Sindicatos y empresarios rechazan intervención por un año más de Gobierno a Comfenalco Antioquia
Trabajadores y afiliados de la Caja expresan que faltan claridades sobre la argumentación para extender por un año más la intervención. Sindicatos expresan irregularidades en el proceso. Aquí todos los detalles.
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Ya se cumplen casi tres años de intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar sobre Comfenalco Antioquia, y ahora, durante la Asamblea de Afiliados, se anunció que se prolongará otro año. No obstante, la noticia no cayó nada bien en un sector de los trabajadores, así como en los empresarios que consideran que faltan justificaciones técnicas para dicha decisión.
Como es de recordar, la Supersolidaria tomó control sobre Comfenalco en 2023, tras argumentar la detección de riesgos jurídicos y patrimoniales por el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud trasladados a una fiducia a través de Mandato Salud S.A.S. sin un soporte contractual claro, además de falta de control del consejo directivo sobre estas decisiones.
Por esa razón, el interventor desplegó un plan de mejoramiento para Comfenalco con metas específicas en los componentes de salud y vivienda. La cuestión es que esos objetivos ya cuentan con un cumplimiento del 87% para este año y superaron el 90% en 2025, pero la Supersubsidio prorrogó por 12 meses más su administración sobre la Caja.
Además, se trata de la tercera prórroga en tres años. La primera fue por 7 meses, el 16 de septiembre de 2025, y la segunda el 10 de abril de 2025, por un año más.
Inconformidad en afiliados de Comfenalco Antioquia
La noticia desató inconformidad sobre varios empresarios afiliados. Consideran que hoy se cumplen los criterios suficientes para comenzar un proceso de desintervención y volver a la autonomía de la entidad.
Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, expresó: “No vemos razonable esperar un 100% (del cumplimiento d eobjetivos de la intervención) para devolver la caja a los trabajadores y empresarios”, sostuvo, al recordar que las cajas de compensación pertenecen a estos dos grupos.
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Añadió que uno de los puntos críticos es la falta de información detallada sobre las condiciones que aún faltan por cumplir para terminar con el proceso. “No tenemos una información muy clara de por qué se sigue interviniendo, qué falta por intervenir y cómo lo tenemos que arreglar”, señaló.
El líder gremial indicó que esta incertidumbre genera confusión entre los actores del sistema y podría afectar la efectividad de los procesos de mejora. Para Posada, se deben establecer reglas claras y garantizar la participación de empresarios y trabajadores.
$5.631 millones por concepto de bonos de retiro
Otro de los puntos señalados es la falta de claridad sobre posibles irregularidades detectadas durante la intervención. Puntualmente, la Unión Sindical de Trabajadores de la Salud Comfenalco Antioquia (USTSC) sostuvo que uno de los puntos críticos planteados tiene que ver con la participación de la caja en Nueva EPS durante el periodo de intervención.
El sindicato cuestiona si el patrimonio institucional fue debidamente protegido o si, por el contrario, esa participación accionaria terminó involucrada en una operación que habría incidido en el cambio de control de la entidad.
En ese sentido, la organización sindical plantea interrogantes directos sobre quién promovió, autorizó y sustentó jurídicamente estas decisiones, así como qué recibió la caja a cambio y qué derechos pudo haber perdido.
La USTSC también puso el foco en los pagos asociados a retiros de personal directivo. Según la información analizada por el sindicato, en 2025 se desembolsaron $5.631 millones por concepto de bonos de retiro.
Esto ocurre en un contexto en el que, aunque la caja reportó mayores ingresos, su remanente se redujo frente a 2024. Para el sindicato, esta situación genera dudas sobre la proporcionalidad y conveniencia de estos pagos en una entidad intervenida y con programas deficitarios.
¿Razones políticas detrás de la intervención de Comfenalco Antioquia?
Pero más allá de la preocupación de los afiliados, a su vez, hay suspicacia al interior de la Caja. Una fuente interna consultada alertó que el principal temor es el nivel de control que hoy ejerce la Superintendencia a través del agente interventor.
Según explicó, la ausencia de un consejo directivo autónomo ha concentrado las decisiones estratégicas en el interventor, quien fue designado por la Supersubsidio. “Sentimos que la Caja en este momento está con un control demasiado político”, afirmó la fuente, quien pidió reserva de su identidad.
Uno de los puntos más sensibles es la contratación. Actualmente, existe una restricción que limita la contratación directa hasta 500 salarios mínimos. Sin embargo, cualquier monto superior debe ser aprobado por el consejo directivo, que en este caso es reemplazado por el propio interventor.
Otro de los puntos críticos es la percepción de un posible componente político en la prolongación de la intervención. La fuente considera que el proceso ha evolucionado hacia un escenario en el que las decisiones ya no responden únicamente a criterios técnicos.
“Lo vemos muy político ya el tema de la intervención”, afirmó, al insistir en que la caja debería recuperar su gobernanza tradicional basada en asamblea y consejo directivo.
¿Qué piden los gremios frente a la gobernanza?
El Comité Intergremial propone restablecer el modelo de gobernanza tradicional de la Caja, con un consejo directivo y una dirección elegida por los propios afiliados.
El objetivo es que, con ese esquema, se pueda continuar con el cumplimiento de los indicadores pendientes sin necesidad de mantener la intervención. “Podríamos lograr todo el cumplimiento que necesitamos como caja, pero ya con el establecimiento de un consejo directivo”, indicó Posada.