Regalías ayudarían a crear empleo: Fedesarrollo

Expertos en economía del sector privado han hecho sus propuestas sobre la nueva reforma tributaria, así como planes para fomentar el empleo, apoyo a las empresas y otras medidas que permitan al país avanzar en su reactivación económica.

Precisamente, el pasado 1° de junio se dio el cierre de la cuarta y última sesión del foro que organizaron las comisiones económicas del Congreso con el fin de llegar a consensos sobre la reforma. Entre las propuestas que fueron resaltadas estuvo el paquete de medidas fiscales y de empleo que planteó Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).

En entrevista con EL COLOMBIANO, Mejía habló sobre el plan de empleo público de emergencia para jóvenes que propone y los tres elementos que considera que deben ir en la tributaria: aumento del recaudo que busque alrededor de $14 billones, recorte del gasto público y un plan antievasión y antielusión.

¿En qué consiste el plan de empleo público joven?

“Es una medida focalizada en la generación de empleo joven, que es un tema urgente en esta coyuntura. La idea es, primero, reconocer que la tasa de desempleo de los jóvenes es muy alta, está en 24 % para los hombres y 31 % para las mujeres, estamos hablando básicamente de un 1,7 millones de jóvenes que no pueden conseguir un empleo. Este plan se podría ejecutar a nivel territorial para, de alguna manera, acelerar esa recuperación. Para esto planteamos actividades, hay algunas tradicionales que se han utilizado en planes de choque en gobiernos anteriores, como la reparación y mantenimiento de infraestructura vial, mantenimiento de jardines, parques deportivos, etc”.

¿También se plantea incluir el enfoque de género?

“Sí, hemos pensado en esto, dado que las mujeres han sido las más golpeadas en la pandemia en materia de desempleo. Entonces, por ejemplo, se incluiría el cuidado de adultos mayores, el cuidado de niños en edad escolar, la contratación de grupos artísticos, culturales y deportivos. Este es un plan que puede ser ejecutado a nivel local, gobernaciones y municipios, apoyándose también en ONG, en grupos religiosos y en organizaciones comunitarias”.

¿Y el financiamiento?

“Generalmente, casi todos estos planes se estrellan contra el problema del dinero para financiarlo. Nuestra idea es que este plan sea financiado con presupuesto de regalías. Para 2021-2022 ya hay recursos indicativos de cerca de $14,3 billones. Si se destina una fracción pequeña, como un 15 % de estos recursos, se podrían financiar estos programas focalizados en personas jóvenes, a través de las entidades territoriales. Esto requiere seguramente algunas modificaciones de ley, pero creemos que es una idea que se puede implementar rápidamente y además que se puede financiar con estos recursos de regalías que serán más altos de lo que se estimaba, porque el precio del petróleo ha tenido un comportamiento muy favorable”.

¿Qué diferencia hay entre este plan y los ya propuestos por el gobierno?

“Este plan tendría dos elementos fundamentales que lo diferencian frente a propuestas que han salido anteriormente, ya sea del gobierno o de otros analistas privados. El primero es que tiene una visión amplia de proyectos que no son necesariamente solo los tradicionales de infraestructura, que son importantes pero que, al final, realmente beneficia el empleo de los hombres. Nosotros tenemos una visión de actividades en donde hay una alta participación de mujeres y podría ser muy útil para resolver el problema del desempleo femenino. El segundo es el financiamiento, porque han salido planes que seguramente no tienen unas fuentes muy ciertas de financiamiento, teniendo en cuenta, además, el problema fiscal que hay en la Nación. Por esto, se propone que este plan se ejecute a nivel territorial, aunque se pueda coordinar desde el orden nacional. Su fuente de financiamiento no afecta el espacio fiscal del Gobierno Nacional, porque se utilizaría esa porción pequeña de los recursos de regalías”.

Ya hablando sobre la nueva reforma tributaria, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debería incluir?

“El primer punto es el monto. Nosotros estamos en línea con lo que ha anunciado el gobierno en términos de una reforma que recaude alrededor de $14 billones. Creemos que es una reforma razonable y logrará resolver el problema de la inestabilidad de las finanzas públicas y del fortalecimiento del gasto social. Creemos que el aumento del recaudo debe ser permanente. Como país tenemos un problema fiscal grueso y es algo permanente, por lo que no se puede resolver con medidas transitorias. Hemos propuesto que las fuentes de ese recaudo adicional sean primero las empresas, con alineación de los beneficios sectoriales para estas que estimamos que son de $2 billones; la alineación del descuento del impuesto de industria y comercio contra el impuesto de renta, ahí sería, más o menos, $5 billones anuales y una sobretasa temporal del impuesto de renta que podría dar cerca de $2 billones. En total, esto sumaría $9 billones. En cuanto a las personas pensamos que las que ganen alrededor de $15 millones deben pagar más. También planteamos un impuesto a los dividendos que suba del 10 % al 15 % y un impuesto al patrimonio temporal, que podría arrancar en patrimonio líquido alrededor de los $1.000 o $2.000 millones. La suma de esas tres cosas podían dar un recaudo adicional cercano a $5 billones. Otro punto importante es que tiene que haber un recorte del gasto público, seguramente aquí no se pueda hacer algo sustancial, que genere ahorros importantes, pero sí es una señal clave de construcción de confianza entre el Estado y el contribuyente, porque si se le va a pedir a las empresas y a las personas de altos ingresos que paguen más, debe también haber un compromiso por parte del Estado de recortar sus gastos”.

También propone incluir un plan antievasión y antielusión, ¿en qué consiste?

“En el análisis detallado que hemos venido haciendo creemos que se debe garantizar que las personas realmente paguen lo que les corresponde. Hay dos ejemplos de medidas que se pueden implementar: la primera es que, precisamente, para propósitos del impuesto al patrimonio, los activos financieros y no financieros de inmuebles se valoren a precios del mercado, no a su costo de adquisición. Es decir, cuando la persona declara este impuesto y compró un apartamento hace 30 años, no lo va a declarar al valor de ese año sino al valor del mercado. Lo mismo con las acciones. Segundo, proponemos que no se puedan hacer transacciones en efectivo de compras de inmuebles, semovientes, joyas, obras de arte, vehículos y embarcaciones con valor superior a los $2 millones. Esto, porque usualmente una parte importante de estas transacciones se hacen fuera de los registros tributarios y contables y son también utilizados para lavado de activos.