“Solo Melo puede admitir responsabilidad en su nombre propio”: Grupo Aval sobre acuerdo por sobornos con justicia de Estados Unidos

En un documento enviado a medios de comunicación, el Grupo Aval y Corficolombiana dieron su versión sobre el acuerdo al que llegaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener una investigación penal contra el conglomerado.

De acuerdo con las compañías, el acuerdo al que se llegó con las autoridades estadounidenses no es una condena penal ni contiene ninguna acusación contra algún miembro del Grupo Aval, con excepción de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, a quien el documento se refiere como “el ejecutivo antiguo de Corficolombiana”.

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Sin embargo, las compañías reconocen que sí obtuvieron unos beneficios indebidos de estas conductas ilegales y, por esa razón, acordaron hacer una “devolución de beneficios obtenidos” que suman un total de $32.1 millones de dólares, más intereses de $8.1 millones de dólares, es decir alrededor de $40 millones de dólares, que equivalen a 164 mil millones de pesos.

“Los acuerdos con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la SEC (Comisión Nacional de Valores, por sus siglas en inglés) no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista de Grupo Aval, ni contra ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana (CFC), salvo contra el ejecutivo antiguo de Corficolombiana”, señaló la empresa.

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Sin embargo, aclaró que el acuerdo no constituye reconocimiento de responsabilidad por parte de Melo, pues la responsabilidad penal es individual. El reconocimiento hecho por el Grupo Aval lo hace, según la compañía, porque Melo era uno de sus agentes y por eso la hace responsable de sus acciones.

“Ese tipo de admisiones solo las puede hacer la persona acusada. Nadie puede admitir o confesar un hecho por cuenta de un tercero. Es una norma elemental y universal del debido proceso en cualquier país. El antiguo empleado de CFC es considerado por la legislación americana como un ‘agente’ de CFC y, por este motivo CFC asumió responsabilidad ante el DOJ y la SEC de los señalamientos contra este exempleado. No obstante, es muy importante enfatizar que sólo él (el antiguo funcionario) podría admitir responsabilidad en su propio nombre”, agregaron las dos compañías.

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El acuerdo alcanzado en Estados Unidos, entre el Departamento de Justicia gringo, el regulador de la bolsa y Grupo Aval, se logró luego de que este último reconociera su responsabilidad en el entramado corrupto que llevó a la adjudicación de la Ruta de Sol 2, —en asocio con Odebrecht—.

“Corficolombiana, junto con sus coconspiradores, acordó pagar más de $20 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructuras,” declaró la fiscal general adjunta en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Y por su parte, el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron, aseguró que “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades. En virtud del acuerdo de procesamiento diferido, la empresa está pagando una importante sanción penal y seguirá cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta”.

En un comunicado, el condenado José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, rechazó el acuerdo, pues según aseguró, este limita su derecho a la defensa en Colombia.

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Según él, está demostrado que hubo personas diferentes a él vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana que tuvieron conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión, de manera directa e independiente, respecto de las decisiones financieras, operativas y contables tanto de la Concesionaria Ruta del Sol II como del consorcio constructor Consol.

Recientemente, el gobierno colombiano anunció que pedirá a las autoridades de Estados Unidos que le envíen toda la información recopilada contra el Grupo Aval y Corficolombiana por el caso Odebrecht, para que se adelanten en el país todas las investigaciones que sean necesarias contra el conglomerado económico o contra sus funcionarios.