Nuevo marco tarifario de acueducto entra en vigor en medio de demanda de Andesco ante el Consejo de Estado

Desde este 1° de julio comenzó a regir el nuevo Marco Tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, adoptado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1032 de 2026.

Aunque el Gobierno nacional ha presentado la nueva metodología como un instrumento para reducir las tarifas que pagan los usuarios, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sostiene que su aplicación tendrá el efecto contrario y que, en la mayoría de los casos, los cobros tenderán a incrementarse.

Al mismo tiempo que entra en vigor la regulación, el gremio mantiene una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañada de una solicitud de medida cautelar urgente para suspender temporalmente la aplicación del nuevo marco mientras el alto tribunal resuelve de fondo el proceso.

Según el análisis del gremio, el principal factor detrás del eventual aumento en las tarifas es la actualización de los costos de referencia utilizados para calcularlas.

Las empresas prestadoras venían operando con una estructura basada en valores de 2014. Sin embargo, la nueva metodología obliga a recalcular esos costos con precios correspondientes a 2024 y 2025, lo que representa un incremento significativo en la base de cálculo.

A este cambio se suman nuevas obligaciones regulatorias que también impactan los costos de operación. Entre ellas figuran inversiones ambientales, medidas de gestión del riesgo, el cumplimiento de un estándar máximo de pérdidas de agua de cuatro metros cúbicos por suscriptor al mes y la incorporación, desde enero, de planes de sostenibilidad, de obras e inversiones y de reducción de pérdidas.

Para Andesco, la combinación de estos factores hará que las tarifas aumenten en la mayoría de los casos, pese a que el objetivo declarado del Gobierno era reducirlas.

No obstante, el gremio aclaró que el valor final que pagará cada usuario dependerá de las condiciones particulares de cada empresa prestadora, incluyendo sus costos operativos, el número de suscriptores, la región donde presta el servicio y otros elementos contemplados en la metodología tarifaria.

Las tarifas variarán según inversiones y desempeño de cada empresa

Andesco explicó que el nuevo esquema tarifario no implica un ajuste único ni permanente.

Mientras el cargo fijo tiende a mantenerse relativamente estable, el componente correspondiente al consumo podrá modificarse cada año dependiendo del cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), de la incorporación o retiro de activos y del recálculo anual del componente de inversión.

En consecuencia, las tarifas podrán observar incrementos y reducciones sucesivas que no necesariamente estarán asociadas con mejoras en la eficiencia o en la calidad del servicio prestado.

La Resolución CRA 1032 aplica principalmente a los cascos urbanos del país.

Además, el gremio afirmó que las nuevas obligaciones introducidas por la regulación requieren mayores inversiones por parte de las empresas prestadoras.

En su concepto, comprometer la suficiencia financiera de las compañías podría afectar, en el mediano y largo plazo, la calidad, continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para millones de usuarios.

“Hoy empieza la crónica de una muerte anunciada. Tuvimos que demandar un marco tarifario en este país, y lo hacemos porque aquí no se trata de si Colombia necesita una reforma, sino de cómo se implementa: sin el rigor técnico, la seguridad jurídica ni el tiempo que las empresas requerían para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos”, afirmó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

El recurso presentado por Andesco ante el Consejo de Estado constituye un hecho sin precedentes para el sector de los servicios públicos.

El principal argumento de la demanda es que el plazo de implementación establecido por la CRA —de apenas tres meses— resulta insuficiente para que las empresas adapten adecuadamente sus procesos.

El gremio recordó que las metodologías tarifarias anteriores contemplaron períodos de transición de entre nueve meses y un año, lo que permitía realizar los ajustes técnicos y operativos necesarios.

Adicionalmente, Andesco sostiene que durante la expedición de la Resolución 1032 se vulneraron las garantías de participación ciudadana.

Según la organización, el texto definitivo aprobado por la CRA no coincide con el proyecto que fue sometido a consulta de empresas prestadoras, usuarios, municipios y demás actores interesados, pues incorpora modificaciones que nunca fueron discutidas ni evaluadas durante el proceso participativo.

Para el gremio, estas diferencias afectan la seguridad jurídica tanto de los usuarios como de las empresas responsables de prestar los servicios.

Empresas han moderado aumentos mientras continúan los ajustes

Andesco también aseguró que los incrementos tarifarios que puedan registrarse no obedecen a decisiones discrecionales de las empresas, sino a la metodología definida por el regulador.

Incluso, indicó que varias compañías han decidido no aplicar el tope tarifario permitido por el nuevo marco, teniendo en cuenta que durante el próximo año aún deberán realizar ajustes adicionales. La intención, según el gremio, es proteger a los usuarios sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas.

Finalmente, Andesco reiteró que su acción judicial no busca eliminar el nuevo marco tarifario, sino lograr una implementación ordenada, con reglas claras, seguridad jurídica y tiempos adecuados para su aplicación.

Según la organización, el objetivo es que las tarifas se construyan con rigor técnico, que las empresas cuenten con condiciones suficientes para cumplir sus obligaciones y que el regulador realice los ajustes necesarios para evitar mayor litigiosidad e incertidumbre en el sector.

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