Alza de energía del Gobierno será demandada y entes de control exigen explicaciones
Aumento de 6 a 7 pesos por kilovatio-hora durante 36 meses despierta serias inquietudes.
Reportero por vocación. Convencido de que el periodismo es para mejorar la vida de la gente. Ahora escribo de temas económicos en El Colombiano.
No han pasado tres días desde que el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, anunciara que la factura mensual de energía de los colombianos, en promedio subirá 439 pesos (estrato 1) y 2.943 pesos (estrato 6), para que se desaten demandas jurídicas y controles especiales.
El Gobierno justifica la medida en evitar un racionamiento durante los próximos meses, por los estragos financieros que traerá el fenómeno de El Niño en las empresas con centrales termoeléctricas, que a falta de gas, deben generar con combustibles líquidos.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Comercializadores (Acce) radicará la próxima semana una demanda ante el Consejo de Estado.
“El artículo 94 de la Ley 142 de 1994 (Ley Eléctrica) expresamente dice que no se permitirán destinadas a recuperar las pérdidas patrimoniales. Los usuarios no deben asumir unos sobrecostos por los que ya pagaron en el cargo por confiabilidad”, expresó a EL COLOMBIANO la directora de la Acce, Marta Aguilar.
Por su parte, la Contraloría General de la República informó en la tarde de ayer que las entidades competentes deberán responder sobre si se utilizaron correctamente los 14 billones de pesos recogidos en facturas con el cargo de confiabilidad y que fueron trasladados a las generadoras.
El organismo de control adelantará una Actuación Especial a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para revisar la relación entre el precio del gas natural y el precio de escasez del cargo por confiabilidad.
Según la Contraloría, no tiene sentido alguno que el precio de bolsa haya llegado a 2.831 pesos por kilovatio-hora, como se presentó el 5 de octubre pasado. “Esto significa que el país está pagando por energía comprada en bolsa, más que si estuviera en racionamiento eléctrico”, concluyó el reporte.
Finalmente, el ministro González tendrá que explicarle al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, por qué se traslada a los usuarios el problema de las generadoras.
“Si las medidas administrativas para autorizar el alza en las tarifas de energía se oficializan, y no existe suficiente sustento para aplicar el ajuste, la Defensoría interpondrá los recursos judiciales de nulidad respectivos, a fin de que sean derogadas y se libere a los ciudadanos de un pago injustificado”, concluyó Otálora.