Gustavo Petro no va a negociar con el fracking

El triunfo de Gustavo Petro fue, también, el triunfo de muchos colectivos ambientalistas. Por eso ahora que la nombrada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le cerró la puerta al fracking, varios respiran aliviados. Sin embargo, esto puede reñir con conceptos del Consejo de Estado, las posibles consecuencias para las arcas de la Nación y posibles demandas de empresas con las que la Nación ya tenía compromisos.

Y es que uno de los primeros anuncios de Muhamad tras ser nombrada por Petro fue que acabará esta práctica, que llevará a la realidad la promesa del Pacto Histórico en campaña. Y reforzó su discurso asgurando que la Nación debería enfocarse en acelerar la transición energética hacia las energías renovables, cosa que hace de manera acelerada el gobierno de Iván Duque.

De hecho, en diálogo con EL COLOMBIANO, Muhamad aseguró que “el fracking es una técnica no convencional de explotación de hidrocarburos que tiene unas implicaciones ambientales muy fuertes. Hoy, las comunidades del Magdalena Medio, donde iniciaron los pilotos, no están de acuerdo. Necesitamos acelerar la transición energética en lugar de aumentar la dependencia en hidrocarburos. La salida es la prohibición”.

Más adelante la próxima ministra de Ambiente le dijo a a Blu Radio: “Se cierra la puerta al fracking, creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicios que beneficios. Creemos que el fracking no es una alternativa para un complejo como lo son los ecosistemas colombianos. Debemos acelerar la transición”.

Estas declaraciones toman más vuelo con una demanda que pretendía declarar nulas las normas técnicas del fracking en Colombia que fue rechazada este jueves por el Consejo de Estado. Según el alto tribunal, el demandante no entregó los argumentos suficientes.

Las normas demandadas eran el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, emitidas por el Ejecutivo. Lo que se argumentó, pero que el Consejo de Estado desestimó, es que estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales, la salud humana y animal. Y violan el principio de precaución. Pero, según se lee en la decisión del Consejo de Estado, el demandante no logró demostrar que las normas fueran contrarias o ajenas al conocimiento científico.

“Las normas demandadas no crean, autorizan, avalan o permiten el fracking. Contienen la actualización de la reglamentación técnica que ya existía de una actividad que no está prohibida”, precisó el alto tribunal.

Cinco consejeros votaron para archivar la demanda, otros tres salvaron voto. Los ponentes fueron los magistrados Ramiro Pazos y Jaime Rodríguez.

Después del tema legal, está el futuro de las exploraciones que se adelantan en el país, como la del proyecto piloto Kalé, que ya cuenta con licencia ambiental, y que está en firme tras un fallo reciente del Tribunal Administrativo de Santander.

Algunos dudan de si la próxima Presidencia podría cancelar el contrato. La respuesta es afirmativa, pues los contratos se pueden terminar de manera unilateral. El diario La República publicó que “según la causal de terminación que se invoque, el Gobierno tendría que adelantar un proceso contractual para la terminación unilateral, porque la discrecionalidad no es absoluta. La eventual terminación generaría daños frente a derechos adquiridos de contratistas, y generaría reclamaciones en materia de inversión internacional”.

El problema al que se enfrentaría el Gobierno Petro es al daño ocasionado a Kalé: que sería la pérdida económica, por lo que tendría que indemnizarla, valor que un perito tasaría