ABC del proyecto de ley del Ministerio de Minas que busca bajar las tarifas de energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó ayer el proyecto de ley “regulación justa y democratización del sector energético” ante la Secretaría de la Cámara de Representantes.

Este proyecto busca reformar las leyes 142 y 143 de 1994 con el objetivo de “garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía, promover la sostenibilidad financiera del sistema, y avanzar en la transición energética justa y la adaptación al cambio climático”, explicaron desde el Ministerio.

Desde la cartera indicaron que los cambios que se busca que haya con el proyecto es la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.

“Este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”, señaló Palma. Y resaltó que el proyecto busca garantizar la equidad en la prestación del servicio, la sostenibilidad financiera del sistema y la transparencia en la facturación de las tarifas.

Más alcances del proyecto

Otro de los puntos que contempla la iniciativa es la mitigación de los impactos de la opción tarifarias, por lo que de esa manera, según el Ministerio, se distribuirían los saldos que afectan a los estratos más vulnerables.

Este aspecto sería incluido en un nuevo artículo de la ley 143 de 1994, el cual según el proyecto quedaría “de manera excepcional y en concordancia con el principio de solidaridad y redistribución de ingresos del artículo 367 de la Constitución Política, los usuarios de estratos 5, 6, los no residenciales y los no regulados a nivel nacional, asumirán la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 a nivel nacional”.

Allí explican que la Creg en menos de tres meses debe definir los mecanismos especiales por medio de los cuales hará el manejo y asignación de los saldos de opción tarifaria, calculados al corte de la entrada en vigencia de la Ley. De igual manera, deberá determinar la responsabilidad de su cálculo, liquidación, recaudo, balance y redistribución entre agentes.

También indicaron que el Ministerio de Minas, o quien ellos definan, deberán establecer en un plazo no superior a un mes los criterios de excepción al artículo, entre los cuales se deberá tener en cuenta la no afectación de la economía popular y usuarios no residenciales de los pequeños negocios ubicados en estratos 1, 2 y 3.

En el proyecto también mencionaron los cambios que tendría la Creg, la cual pasaría a estar integrada por el ministro de Minas y Energía; el ministro de Hacienda; el director del Departamento Nacional de Planeación; cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva; un experto representante de la academia de dedicación exclusiva; por un representante de los usuarios con dedicación exclusiva; un representante de los sindicatos con dedicación exclusiva; y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios quien asistirá con voz, pero sin voto.

“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, añadió el ministro Palma.

De igual manera, el proyecto crearía un Comité Consultivo Ciudadano, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y los ciudadanos en los procesos regulatorios y establecería nuevos mecanismo de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país.