Empresarios alertan por riesgos en el suministro de gas y energía y piden acelerar proyectos

En el Congreso Anual de la Andi, en Cartagena, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez; el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Ricardo Ortega, y el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, coincidieron en la urgencia de acelerar proyectos de gas y energía, recuperar la confianza entre Gobierno, empresas y comunidades y preparar al país ante una eventual estrechez energética.

En su intervención, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, advirtió sobre la necesidad de acelerar las inversiones en gas y energía y recuperar la coordinación entre el sector público y privado, ante los riesgos que enfrenta Colombia para garantizar el abastecimiento energético.

La empresaria destacó como un hecho relevante de la semana la obtención de la licencia ambiental para ampliar la capacidad de SPEC, infraestructura clave para atender las necesidades de gas del país en un contexto en el que Colombia está importando este combustible ante la insuficiencia de la producción nacional.

Gutiérrez también llamó la atención sobre la caída de los proyectos de exploración de hidrocarburos y gas durante los últimos ocho años. A su juicio, esta tendencia constituye una señal de alerta que debe llevar al país a revisar nuevamente su política de exploración y producción.

En este escenario, mencionó la situación de Canacol Energy y señaló que la compañía tiene problemas asociados con algunos de sus pozos. Por ello, consideró necesario que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revise los contratos y que los diferentes actores vuelvan a sentarse para evaluar alternativas que permitan garantizar el suministro.

Para Gutiérrez, uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será recuperar la confianza entre el sector público y el privado, así como entre las empresas y las comunidades.

“Nos toca recuperar la confianza”, planteó la presidenta del Grupo Aval, al señalar que los últimos cuatro años dejaron importantes lecciones sobre las dificultades para trabajar de manera coordinada entre el Estado y las empresas.

A su juicio, el país necesita reglas de juego claras y mayor confianza para poder ejecutar los proyectos que requiere. Esa confianza, explicó, debe construirse en tres frentes: entre el sector público y el privado, entre el sector privado y el público, y con las comunidades.

La exministra también recordó que Colombia ha creado en distintos momentos mecanismos de coordinación interinstitucional para sacar adelante proyectos considerados estratégicos. Mencionó su experiencia con los Proyectos de Interés Nacional (PINES) y las comisiones intersectoriales que se han creado para facilitar su ejecución.

En ese sentido, señaló que el vicepresidente José Manuel Restrepo tiene una tarea importante en la revisión y ejecución de proyectos, mediante una coordinación efectiva entre las distintas entidades del Gobierno.

Otro de los puntos planteados por Gutiérrez fue la necesidad de recuperar a Ecopetrol como una empresa capaz de generar confianza y atraer nuevamente a grandes socios internacionales.

“Recuperar a Ecopetrol significa de verdad volver a tener la empresa que todos los colombianos queremos”, afirmó.

La presidenta del Grupo Aval consideró necesario que la petrolera vuelva a trabajar con compañías internacionales que anteriormente participaron en el desarrollo de la industria colombiana, entre ellas Occidental Petroleum (Oxy).

Gutiérrez sostuvo que Colombia necesita ese conocimiento y experiencia internacional para desarrollar proyectos de exploración y producción. En particular, señaló que el país requiere volver a explorar y aprovechar el conocimiento técnico que pueden aportar los socios internacionales.

Empresas ofrecen capital e ingeniería para la reconstrucción

Por su parte, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, destacó la disposición de las empresas para contribuir a la atención de las necesidades del país mediante aportes de ingeniería, equipos, recursos y mecanismos como las obras por impuestos.

Ortega planteó que el Gobierno podría crear mecanismos para que las empresas que actualmente cuentan con caja y capacidad de inversión adelanten recursos para reconstruir infraestructura y posteriormente descuenten esas inversiones de sus obligaciones tributarias durante varios años.

La propuesta busca que las compañías puedan ejecutar obras de manera inmediata y recuperar progresivamente esos recursos mediante impuestos futuros, con una tasa de interés que permita mantener un esquema equilibrado.

El empresario sostuvo que este mecanismo permitiría utilizar ingresos tributarios que el Estado todavía no ha recaudado, pero que podría recibir en los próximos cuatro o cinco años, para atender necesidades urgentes en el presente.

El exdirector de la Dian recordó que Colombia ya ha utilizado mecanismos similares para enfrentar crisis de gran magnitud.

Como ejemplo citó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), creado después del terremoto que afectó esa región. Según señaló, el esquema empresarial utilizado entonces permitió avanzar de manera efectiva en la reconstrucción.

También mencionó la crisis financiera de 1998, cuando el país enfrentó un fuerte deterioro de la banca pública. Según Ortega, en ese momento fue posible recuperar las entidades financieras con el respaldo del seguro de depósitos y mecanismos de recuperación a plazos de entre 10 y 15 años.

“Nos toca confiar en una variable y es cómo nosotros somos capaces de construir el futuro que necesitamos hoy”, sostuvo.

El empresario consideró que Colombia cuenta con personas y capacidades suficientes para diseñar nuevamente mecanismos que permitan financiar las necesidades actuales sin comprometer de manera desproporcionada las finanzas futuras.

Ortega coincidió con Gutiérrez en la necesidad de acelerar los proyectos, pero advirtió sobre la importancia de cuidar el lenguaje y evitar que se genere la percepción de que el desarrollo de infraestructura significará pasar por encima de las comunidades.

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Señaló que existe el riesgo de que se alimente la idea de que las comunidades no recibirán los compromisos acordados o de que sus derechos serán desconocidos.

Por ello, insistió en que el respeto y el cumplimiento de los compromisos con las comunidades deben ser una condición fundamental para ejecutar los proyectos.

A su juicio, Colombia debe demostrar que puede desarrollar infraestructura y obras de manera eficiente, pero también respetando los derechos de las poblaciones involucradas.

Riesgo de menor generación hidroeléctrica por el fenómeno de El Niño

A su turno, Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema energético colombiano ante un eventual fenómeno de El Niño de alta intensidad.

“El país se alumbra con agua”, señaló Henao, al explicar que la generación hidroeléctrica sigue siendo fundamental para el sistema energético nacional.

De acuerdo con su intervención, el país podría enfrentar un fenómeno de El Niño particularmente fuerte, con una reducción significativa de los niveles de los embalses. Advirtió que, en un escenario extremo, la capacidad de almacenamiento de agua podría acercarse al 30%, lo que reduciría considerablemente la disponibilidad de generación hidroeléctrica durante el verano.

El riesgo se presenta además en un momento de máximo consumo de energía y con retrasos importantes en la entrada de generación térmica y en infraestructura de transmisión.

Henao señaló que, de cada 10 plantas térmicas que deberían haber entrado al sistema, solamente lo hicieron 1,5. A esto se suma que cerca del 60% de las plantas y líneas de transmisión presentan retrasos.

“Es como si nos ponen a correr 42 kilómetros y no hemos corrido tres kilómetros”, explicó para dimensionar el nivel de preparación que, en su opinión, tiene actualmente el sistema frente al desafío energético.

Ante una eventual reducción de la generación hidroeléctrica, Henao sostuvo que Colombia necesitará garantizar el suministro de gas, diésel y otros combustibles líquidos para las plantas térmicas.

Por eso, indicó que ya planteó al presidente encargado de Ecopetrol, la necesidad de fortalecer toda la cadena logística que permita movilizar los combustibles y asegurar que lleguen a los lugares donde serán requeridos.

El cálculo presentado durante el panel es de unos 39.000 barriles diarios de diésel que deben estar disponibles en los sitios de consumo.

El problema, explicó, es que alrededor del 80% de ese combustible debe llegar al interior del país. La situación genera un riesgo logístico adicional porque Colombia no cuenta con todas las vías necesarias para movilizar esos volúmenes de manera eficiente.

Henao mencionó específicamente las dificultades asociadas con la infraestructura vial y la necesidad de contar con alternativas al transporte tradicional.

El requerimiento implicaría disponer de aproximadamente 148 vehículos diarios durante 10 meses consecutivos para movilizar el combustible.

El presidente de la junta de Ecopetrol también alertó sobre los riesgos de seguridad que podrían afectar el transporte de combustibles.

Entre ellos mencionó la posibilidad de bloqueos y las dificultades asociadas con grupos armados ilegales, lo que podría comprometer la cadena logística.

Por eso, planteó la necesidad de mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente que permita verificar que el diésel esté disponible en los lugares donde se necesita.

La misma lógica, agregó, debe aplicarse al gas. La molécula debe estar disponible exactamente en el momento requerido para evitar interrupciones.

En ese sentido, señaló que el ingreso de gas por Puerto Ballena debe estar garantizado en enero, mientras que el suministro por Buenaventura debe comenzar en noviembre. A su juicio, no se puede perder un solo día en la preparación del sistema, porque una interrupción durante un periodo de alta vulnerabilidad podría llevar al país a enfrentar un apagón.

Licencia de SPEC abre una alternativa para enfrentar la contingencia

Henao también agradeció a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Minas por la resolución relacionada con SPEC.

Según explicó, esta decisión permite comenzar a generar alternativas para enfrentar la contingencia energética y fortalecer la capacidad de importación y manejo de gas.

En su opinión, uno de los cambios que necesita la política energética colombiana es dejar de lado las discusiones ideológicas y concentrarse en la ejecución de proyectos.

También planteó revisar los excedentes de energía disponibles, estimados en 1.875 megavatios (MW), con el propósito de determinar cómo pueden incorporarse al sistema para aliviar las restricciones de oferta.

El exministro Henao sostuvo que, si llega un momento en el que Colombia no cuenta con suficiente gas o energía debido a la estrechez del sistema, será necesario que el Gobierno tome decisiones sobre cuáles actividades deberán ajustarse.

Entre las posibilidades mencionó la refinación y otros sectores que podrían verse afectados por la falta de disponibilidad energética. El punto central, explicó, es discutir anticipadamente con el Gobierno cuáles serían los sacrificios necesarios para evitar que una eventual crisis energética se convierta en una emergencia mayor.

A esto se suma el costo económico de garantizar el suministro de combustibles. Los 39.000 barriles diarios de diésel representarían, según la estimación presentada, entre $3,5 millones y $5 millones de gasto adicional.

Henao planteó que el país debe definir quién asumirá ese costo, especialmente porque las plantas térmicas ya enfrentan una presión financiera importante.

El panel coincidió en que Colombia necesita pasar de los anuncios a la ejecución de proyectos de infraestructura, energía y reconstrucción.

Sin embargo, el reto no se limita a acelerar trámites. También implica garantizar reglas claras, confianza entre empresas, Gobierno y comunidades, seguridad para las operaciones, disponibilidad de recursos y condiciones que permitan mantener la competitividad.

En ese escenario, las propuestas planteadas apuntan a una misma necesidad: preparar al país para una eventual estrechez energética, acelerar la inversión, recuperar la exploración de gas y petróleo, fortalecer a Ecopetrol y utilizar mecanismos de colaboración público-privada para atender las necesidades más urgentes.

La discusión también deja sobre la mesa una pregunta fiscal: cómo financiar las inversiones inmediatas cuando el Gobierno enfrenta restricciones de recursos. La alternativa planteada por los empresarios consiste en utilizar parte de los ingresos tributarios futuros para financiar desde ahora obras prioritarias, bajo esquemas que permitan recuperar esos recursos durante los siguientes años.

El mensaje central del panel fue que Colombia necesita ejecutar con rapidez, pero también con coordinación, seguridad, responsabilidad fiscal y respeto por las comunidades.

*Periodista enviado especial al Congreso de la Andi en Cartagena.

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