Economía

¿Subirá el pasaporte colombiano? El precio dependería de la cotización del euro por nuevo convenio

El costo del pasaporte colombiano podría variar según la cotización del euro, tras el polémico convenio que el Gobierno busca firmar con Portugal.

Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.

10 de julio de 2025

El Gobierno nacional está a punto de cerrar un acuerdo internacional que podría cambiar por completo el costo del pasaporte.

Según confirmaron altos funcionarios, el Ejecutivo está “listo” para firmar con Portugal un convenio que permitirá implementar un nuevo modelo de expedición del documento, en medio de una tormenta política que ya le ha costado el puesto a dos cancilleres y abrió investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

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Estamos listos para firmar con Portugal. Luego de reuniones técnicas, todo está acordado”, escribió en su cuenta de X Alfredo Saade, actual jefe del Despacho Presidencial, quien lidera el proceso tras la salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cuánto costaría el nuevo pasaporte colombiano?

El detalle clave del convenio, revelado por Blu Radio, es que el costo base del pasaporte con chip estaría fijado en 17 euros, lo que al tipo de cambio actual equivale a unos 79.900 pesos.

Pero ese no será el único gasto: a ese valor se sumarán el transporte internacional del documento, el impuesto de timbre (que hoy es de 75.000 pesos) y otros cargos operativos.

Así las cosas, el precio final podría ser igual o incluso superior al actual, dependiendo de cómo fluctúe el euro frente al peso colombiano.

Es decir, el pasaporte ya no tendría un precio fijo en pesos, sino que quedaría sujeto a las variaciones del mercado cambiario internacional.

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Una polémica que salpica a tres ministros y a la Casa de Nariño

El proceso para cambiar la producción de pasaportes ha estado lleno de controversias. Todo comenzó en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato que la empresa Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años para fabricar estos documentos, argumentando falta de competencia en la última licitación.

Desde entonces, el Gobierno firmó un memorando con el Gobierno de Portugal y con la Imprenta Nacional de Colombia para producir los pasaportes.

Pero, según denunció la excanciller Laura Sarabia, la Imprenta Nacional no tiene la capacidad técnica ni logística para asumir esta tarea, lo que la llevó a prorrogar por un año más el contrato con Thomas Greg & Sons, que vencía el 1 de septiembre.

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El nuevo convenio con Portugal también está siendo revisado por la Procuraduría, que este miércoles 9 de abril abrió una investigación disciplinaria contra Alfredo Saade y los excancilleres Sarabia y Luis Gilberto Murillo por posibles irregularidades en el manejo del contrato.

Uno de los puntos más críticos es la operación misma de la expedición del pasaporte. El convenio firmado con Portugal establece que en el primer año, la Cancillería invertirá 122 mil millones de pesos en la implementación del nuevo modelo.

Sin embargo, aún no está claro si la Imprenta Nacional podrá manejar la impresión, personalización y distribución de los documentos, por lo que el proceso podría enfrentar retrasos e incluso sobrecostos.

En el caso de Saade, quien lleva solo dos semanas en el cargo, el Ministerio Público investiga si dio órdenes más allá de sus funciones cuando pidió a funcionarios de la Cancillería racionalizar la asignación de citas para tramitar el documento, un tema sensible que afecta a miles de ciudadanos.

La empresa Thomas Greg & Sons no solo ha producido pasaportes durante años. También ha sido responsable de la logística electoral del país.

Ayer mismo, la Registraduría Nacional le adjudicó el contrato para organizar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que desató nuevas críticas del presidente Gustavo Petro, quien volvió a sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral colombiano, aunque sin aportar pruebas concretas.

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