Gobierno de De la Espriella enfrenta otro reto: financiar la reconstrucción tras el terremoto

Juan José Echavarría, Mauricio Cárdenas y Juan Camilo Restrepo coincidieron en que el gobierno de Abelardo de la Espriella debe ajustar las finanzas, reducir el déficit, ordenar el gasto y reactivar la inversión.

En uno de los paneles del congreso anual de la Andi, en Cartagena, Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, presentó un panorama sobre las condiciones económicas y sociales que, a su juicio, recibe el nuevo Gobierno, a partir de siete indicadores.

Entre los principales asuntos mencionó la fallida política de paz total, el aumento de los cultivos de coca, la reducción de la deforestación, la disminución de la pobreza, el aumento del salario mínimo, el deterioro de las cuentas fiscales y el envejecimiento de la población.

Echavarría señaló que estos factores configuran un panorama amplio de los desafíos que tendrá que enfrentar la nueva administración.

En materia de seguridad, destacó que para julio de 2023 se contabilizaban cerca de 29.000 integrantes de grupos armados ilegales, con una expansión particularmente importante del Clan del Golfo.

También se refirió a los cultivos de coca, que alcanzaron un máximo histórico de 261.000 hectáreas. El economista recordó que entre 2003 y 2014 Colombia consiguió reducir de manera importante las áreas sembradas con coca, lo que, en su opinión, demuestra que existen posibilidades de revertir esta tendencia, aunque con múltiples implicaciones económicas y sociales.

Otro de los indicadores señalados por Echavarría fue la deforestación. En 2023 Colombia alcanzó el nivel más bajo de deforestación registrado hasta ese momento. El exgerente del Banco de la República resaltó la importancia de este resultado para la protección del clima y de los recursos hídricos. En su análisis, los principales problemas ambientales del país están relacionados con la deforestación y actividades como la ganadería.

En contraste, destacó la reducción de la pobreza, que se encuentra en mínimos históricos. Echavarría consideró que explicar las razones de esta caída constituye un debate que requiere análisis adicional.

En ese contexto, citó un artículo de The Economist publicado dos meses antes, según el cual América Latina está registrando avances importantes en la reducción del hambre y la pobreza. Por ello, sostuvo que estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión del presidente Gustavo Petro, sino que responden también a una tendencia regional.

El salario mínimo también ocupó un lugar central en el análisis. Echavarría señaló que este llegó a un nivel máximo y advirtió que el fuerte incremento tiene efectos positivos y negativos sobre la economía.

Según explicó, el aumento del salario mínimo será un caso de estudio relevante para los economistas debido a sus posibles efectos sobre la informalidad, el desempleo y la inflación.

El exgerente recordó que, al producirse un incremento del 23% en el salario mínimo, se afectaron las expectativas de inflación y el escenario en el que opera el Banco de la República, bajo la conducción de Leonardo Villar y los demás integrantes de la junta directiva.

A esto sumó dos desafíos estructurales: el crecimiento del déficit fiscal y el envejecimiento de la población, fenómenos que tendrán importantes consecuencias para las finanzas públicas y la economía colombiana.

En su intervención, Echavarría también defendió la independencia de los bancos centrales. Explicó que la literatura económica muestra que los bancos centrales independientes pueden conseguir tasas similares de crecimiento económico con menores niveles de inflación.

El planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que Colombia enfrenta presiones fiscales, inflacionarias y cambiarias, y en el que la política monetaria deberá seguir coordinándose con las condiciones generales de la economía sin perder su autonomía institucional.

Mauricio Cárdenas pide apoyar al nuevo Gobierno

Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas sostuvo que, después de las elecciones, el país debe pasar de la confrontación política a una etapa de colaboración.

“Gobernar es difícil”, señaló Cárdenas, quien advirtió que gobernar muchas veces implica escoger entre alternativas negativas y menos negativas, por lo que el nuevo Gobierno necesitará respaldo político y social.

En ese sentido, planteó que después de una campaña presidencial marcada por la confrontación es necesario “calmar las aguas” y entrar en una fase de colaboración para facilitar la gestión de la nueva administración.

Cárdenas sostuvo además que el Gobierno entrante heredó una situación particularmente compleja y que, durante su primera semana, tuvo que enfrentar una nueva crisis derivada del terremoto y sus consecuencias.

Por ello, consideró que sacar adelante al país será, en buena medida, un asunto de gerencia: establecer métodos de trabajo, definir prioridades y administrar recursos escasos frente a múltiples necesidades.

Para Cárdenas, uno de los problemas más urgentes es el fiscal. En su opinión, el Gobierno debe entregar rápidamente señales claras sobre el rumbo de las finanzas públicas.

Consideró acertada la decisión de pedir al Congreso la devolución del proyecto de presupuesto, al considerar que el documento presentado no reflejaba la realidad fiscal del país.

A su juicio, cuando se presente nuevamente el presupuesto debe explicarse a los colombianos que será necesario realizar un ajuste fiscal y adoptar medidas que pueden resultar impopulares.

Entre ellas mencionó limitar el incremento de los salarios públicos, terminar con los contratos de prestación de servicios que calificó como una “joya” y eliminar fondos de la administración pública que, según su planteamiento, fueron utilizados de manera inadecuada con fines políticos.

Cárdenas propuso que, alrededor de la presentación del nuevo presupuesto, se construya un gran acuerdo nacional en el que el Gobierno asuma su parte mediante medidas de ajuste, mientras otros sectores aportan para recuperar el crecimiento.

El exministro señaló que el sector empresarial colombiano está afectado por la revaluación del peso y consideró urgente adoptar medidas para mejorar las condiciones de la economía.

En su opinión, Colombia no puede esperar cinco o diez años para recuperar tasas de crecimiento cercanas al 5%. El objetivo debe ser acelerar la recuperación.

Para ello, propuso involucrar al Banco de la República en un eventual acuerdo económico y planteó acelerar la compra de reservas internacionales para contribuir a elevar la tasa de cambio.

Cárdenas también puso el foco en la inversión. Según explicó, el consumo se ha mantenido relativamente bien, mientras que la inversión es el componente que presenta mayores dificultades.

Por ello, identificó dos palancas que podrían activarse rápidamente: la vivienda y las asociaciones público-privadas, conocidas como APP.

En vivienda, planteó definir desde ahora los compromisos sobre subsidios que se otorgarán durante los próximos cuatro años. En infraestructura, pidió avanzar con las iniciativas privadas que permanecen represadas en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El exministro consideró que el nuevo director de la ANI debe impulsar esos proyectos para contribuir a la reactivación económica.

Cárdenas también planteó separar las tareas de atención de las crisis de aquellas destinadas a impulsar el crecimiento.

En su propuesta, sectores como salud y seguridad deben concentrarse en solucionar las emergencias que reciben, mientras transporte, vivienda y agricultura pueden funcionar como motores de crecimiento.

Según sus cálculos, el Gobierno debería reconocer rápidamente obligaciones por unos $10 billones en el sector salud y cerca de $6 billones en el sector eléctrico.

La recomendación consiste en reconocer que la situación fiscal es peor de lo que se había informado y destinar recursos para desactivar las principales crisis.

A esto se suma la reconstrucción derivada del terremoto, que, según Cárdenas, debe incorporarse de manera transversal a la política pública, especialmente en infraestructura y vivienda.

Juan Camilo Restrepo advierte sobre un déficit de 8% del PIB

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo concentró su intervención en los desafíos fiscales del corto plazo.

Advirtió que la nueva administración recibe una situación “calamitosa” y tendrá que desplegar una fuerte capacidad política y administrativa durante el segundo semestre para corregir el rumbo de las finanzas públicas.

Restrepo estimó que el déficit fiscal podría llegar al 8% del PIB, equivalente a unos $160 billones, un nivel que calificó como posiblemente el más elevado desde la guerra civil de los 2.000 días.

Uno de los principales retos será ejecutar el recorte del gasto anunciado por el Gobierno, equivalente al 1% del PIB, es decir, cerca de $20 billones.

El exministro reconoció que aplicar un ajuste de esa magnitud no será sencillo desde el punto de vista político.

La agenda fiscal también incluye la presentación de un plan de ajuste de las finanzas públicas que permita explicar a la comunidad nacional e internacional cómo Colombia recuperará la sostenibilidad fiscal.

Restrepo sostuvo que esta tarea debe desarrollarse durante el segundo semestre, al tiempo que el Gobierno prepara una reforma tributaria que, según lo anunciado por el ministro de Hacienda, sería presentada durante el mes siguiente.

A esta agenda se suma la posibilidad de reperfilar el servicio de la deuda pública. El exministro señaló que su estructura quedó altamente concentrada en el corto plazo debido al manejo de la administración anterior, lo que incrementa las presiones sobre las finanzas del nuevo Gobierno.

También será necesario revisar nuevamente el Presupuesto General de la Nación, después de que el Congreso devolviera el proyecto por considerar que presentaba un desfinanciamiento cercano a $60 billones.

Restrepo también cuestionó el volumen de contratos suscritos durante las últimas semanas de la administración anterior. Según su intervención, Transparencia por Colombia reportó cerca de 50.000 contratos del Gobierno central firmados en apenas dos semanas, además de otros contratos de entidades descentralizadas, por un valor aproximado de $7,5 billones.

Ante esta situación, consideró indispensable concluir las auditorías fiscales y forenses anunciadas por el Gobierno para establecer cuáles contratos fueron suscritos sin cumplir las normas de contratación pública.

Aquellos que no cumplan con los requisitos deberían ser objeto de las acciones correspondientes, incluida su eventual rescisión o cancelación, y los responsables tendrían que responder por sus actuaciones.

Restrepo advirtió además que los contratos firmados pero no ejecutados pueden trasladarse al presupuesto del próximo año mediante las denominadas reservas de apropiación.

Esto reduciría todavía más el margen de maniobra del nuevo Gobierno para definir sus prioridades de gasto.

Aunque el terremoto representa una nueva emergencia para el Gobierno, Restrepo señaló que la reconstrucción también puede convertirse en una oportunidad para impulsar la economía si se administra adecuadamente.

El exministro planteó la posibilidad de diseñar un “Plan Marshall criollo”, basado en un programa de inversiones públicas para atender las necesidades de reconstrucción.

La referencia corresponde al Plan Marshall implementado después de la Segunda Guerra Mundial para contribuir a la recuperación económica europea.

En el caso colombiano, Restrepo consideró que un programa de inversión pública, acompañado de un esquema de financiación razonable y sostenible, podría convertirse en un motor de crecimiento durante el próximo cuatrienio.

Las intervenciones de Echavarría, Cárdenas y Restrepo coincidieron en señalar que el nuevo Gobierno enfrenta un escenario complejo, con desafíos fiscales, sociales, de seguridad, inversión y reconstrucción.

Mientras Echavarría puso el foco en los indicadores que recibe el país y en la importancia de preservar la independencia del Banco de la República, Cárdenas llamó a construir un acuerdo alrededor de las prioridades nacionales y a recuperar la inversión.

Restrepo, por su parte, advirtió sobre la magnitud del déficit, la necesidad de un ajuste fiscal, la reforma tributaria, el manejo de la deuda y las presiones derivadas de los contratos suscritos al final de la administración anterior.

El mensaje común es que el segundo semestre será determinante para establecer el rumbo de las finanzas públicas. El desafío será combinar el ajuste necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal con medidas capaces de reactivar la inversión, atender las crisis acumuladas y financiar la reconstrucción tras el terremoto.