¿Luz para las unidades más chicas del agro?

La existencia de 20 casas contiguas en el campo o de aquellas unidades residenciales y productivas que se encuentran en el perímetro de una cabecera municipal se conocen como centros poblados y rural disperso. En aquellos lugares alejados el empleo generado se estima en 4,75 millones de personas, de las cuales el 60,5 % se dedican a actividades como agricultura, ganadería, casa, silvicultura y pesca, pero el covid los pone en riesgo económico.

Según reconoció el Decreto 803 de 2020, 14,9 % de la población rural cotiza pensión, 73,5 % pertenece al sistema subsidiado de salud, lo que “evidencia la alta dependencia de flujos de caja permanentes”de estos ciudadanos.

Por esto, y debido a la variaciones en la comercialización de los productos, y por esta vía la afectación de los ingresos, se creó el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP).

Lo que implica

Tras la demostración de una afectación en sus ingresos de al menos 20 %, el Estado entregará 220.000 pesos, por cada empleado, si tiene por lo menos tres vinculados.

Esto además incluye solo a los que cumplen con el pago de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), que provienen desde antes de febrero, por un salario base de un millón de pesos.

Por ahora no se conocen los formularios a llenar ni cómo las entidades financieras se vincularán a intermediar para este proceso, pero sí se tiene claro que el trámite se puede hacer por una sola entidad y empleador —si tiene múltiples por el que primero haya hecho el trámite en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp)—. Aplicará para la prima de junio.

Justamente, los requisitos anteriores muestran que esta “no es una política que busca respaldar a los campesinos, porque ellos no contratan mano de obra, si al caso lo hacen muy esporádicamente para labores de recolección por unos días, pero no pagan prima porque la informalidad en el campo es muy elevada”, aseguró Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria.

Entre otras razones, la principal expuesta por Gutiérrez es que muchas veces los productores no alcanzan a tener un salario mínimo legal mensual, “mucho menos cómo tener trabajadores contratados con todas las prestaciones, a no ser que se esté hablando de algunos sectores que desarrollan labor productiva, que son importantes, como las flores, la palma de aceitera, la caña de azúcar”, ejemplificó.

Los retos

“Esta medida será de ayuda para las empresas, pero no necesariamente los pequeños productores, porque hay otro reto fundamental que es la inclusión financiera”, dijo el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Mauricio Ramírez.

¿Por qué? Debido a que “la canalización de los recursos va a implicar que los trabajadores tengan acceso a centros de depósitos bancarios”.

En este camino, un tema al que se le debe apuntar es la fácil comercialización de los productos, dijo Ramírez, lo que también sustentan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura - FAO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Para asegurar el mantenimiento de las cadenas de valor de la producción, es importante facilitar el movimiento de trabajadores estacionales y operadores de transporte a nivel nacional e internacional, abogando por que los corredores comerciales permanezcan abiertos”, aseguraron las entidades a través del documento Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe, Cómo incrementar la resiliencia.

Algunas recomendaciones incluyen: “buscar opciones innovadoras de almacenamiento y procesamiento de alimentos”, fomentar la asociatividad “no necesariamente formalizados para la producción”, para todos los eslabones de la cadena.