvo una disminución de dos terceras partes en los últimos años”.

Contesta Obradors que es consecuente que las tarifas hayan bajado, pero que la única razón para esto no es la competencia sino los avances en tecnología; y que en realidad se ha dado de manera muy lenta en Colombia.

Claro además sostiene que ha realizado 60 de cada 100 pesos de la inversión acumulada en el sector en los últimos 20 años, lo que es equivalente a más de $ 15.000 millones de dólares.

Sobre estos puntos puntos específicos Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, sostiene que la proporción es lógica si se tiene en cuenta el tamaño de jugador, pero no es consistente con su nivel de ingresos, que es como debería calcularse el esfuerzo empresarial por invertir en infraestructura.

Sobre la recomendación al regulador

Dice Obradors que hay fórmulas regulatorias que pueden aplicarse como: “tarifas más bajas para acceder a la red dominante”, prever la posibilidad de la asignación de un nuevo espectro con la mira en no aumentar la concentración y “limitar las prácticas anticompetitivas por parte del dominante”.