Mesa del salario mínimo espera por el menú

La mesa de diálogo para definir el ajuste del salario mínimo que entrará en vigor el primero de enero de 2020 aún no se ha servido, pero algunos de los comensales empiezan a anticipar cómo serán las entradas y a exponer sus expectativas frente a lo que serán el plato principal y el postre.

Mientras la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPSL), encabezada por el Ministerio de Trabajo, define el cronograma y la agenda para la negociación, hay que anotar que para el menú será necesario contar con una serie de ingredientes que evolucionaron o maduraron durante este 2019.

Hace un año, por ejemplo, estaba en discusión el proyecto de Ley de Financiamiento o reforma tributaria, cuyos alcances y efectos eran inciertos. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o de la economía a septiembre era de un 2,5 %, la tasa de desempleo en octubre estaba en un dígito, 9,1 %, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación al cierre del tercer trimestre era de 2,63 %.

En esta ocasión, las proporciones de esos ingredientes son diferentes. A junio pasado la variación del PIB era positiva ubicándose en 3,0 %, pero la tasa de desempleo escaló hasta 10,8 % (en agosto) y la inflación también ascendió a un 3,26 % (entre enero y septiembre).

Un elemento que podría aguar la cocción del mínimo para 2020 está en manos de la Corte Constitucional que debe definir la exequibilidad o no de la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre de 2018.

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advierte que declarar inconstitucional la norma le costaría al país cerca de mil billones de pesos, y los industriales agremiados en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) alertan de trastornos graves en la economía.

Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, menciona que un fallo desfavorable, que tumbe la reforma tributaria, tendría efectos negativos en los ingresos del Gobierno y sería una presión para reducir el incremento del mínimo.

Condimentos al pulso por un porcentaje

El picante, a juicio de las centrales de trabajadores, lo están poniendo las organizaciones privadas del comercio, la banca y los fondos de pensiones que enturbian el ambiente previo de las discusiones al proponer un par de reformas esenciales: la laboral y la pensional.

Para este año el ajuste de la remuneración mínima fue de un 6 %, superior a la inflación que se ubicó en 3,18 %. En ese contexto el salario mínimo para los cerca de 1,8 millones de colombianos que lo devengan pasó de 781.242 pesos mensuales a 828.116 pesos.

Desde la óptica de Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), los incrementos salariales superiores al IPC constituyen un error y explican en parte el deterioro que se aprecia en el frente laboral. Para el dirigente gremial el salario mínimo ha desbordado las expectativas de los empresarios e insiste en que eso también presiona la inflación al alza.

Un aperitivo a esta discusión está en las cuentas de Anif que reseña que la productividad este año estará alrededor del 0,5 %, y la inflación será de un 4 %, así que el incremento no debería superar el 4,5 %.

En contraste, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, sostiene que un elemento fundamental para jalonar la economía es mejorar el consumo interno y para lograrlo, afirma, hay que elevar el poder adquisitivo de la población y la única forma de hacerlo es aumentar el salario de los trabajadores.

“En esa línea, es clave empezar con el incremento del salario mínimo y seguir con el resto de remuneraciones porque, entre otras cosas, el sueldo promedio en Colombia (1,2 millones de pesos) es tan ridículamente bajo que se acerca al mínimo”, añade el dirigente sindical.

La CUT aún no tiene estructurada una propuesta de aumento salarial, prefiere que cada central obrera lleve su iniciativa a la mesa de conversaciones, para luego intentar unificar las ideas (ver Para saber más).

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señala que el dato de desocupación de dos dígitos en agosto, de un 10,8 %, “marca la cancha en la cual nos vamos a sentar a negociar el salario mínimo, y en esta ocasión el gran objetivo es disminuir el desempleo”.

Además, considera que es necesario generar mayores incentivos para que las empresas contraten más personas, y estima que las discusiones formales, en el seno de la CPCPSL, arrancarán en los primeros días de diciembre.

Mac Master evita sugerir un eventual porcentaje de ajuste, pero anticipa que las partes deberán acogerse a lo ordenado por la Corte Constitucional, es decir tener en cuenta los datos de inflación y el índice de productividad que los certifican el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para pactar un incremento.

La receta, ¿va con ajuste o incremento?

Anif, que defiende la aplicación de la “Regla Universal” en la que la variación del salario mínimo debe ser igual al índice de inflación más la productividad laboral (o restarla si es negativa), viene promoviendo una nueva receta que serviría de entrada: implementar una remuneración diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje, equivalente a un 75 % del mínimo, lo que equivaldría hoy a 621.087 pesos, por un tiempo máximo de un año.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) este tipo de iniciativas solo buscan enturbiar el ambiente en la antesala del proceso de concertación.

“Nosotros insistiremos en una propuesta al alza, porque está comprobado que el mínimo ni impacta de manera significativa la inflación ni desestabiliza la economía”, declara Gómez, quien anuncia que el equipo económico de la CGT elaborará una propuesta de incremento superior al IPC.

El exviceministro de Trabajo, Enrique Borda, opina que el planteamiento de Anif es preocupante, porque lo que se les ofrecería a los jóvenes es entrar al mercado laboral en condiciones de desigualdad, lo que tendría un análisis negativo a la luz de la Constitución y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No se puede pensar que por entrar ganando poco los jóvenes van a conseguir empleo. Lo que se podría crear sería un escenario de exclusión entre bajar costos a la producción y no mejorar las condiciones sociales del país”, menciona Borda.

A su turno, Jaramillo declara que lo que debe ponerse en la mesa es un incremento salarial y no un ajuste. “Ojalá ese aumento esté entre tres y cuatro puntos por encima de la inflación para favorecer la capacidad de consumo de los trabajadores e ir corrigiendo el déficit que tiene el salario mínimo en los últimos quince años”.

No obstante, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), añade otra sazón exponiendo que “el cambio tecnológico, el exceso de inventario de bienes inmuebles que mantienen estancada la actividad edificadora, la creciente migración venezolana, y el aumento del 6 % en el salario mínimo, que resultó ser históricamente elevado, son variables que inciden para que el desempleo haya vuelto a ser preocupación número uno de gobierno, empresarios, trabajadores, dirigencia política y academia”.

Por el momento, el próximo llamado a la mesa de la CPCPSL está previsto para el 24 de octubre, aunque desde la presidencia del Consejo Gremial Nacional (CGN), Jorge Bedoya, asegura que la temática estará enfocada en la reforma laboral.

A comienzos de esta semana, durante la conmemoración del Día del Trabajo Decente, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, habló de nuevos cambios y avances a nivel normativo que facilitarán el ejercicio empresarial, generando un equilibrio que le permita a trabajadores y empresarios ser más productivos y competitivos. Todos esperan que el mantel sea puesto.