Odinsa Vías defiende proyecto Conexión Centro y pide respetar evaluación técnica de la ANI
La concesionaria aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre un eventual rechazo de la iniciativa y advirtió sobre riesgos para la seguridad jurídica y la confianza inversionista en Colombia.
Odinsa Vías salió al paso de las versiones sobre un posible rechazo de la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro y aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre una decisión definitiva frente al proyecto vial para el Eje Cafetero.
La compañía, originadora de la iniciativa, reaccionó a declaraciones de representantes del Gobierno Nacional conocidas a través de medios de comunicación y de actas públicas de mesas de concertación instaladas con manifestantes que mantienen presencia en peajes del Eje Cafetero.
En un pronunciamiento público, la firma reiteró que la IP Conexión Centro continúa en etapa de evaluación de factibilidad por parte de la ANI, bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1508 de 2012 sobre Asociaciones Público-Privadas (APP).
La iniciativa Conexión Centro plantea el desarrollo de un proyecto vial de quinta generación (5G) enfocado en el mejoramiento y construcción de nuevas obras en los corredores Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila, que suman 317 kilómetros.
Según Odinsa Vías, el objetivo es fortalecer la movilidad en el Eje Cafetero y facilitar el transporte de insumos y mercancías entre centros de producción y consumo.
La empresa aclaró que la iniciativa no constituye una continuidad de la concesión Autopistas del Café, sino que corresponde a un nuevo proyecto estructurado bajo el esquema de APP.
Entre las obras contempladas se incluyen 77 kilómetros de nuevas vías, intersecciones, puentes y viaductos, además de inversiones sociales y ambientales y estándares técnicos propios de una concesión 5G.
La propuesta también incorpora ajustes realizados tras procesos de socialización con comunidades, gremios y otros grupos de interés.
Entre las nuevas obras incluidas aparecen la doble calzada entre La Manuela y La Trinidad, una nueva intersección en La Trinidad, rectificación de puntos críticos entre La Trinidad y La Uribe, una segunda variante Condina entre Altagracia y La Consota, así como mejoras en la intersección de Salento.
Inversión de hasta $7 billones y más de 54.000 empleos
Odinsa Vías indicó que la iniciativa contempla inversiones cercanas a los $7 billones para construcción y mantenimiento del corredor vial.
La compañía aseguró que el proyecto permitiría generar más de 54.000 empleos y añadió que también se estudian nuevos escenarios relacionados con disminución de casetas, ajustes tarifarios, tarifas diferenciales y recursos destinados a infraestructura social, programas de fortalecimiento de capacidades y cuidado ambiental.
La empresa insistió en que cualquier decisión sobre la iniciativa debe sustentarse en análisis técnicos, jurídicos, financieros y de impacto fiscal.
“Una decisión anticipada desconocería el proceso técnico y legal en curso”, señaló la compañía, al advertir que un eventual rechazo antes de culminar la evaluación integral podría reemplazar criterios técnicos por decisiones coyunturales de carácter político.
En su pronunciamiento, la concesionaria manifestó preocupación porque, según afirmó, las discusiones actuales alrededor del proyecto no representarían a todos los territorios y actores involucrados.
Odinsa Vías sostuvo que las mesas instaladas tras protestas en peajes se concentran en algunos sectores y no incluyen de manera amplia a autoridades locales, gremios, usuarios y comunidades de los cuatro departamentos impactados por la iniciativa.
Asimismo, reiteró su disposición al diálogo institucional y al respeto por el derecho a la protesta pacífica, aunque rechazó las vías de hecho que puedan poner en riesgo la seguridad de personas e infraestructura.
Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) rechazó las protestas y bloqueos ocurridos en peajes del Eje Cafetero y advirtió sobre las consecuencias jurídicas y económicas de una eventual terminación anticipada de la concesión Autopistas del Café.
El gremio señaló que intervenir unilateralmente un contrato vigente y con cumplimiento contractual genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad de las reglas de juego para la infraestructura en Colombia.
“La infraestructura no debe politizarse”, afirmó la CCI, que pidió mantener el debate en escenarios técnicos y dentro del marco legal establecido para las APP.
La organización recordó que las concesiones viales cumplen una función social y han contribuido al desarrollo regional mediante generación de empleo, inversiones ambientales y sociales, así como mejoras en conectividad y competitividad.
Autopistas del Café seguirá vigente hasta 2027
La CCI destacó que la concesión Autopistas del Café permanece vigente hasta 2027 y registra, según el gremio, un cumplimiento contractual del 100% con calificaciones técnicas superiores a las exigidas.
Además, indicó que actualmente la concesión y la ANI trabajan en el plan de reversión del proyecto previsto para 2027, dentro de los procedimientos legales y regulatorios correspondientes.
La CCI advirtió que una terminación anticipada sin causal legal podría activar cláusulas de compensación e indemnización a cargo del Estado, con impactos sobre las finanzas públicas.
También señaló que decisiones sin sustento técnico o jurídico podrían derivar en investigaciones fiscales, disciplinarias e incluso penales contra funcionarios involucrados.
El gremio insistió en que respetar los contratos y los procesos de evaluación de proyectos es fundamental para garantizar la confianza inversionista y la estabilidad jurídica del país.
Según la Cámara, muchos inversionistas internacionales vinculados a proyectos de infraestructura también participan en la financiación de la deuda pública colombiana, por lo que decisiones que afecten la seguridad jurídica podrían tener efectos más amplios sobre la economía nacional.
Finalmente, la organización reiteró el llamado para que el análisis de la IP Conexión Centro continúe bajo el marco previsto en la Ley de APP y con participación incluyente de los distintos actores regionales.