Gobierno quiere cuadrar caja con Ecopetrol: por IVA a gasolina, Dian le reclama lo equivalente a una tributaria

Ecopetrol encara en los primeros días de mayo la “tormenta perfecta”. Al desplome de los precios del petróleo, cotizándose por momentos a menos de US$60 por barril en el mercado internacional, se suman las reducciones que desde 2023 observan sus cuentas de ingresos y utilidades, el regular desempeño de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), los escándalos en los que es protagonista el presidente de la compañía, Ricardo Roa, y ahora la pretensión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que le está exigiendo un pago inicial de $9,4 billones por concepto de IVA del 19%, sobre gasolina importada.

La alerta sobre esta última circunstancia la dio la Unión Sindical Obrera (USO). Señaló que, del monto reclamado, $6,1 billones corresponden directamente a Ecopetrol, $1 billón a la Refinería de Cartagena y $2,3 billones a intereses acumulados.

El sindicato advirtió que si la medida se extiende al Acpm importado, la cuenta de cobro de la Dian podría ascender a $21 billones, comprometiendo así la estabilidad financiera de la petrolera.

Según la organización sindical, la Dian estaría aplicando un IVA retroactivo sobre las importaciones de los años 2022 a 2025, lo que equivaldría a una reforma tributaria individual para la empresa.

La USO también criticó que se grave con 19% los combustibles importados, mientras que los producidos localmente pagan solo 5 %, pese a estar destinados al mismo mercado interno.

El sindicato petrolero pidió a la Dian reconsiderar esta decisión, y a la administración de Ecopetrol defender la viabilidad financiera de la compañía.

Esta coyuntura coincide con la divulgación, esta tarde, de los resultados económicos de la empresa para el primer trimestre de 2025, que algunos analistas estiman mostrarán un escenario negativo, debido a la contracción de los márgenes en un contexto de ingresos prácticamente inalterados, que serían de alrededor de unos $32 billones.

Así es el problema del IVA entre Dian y Ecopetrol

Aunque la Dian expresó que la información tributaria es confidencial y al cierre de esta edición no se había pronunciado sobre el caso, en efecto Ecopetrol estaría al tanto del requerimiento de la entidad desde hace un par de semanas.

Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, explicó que, al parecer, todo parte del hecho de que la Dian señala que cuando se trata de gasolina importada, que es el 47% de la demanda nacional, el IVA a pagar es el 19% y no el 5% que según ellos se tiene definida para la gasolina de producción nacional.

Según el experto, esta es una interpretación que suena un poco desproporcionada, que va en contra de los acuerdos internacionales comerciales del país, los cuales no permiten generar discriminaciones tan marcadas.

En opinión de Vera, pese a que el legislador redujo el IVA a la gasolina corriente del 19% al 5% en la Ley 1955 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) de 2019, en ningún momento Ecopetrol cobró ni le trasladó a la cadena de distribución de combustibles como tal, ni a los consumidores finales del producto ese 19%.

“Que Ecopetrol tenga que pagar los $9,4 billones que la Dian le reclama, significará un efecto sustancial sobre la caja de la empresa e implicaría tener que parar una gran cantidad de inversiones y proyectos para poder cumplir con dicha obligación y terminaría generando una afectación importante sobre la producción y los resultados operativos de la empresa, que ya desde el segundo trimestre se han visto impactados fuertemente por la caída de los precios internacionales del petróleo”, anotó.

Previó que además de las afectaciones para el año, en un determinado momento serían los usuarios de gasolina corriente quienes tendrían que pagar este sobrecosto de casi $850 por galón durante 5 años para poder cubrir dicho monto.

Lo anterior, sin contar los efectos que esta medida tendría si a la vez se la suma el diésel y que termina afectando la seguridad jurídica del país, la confianza inversionista y muy seguramente habría un efecto importante a nivel del valor accionario de la empresa más importante de los colombianos.

En contraste, el especialista tributario, Julio César Leal, precisó que las importaciones generalmente están gravadas con IVA, por lo que para el cobro de la Dian referido a los años 2022 a 2025 se debieron haber hecho los requerimientos especiales a la petrolera.

Igualmente, comentó que las compras en el exterior implican el pago de aranceles y estos tienen como base el IVA (impuesto sobre impuesto).

Añadió que esos pagos debieron liquidarse cuando se ejecutó la importación, lo que de no haber ocurrido sería un gran error de la compañía petrolera y por el monto, los responsables pagarían con cárcel.

Y pese a que Vera trae a colación la Ley 1955 de 2019, Leal sostiene que esta no es aplicable toda vez que el Artículo 74 habla expresamente del productor de la gasolina, y para el caso Ecopetrol no actuó como productor y sí como importador.

Vale anotar que en el informe de resultados de Ecopetrol correspondiente al 2024 no se mencionan litigios o procesos que estuviera adelantando la Dian contra la compañía y menos referidos al pago de IVA por importaciones de gasolina.

¿Tributaria a cargo de Ecopetrol?

El exdirector de la Dian, Lisandro Junco, consideró que Ecopetrol debe defenderse ante la Dian y acudir a la vía contenciosa. Eso dilataría el pago hasta que haya una decisión de última instancia ante la sección 4 del Consejo de Estado, cosa que no ocurriría en este Gobierno.

“Sin acto administrativo en firme no hay lugar al pago. Cuando fuimos Gobierno dejamos claro que los conceptos de la Dian nos son vinculantes a los contribuyentes y Ecopetrol lo es”, sentenció Junco.

Por su parte el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, fue más allá y enfatizó en que el Gobierno de Gustavo Petro está “desplumando a Ecopetrol”.

En su cuenta de X, el exfuncionario escribió que “el Gobierno parece que está cuadrando caja por cuenta de Ecopetrol, a la que está ahorcando. En adición a la multa que puede llegar a $22 billones, que la Dian le ha impuesto a Ecopetrol por el no pago del IVA en las importaciones de gasolina y diésel, ahora se conoce otra medida que succiona bruscamente $7,7 billones a la petrolera”.

Precisó que se trata del pago que el Ejecutivo acaba de hacerle a Ecopetrol por concepto de la cancelación de pasivos derivados del Fondo de Estabilización de Combustibles (en el que el Gobierno es deudor y Ecopetrol acreedor), no con efectivo, sino con TES de corto plazo

“Es decir, el Gobierno paga con vales de poca liquidez en mercado su deuda, poniendo a Ecopetrol en un grave predicamento, pues tiene que devolverle al Gobierno esa misma suma bajo la forma de dividendos saliendo a vender unos TES que gozan de muy poca liquidez en el mercado”, agregó Restrepo.

Desde esa óptica, el Ejecutivo le succiona a Ecopetrol casi $30 billones “de golpe y porrazo”. Y agregó: “El Gobierno hace así caja, y cubre sorpresivamente sus decaídas finanzas, pero mientras tanto las de Ecopetrol quedan en una situación calamitosa. Sin capacidad alguna de inversión en proyectos energéticos urgentes que tanto necesita el país. ¡Las plumas de la gallina de oro (Ecopetrol) están desapareciendo a marchas forzadas. La está desplumando ferozmente el Gobierno para cuadrar su caja desfalleciente!”.

En este punto, el exministro cuestionó sobre ¿qué dirá de todo esto la junta de Ecopetrol? “Los inconvenientes de tener una junta directiva de la principal empresa del país de bolsillo gubernamental, cuyos directores creen que su función es responder dóciles las órdenes de la Casa de Nariño y no por los intereses de la propia Ecopetrol, y de los 250.000 accionistas independientes que tiene la empresa, se hacen cada día más evidentes”.

Otro exministro, el de Minas y Energía, Amylkar Acosta, analizó que la apuesta de la Dian es estrangular a Ecopetrol. “Basada en un absurdo concepto de la propia Dian, aplicado con retroactividad, se pretende que Ecopetrol le pague $21 billones de IVA aplicable a la importación de gasolina y diésel. Con ello le tuerce el pescuezo a la gallina de los huevos de oro”.

La acción de Ecopetrol en los mercados

Las intenciones de la Dian sobre Ecopetrol marcaron una jornada a la baja del precio de la acción de la petrolera en la rueda bursátil, y el valor de la especie fue el desvalorizado en la jornada de ayer, en la BVC, al caer 2,31% y cerrar en $1.695, nivel en el que estuvo entre finales de 2024 e inicios de este 2025. En la bolsa de Nueva York, el ADR de la empresa retrocedió 3,31%, bajando de US$8,15 a US$7,88.

A su turno la cotización del petróleo referencia Brent para Colombia tuvo un descenso de 1,66% y se pagó a US$60,27 el barril. Esta dinámica se dio en un inicio de semana con una notable turbulencia, marcada por una significativa corrección a la baja en los precios. El catalizador principal de esta presión a la baja fue el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). Durante su reunión de fin de semana, el cartel decidió reintroducir 411.000 barriles diarios de producción al mercado a partir de junio.

Esta corrección en los precios del Brent representaría un riesgo material para los ingresos de Ecopetrol, pues de mantenerse la tendencia bajista, se seguiría viendo presionada la rentabilidad de la compañía.

Otros intentos de ajustar la caja de Petro

“La decisión de la Dian contra Ecopetrol no es un simple proceso de fiscalización. Es una reforma tributaria encubierta, impuesta por vía administrativa, sin pasar por el Congreso, sin ley, sin debate, y con efecto retroactivo. Es, en otras palabras, un atentado contra la seguridad jurídica, el derecho societario y el interés público”.

La advertencia la hace Carolina Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana y especializada en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, quien señala que existe una jugada clara por parte del Gobierno Nacional.

“Ante un déficit creciente, un gasto desbordado, metas fiscales incumplidas y una economía desacelerada, el Gobierno acude a lo que tenga a la mano para exprimir recursos. Pero hacerlo sobre una empresa con gobierno corporativo, participación bursátil y proyecciones de inversión en transición energética es una torpeza que compromete no solo la institucionalidad fiscal, sino también la sostenibilidad energética del país”, anotó Restrepo.

Y es que esta cuenta de cobro se suma a otras iniciativas de la administración Petro como la anunciada a mediados de abril, cuando el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto modificando las tarifas de retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios, incluyendo un cambio: que los autorretenedores también sean sujetos de retención.

En la práctica, esto implicaría que el Gobierno pueda recaudar por adelantado una tajada más grande del impuesto de renta de sectores económicos estratégicos.

César Díaz Guerrero, vocero de las comercializadoras internacionales de oro, comentó que el proyecto de decreto incentivaría la minería ilegal e informal, ya que impactaría directamente la liquidez de las empresas mineras formales, las cuales tendrían que destinar hasta el 7% de su caja en retenciones fiscales. Se trata de una carga muy compleja para las finanzas de cualquier industria y que, en la práctica, no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas, sino que representaría un incentivo a la informalidad.

Citado por El Nuevo Siglo, Díaz rechazó un incremento injustificado y desproporcionado que “desconoce la realidad de la actividad comercializadora de oro, poniendo en riesgo la viabilidad de una actividad que permite, a través de procesos transparentes, generar divisas y facilitar la exportación del mineral producido por pequeños mineros, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad”.

No menos audaces han sido los anuncios de realizar reformas tributarias al amparo de la reciente conmoción interior decretada para superar la situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, o acudir a la reforma económica aprovechando el brote de fiebre amarilla.

Desde el área de investigaciones del Banco de Bogotá se explicó que el déficit fiscal del primer trimestre fue de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en más de 20 años.

“Lo anterior fue resultado de unos gastos que crecieron anualmente más de 20% hasta $113,1 billones mientras que los ingresos cayeron 0,2% a $77,7 billones”, anotaron los expertos de esta entidad financiera.

A finales de 2024, cuando el Gobierno decretó el cupo de emisión de Títulos a Corto Plazo (TCO) más alto de la historia, los analistas del Banco de Bogotá alertaron que, para la Nación, los problemas de caja podrían ser mayúsculos.

Desde aquel momento, los riesgos en caja se han materializado con un recaudo tributario débil (afectado también por las altas devoluciones de la Dian) y unas presiones de gasto elevadas.

Lo llamativo fue la emisión de $7,7 billones de TCO (equivalente a 4 meses de subastas) para el pago a Ecopetrol del saldo total del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Así, el Gobierno empezó a utilizar esos títulos para solventar sus problemas de caja. Dada la poca liquidez de estos títulos, la caja (o liquidez) de Ecopetrol se debe haber visto afectada y, así, prácticamente la Nación trasladó sus problemas de caja a Ecopetrol.