Procurador sugiere no vender a Isagén
Reportero por vocación. Convencido de que el periodismo es para mejorar la vida de la gente. Ahora escribo de temas económicos en El Colombiano.
“De manera atenta me permito solicitar se analice la pertinencia de continuar con el proceso de venta (de Isagén), por cuanto a la fecha se encuentran en curso nueve acciones judiciales, cuyas decisiones pueden resultar adversas a los intereses de la Nación, pudiendo afectar no solo la estabilidad jurídica del negocio, sino el patrimonio público”.
Esto dice una carta del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien lidera el proceso de privatizar el control accionario de Isagén.
La carta se conoció ayer, a solo seis días de la fecha establecida por el Gobierno para la subasta en que tres firmas multinacionales pujarán por el 57,6 por ciento de las acciones de la Nación en la segunda generadora de Colombia: la francesa GDF Suez (hoy Engie), la chilena Colbún y el fondo canadiense Brookfield.
Para Ordóñez, lo recomendable es que se espere a conocer los fallos de la justicia, recomendación que puso sobre la mesa del Gobierno como parte del “acompañamiento preventivo” que hace el Ministerio Público a la enajenación de acciones que comenzó en julio de 2013.
La petición del procurador Ordóñez se suma al análisis que publicó la Contraloría General de la Nación el lunes pasado, en que ve loable que se invierta los recursos de la venta en infraestructura vial, pero “Se pasa a depender de las acciones de los privados para expandir la oferta energética” del país.
Lo cierto es que tres acciones populares y otro tanto de acciones de nulidad para frenar o replantear la privatización de Isagén aún no tienen decisión de fondo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el Consejo de Estado, respectivamente. Y eso, pese a que se radicaron entre agosto y noviembre de 2013
Por eso demandantes como el expresidente Álvaro Uribe (mediante su apoderado), el mandato Dueños de Isagén y el colectivo Red de Justicia Tributaria han cuestionado la lentitud de la justicia en este caso.