Nuevo marco tarifario de agua genera alertas en el sector de servicios públicos

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) publicó el nuevo marco tarifario aplicable a prestadores con más de 5.000 usuarios, lo que significa que la medida afectará a 188 grandes operadores de acueducto y alcantarillado en el país.

Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aunque Colombia necesita una regulación moderna y orientada a la sostenibilidad, el contenido final del nuevo marco presenta cambios estructurales frente al documento que se había puesto previamente a consideración de la ciudadanía y los agentes del sector. Esta situación, advierte el gremio, limita la efectividad del proceso participativo, ya que las observaciones realizadas se basaron en un texto distinto al finalmente adoptado.

Para la asociación, en decisiones de esta magnitud la participación pública no puede ser meramente formal, sino que debe recaer sobre la versión definitiva de la regulación.

Uno de los principales puntos de preocupación es la ausencia de un periodo de transición adecuado. El nuevo marco tarifario entraría en vigencia el 1 de julio de 2026, pese a que su implementación requiere la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información y la articulación con autoridades territoriales.

En experiencias regulatorias anteriores, la discusión de los marcos tarifarios se extendió por cerca de un año y su implementación tomó entre seis y once meses. En esta ocasión, el tiempo previsto es considerablemente menor, lo que, según el gremio, podría traducirse en condiciones de cumplimiento inviables para los prestadores.

Riesgo de incrementos en tarifas pese a objetivo de reducción

Aunque la regulación busca reducir las tarifas para los usuarios, Andesco advierte que los cambios introducidos podrían generar el efecto contrario. Las nuevas obligaciones relacionadas con inversiones ambientales, gestión del riesgo, formulación de planes y metas de reducción de pérdidas implicarían altos costos adicionales para las empresas.

De acuerdo con los análisis del gremio, estas exigencias podrían presionar al alza las tarifas, especialmente en territorios donde no se ha demostrado la viabilidad técnica y financiera de cumplir con los nuevos estándares.

Ante este panorama, Andesco hizo un llamado a la CRA para revisar de manera integral las condiciones de implementación del nuevo marco tarifario, con el fin de garantizar transparencia, sustento técnico y tiempos adecuados de transición.

El gremio también alertó a los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, sobre los posibles perjuicios que podría generar la regulación en su estado actual.

La asociación reiteró que una regulación bien diseñada fortalece la prestación de los servicios públicos y garantiza su sostenibilidad. Sin embargo, advirtió que decisiones apresuradas o incompletas pueden generar incertidumbre en las empresas, afectar su planeación y ejecución de inversiones y trasladar impactos negativos a los usuarios, quienes podrían enfrentar variaciones en tarifas o deterioro en la calidad del servicio.