Expertos piden concertación responsable para el salario mínimo de 2026 y alertan sobre riesgos fiscales

En una comunicación, un amplio grupo de expertos hizo un llamado a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo para que la negociación del aumento salarial de 2026 se realice con responsabilidad y bajo criterios técnicos.

Los firmantes reconocen que el salario mínimo es una herramienta clave para garantizar dignidad y protección a los trabajadores formales, en un contexto económico que busca crecimiento y mayor generación de oportunidades. Por ello, resaltan que contar con un piso salarial sólido y sostenible es fundamental para impulsar la equidad y fortalecer la protección social.

Advierten que la mesa, integrada por trabajadores, empleadores y el Gobierno, debe orientarse a lograr acuerdos que reflejen la realidad económica del país, con el propósito de alcanzar una concertación efectiva.

El documento señala que el salario mínimo cumple un papel central en la economía nacional, pues incide directamente en la demanda de empleo formal, la oferta de trabajo, la competitividad, la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas.

Por esta razón, su definición debe ajustarse a los lineamientos constitucionales y legales, que garantizan un ingreso vital y móvil, acorde con la inflación y el comportamiento de la productividad laboral.

Los 115 firmantes subrayan que, en economías modernas, es natural que los salarios, incluido el mínimo, se actualicen para compensar la inflación causada o esperada. Asimismo, consideran que las ganancias en productividad deben reflejarse en mejores ingresos, de manera que se impulsen el crecimiento económico y la generación de empleos de calidad.

Informalidad y límites del salario mínimo como política social

El pronunciamiento advierte que el salario mínimo no es, por sí solo, la herramienta más idónea de política social para corregir los problemas de distribución del ingreso y equidad. En ese sentido, destacan que otras medidas pueden resultar más efectivas para evitar la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo formal y perjudicar a quienes están desempleados o en condiciones de informalidad.

Las cifras que presentan son contundentes: en Colombia, el 55% de los ocupados es informal, proporción que asciende al 80% en el campo. Además, por cada trabajador que recibe salario mínimo hay cuatro personas en la informalidad.

En este contexto, los expertos insisten en que las variables más relevantes para la concertación deben ser la inflación y la productividad.

Los firmantes alertan que los incrementos del salario mínimo que superan la inflación y la productividad pueden generar efectos contrarios a los deseados.

Entre estos impactos mencionan un aumento de la informalidad y mayores presiones sobre los precios, que terminan afectando con mayor intensidad a la población de menores ingresos.

En este punto, citan los análisis de los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana, que han sido enfáticos en advertir sobre estos riesgos.

También se subraya el impacto fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 contempló un incremento del salario mínimo del 7,1%. De acuerdo con estimaciones de la Anif, cada punto porcentual adicional de aumento tendría un costo cercano a los 240.000 millones de pesos en pensiones y alrededor de 600.000 millones de pesos en gasto total no financiado para la Nación.

Llamado al acuerdo para el salario mínimo de 2026

De cara a la negociación del salario mínimo para 2026, los firmantes instan a los actores de la mesa de concertación a alcanzar un acuerdo responsable, sustentado en criterios técnicos. Señalan que solo de esta manera se protege a los trabajadores formales y se abren oportunidades para quienes hoy permanecen en la informalidad o están en búsqueda de empleo.

El mensaje concluye con un llamado a un diálogo serio que permita llegar a un acuerdo justo, sostenible y favorable tanto para el empleo formal como para el crecimiento económico del país.

Entre los 115 firmantes, hay varios nombres ampliamente reconocidos por su paso por cargos de alto nivel en el sector público, la academia y el sector privado. Estos son algunos de los más destacados, con base en su trayectoria conocida:

Alejandro Gaviria: Exministro de Educación y de Salud, exrector universitario y una de las voces más influyentes del debate económico y social del país.

José Antonio Ocampo: Exministro de Hacienda, excanciller, exdirector de Planeación Nacional y expresidente de organismos económicos internacionales.

Rudolf Hommes: Exministro de Hacienda y referente histórico en política económica.

María Fernanda Suárez: Exministra de Minas y Energía y exdirectiva del sector energético.

Carolina Soto: Excodirectora del banco central y exfuncionaria del Ministerio de Hacienda.

Ana Fernanda Maiguashca: Exviceministra de Hacienda y exdirectiva del banco central.

Juan José Echavarría: Exgerente del banco central y exdirector de centros de pensamiento económico.

Francisco José Lloreda: Exministro de Tecnologías de la Información y exdirigente gremial.

Juan Ricardo Ortega: Exdirector de la autoridad tributaria y exviceministro.

Rosario Córdoba: exdirectiva de uno de los principales centros de estudios económicos del país.

Roberto Steiner: Economista y destacado investigador económico.