Coltabaco cerró sus plantas en Medellín y Barranquilla

Coltabaco cerró desde este miércoles sus plantas de producción en Medellín y Barranquilla (de desvenado) según lo confirmó la compañía, filial de Philip Morris International (PMI) en Colombia, productora de marcas como Chesterfield, Derby, Marlboro, Pielroja y L&M.

En consecuencia también se da “la finalización de la compra de tabaco al culminar la cosecha prevista para finales de 2019”, dijo la empresa a través de un comunicado de prensa.

La compañía sostuvo que la decisión está motivada por cuenta de un viraje en el negocio, pero también por el aumento constante del contrabando a la industria, fenómeno que se ha profundizado por cuenta de los altos impuestos que recaen en esta industria, desde su perspectiva.

“El comercio ilícito de cigarrillos se disparó a raíz del aumento abrupto del impuesto al consumo en el año 2016 y alcanzó máximos históricos en el 2018 al ubicarse en un 25% del mercado. En este sentido, esta difícil realidad obliga a la compañía a revaluar su esquema de operación”, dijo Carlos Guzmán, vicepresidente de Coltabaco-Philip Morris International en Colombia, a través de la comunicación.

Desde 2005 Coltabaco forma parte de esta empresa internacional y en su página web asegura que es la “tabacalera más grande de Colombia y el único productor de cigarrillos a nivel nacional”.

De hecho, asegura que compra, al menos, el 51% de la producción de tabaco de Colombia.

La compañía emplea, al menos 900 personas en el país y asegura que “en relación con los cultivadores de tabaco, la compañía dará cumplimiento a los contratos vigentes de compra anticipada de hoja de tabaco, cuya duración se extiende hasta finalizar el presente año, pero no celebrará nuevos contratos a partir del año 2020”.

En todo caso, informó que “se tiene prevista la entrega de un bono a cultivadores actuales con miras a facilitar su transición a otras actividades económicas, una vez culminada la presente cosecha”.

Según confirmó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, son 250 personas las que quedarán en vilo tras el cierre. En este momento desde la cartera se está revisando el tema dado que “Coltabaco no se ha acercado al Ministerio”.

Esta es una actuación que la Ministra califica como “muy delicada (...) nosotros creemos que cada empresa que se cierra o se va es una oportunidad que se nos va, vamos a tratar de ver con Coltabaco qué es lo que pasa y desde el ministerio cómo podemos ayudarlos a ellos y los trabajadores”.

¿Cómo es el acompañamiento? Según explicó la funcionaria “el ministerio tiene que dar la autorización para el despido, a partir de eso tiene que estar pendiente de que se liquiden estas personas como se debe y lo que tiene que hacer es preocuparse por montar a todo este grupo al Servicio Público de Empleo”, para reubicarlas lo antes posible.

Y Bajo el nuevo modelo, Coltabaco SAS consolidará su proceso de integración con las afiliadas Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, potencializando sinergias, afianzando su posición de liderazgo en el mercado de la región y fortaleciendo las actividades en beneficio de su cadena de valor y comunidades”, informó través del comunicado.

Lucha para frenar el contrabando

El 26 de marzo de este año, la compañía había firmado un acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos para sellar un acuerdo de 15.000 millones de pesos por la lucha anticontrabando.

En su momento, el director ejecutivo de la FND, Carlos Camargo, había asegurado que “la destinación de los recursos dependerá de los criterios que la Asamblea de Gobernadores genera de acuerdo a su ubicación geográfica, número de habitantes, impacto socioeconómico del contrabando, resultado de gestión de operativos, y resultados del último estudio de contrabando”.

De acuerdo con un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la cantidad de cigarrillos ilegales entre 2017 y 2018 creció de 18 % a 25 % en el país.

De acuerdo con el estudio la mayor participación del mercado de cigarrillos ilegales en 2018 se dio en La Guajira, con 86 %; Cesar (80 %), Magdalena (74 %), Sucre (67 %) y Córdoba (62 %). En Antioquia, la participación pasó de 10 % a 13 % entre 2017 y 2018.