Presupuesto 2027: deuda récord, más gasto y menos inversión, las alertas de los expertos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, una cifra que supera en $59,3 billones la propuesta de $575,6 billones radicada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro y devuelta por las Comisiones Económicas.

La nueva iniciativa incorpora de manera más completa varias obligaciones que no estaban contempladas suficientemente en el proyecto anterior, entre ellas pensiones ($6,5 billones), salud ($2 billones), salarios de funcionarios públicos ($4,5 billones), universidades públicas ($0,7 billones) y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, ($9,6 billones).

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Sin embargo, el mayor tamaño del presupuesto también genera cuestionamientos entre analistas y congresistas, principalmente por el aumento del endeudamiento, el nivel del déficit fiscal y la reducción de los recursos destinados a inversión.

¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones del Presupuesto 2027?

El proyecto está estructurado en tres grandes componentes. El 62% corresponde a gastos de funcionamiento, el 24% al servicio de la deuda y el 14% a inversión.

El servicio de la deuda adquiere especial relevancia, pues, de acuerdo con el Gobierno, se trata del monto más alto destinado históricamente a este rubro, debido al nivel de endeudamiento acumulado en los últimos años.

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La propuesta también contempla dos acciones para enfrentar el escenario fiscal. La primera es un recorte de $21,9 billones, que incluiría gastos como los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas. El detalle de este ajuste será definido en el próximo consejo de ministros.

La segunda es la financiación mediante una Ley de Ajuste Fiscal, que, según explicó el Gobierno, no tendría como objetivo crear nuevos impuestos, sino reorganizar el gasto estatal y buscar nuevas fuentes de financiación.

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Lo bueno: sincerar las cuentas fiscales

Para los analistas consultados, uno de los principales aspectos positivos del nuevo presupuesto es que hace más visibles las obligaciones fiscales que enfrenta el Estado y corrige varios de los supuestos incluidos en la propuesta anterior.

El analista económico Germán Machado considera que el proyecto permite tener una visión más clara de las cuentas públicas, al incorporar gastos y necesidades de financiación que no estaban suficientemente reflejados en la versión presentada en julio de 2026. “Lo bueno del presupuesto es que sincera las cuentas”, señaló.

En la misma línea, el economista Diego Montañez sostiene que el aumento del monto total no debe interpretarse únicamente como una expansión del gasto, sino como un ejercicio de sinceramiento fiscal, en el que se reconocen obligaciones que el proyecto anterior no contemplaba de manera suficiente.

Por su parte, Henry Amorocho, analista y docente de Hacienda Pública, destaca que la nueva propuesta ajusta las cuentas a las obligaciones reales del Estado. Entre los factores que explican el incremento señala el mayor gasto de funcionamiento, el servicio de la deuda y los recursos necesarios para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, estimados en cerca de $30 billones.

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Amorocho también resalta el ajuste de los supuestos macroeconómicos, con un menor crecimiento, una mayor inflación y una tasa de cambio diferente. A su juicio, uno de los cambios relevantes es que la propuesta anterior no reflejaba adecuadamente obligaciones como el déficit del FEPC y los subsidios de energía.

“Lo que hace de bueno la nueva administración es sincerar las cuentas fiscales”, reiteró el académico.

Lo malo: gastos sin financiar completamente

Aunque Machado reconoce el esfuerzo por transparentar las cuentas fiscales, advierte que el ejercicio todavía estaría incompleto: “Lo malo es que no las sincera por completo”.

Según el analista, aún hay necesidades y gastos que no estarían costeados adecuadamente, por lo que algunas proyecciones del Gobierno podrían estar subestimando las obligaciones futuras. En consecuencia, el desbalance fiscal podría terminar siendo mayor al previsto en el proyecto.

Montañez pone el foco en el impacto que esto tendría sobre las necesidades de financiación. El Gobierno tendría que conseguir alrededor de $266 billones, mientras que el presupuesto contempla $94,4 billones para el pago de intereses de la deuda, una cifra que supera los $87 billones destinados a inversión pública.

Para el economista, el reto será corregir las cuentas sin profundizar el endeudamiento ni desplazar la inversión, mediante una estrategia fiscal que permita avanzar hacia la estabilización de la deuda.

Lo feo: más deuda, mayor déficit y menos inversión

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está en que el aumento del presupuesto no coincide con el mandato de reducir el gasto y disminuir el tamaño del Estado.

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Machado cuestiona que el Gobierno haya aumentado en cerca de $60 billones el presupuesto que había dejado la administración anterior y que posteriormente fue devuelto por el Congreso por considerar que no estaba ajustado a las metas fiscales del país.

Además, resalta que la nueva versión eleva el gasto total y el de funcionamiento, incluido el gasto de personal, contempla 9.000 cargos adicionales y, al mismo tiempo, reduce los recursos destinados a inversión.

A esta mayor presión sobre el gasto se suma el nivel de endeudamiento. Machado estima que para financiar el presupuesto serían necesarios $256 billones en deuda, el monto más alto de la historia y cerca del doble de lo previsto en la versión presentada en julio.

El impacto de este endeudamiento también es señalado por Montañez, quien pone el foco en el peso que tendrá el servicio de la deuda dentro de las cuentas públicas. Según el economista, solo los intereses ascenderían a $94,4 billones (4,4% del PIB), una cifra que supera en $7,5 billones el presupuesto total de inversión. “Además, absorberían casi 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario proyectado”, cuestionó.

Una preocupación similar plantea Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo. Según su análisis, el déficit fiscal alcanzaría 7,2% del PIB en 2026 y podría subir a 9,4% en 2027 si no se adoptan medidas adicionales.

La estrategia del Gobierno contempla reducir nuevamente el déficit a 7,2% del PIB mediante una Ley de Ajuste Fiscal equivalente a 2,2 puntos porcentuales del PIB: “Sin embargo, aun después de ese ajuste, los déficits de 2026 y 2027 serían los segundos más altos de la historia reciente del país, solo superados por el registrado durante la pandemia”, dijo.

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Mejía destacó que el déficit primario mejoraría, al pasar de 3,3% a 2,3% del PIB. No obstante, este avance sería contrarrestado por el aumento del pago de intereses de la deuda, que subiría de 3,8% a 4,9% del PIB. En ese escenario, el ajuste permitiría contener el crecimiento del déficit, pero no sería suficiente para reducirlo de manera sostenida.

“Si bien es positivo que el Gobierno haya hecho transparente el tamaño del problema heredado, queda pendiente la parte más difícil: presentar una estrategia que permita reducir de manera sostenida el déficit y estabilizar la deuda durante los próximos años”, anotó.

Congresistas también cuestionan cómo se financiará el Presupuesto 2027

Las dudas no solo provienen de los analistas económicos. Congresistas aliados del Gobierno también pidieron explicaciones sobre la forma en que se financiará el presupuesto.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, consideró positivo que el Gobierno haya expuesto con claridad las obligaciones que deberá asumir el Estado en 2027 y que no estaban contempladas adecuadamente en la propuesta anterior, pero señaló que la explicación sobre los gastos resulta más clara que la relacionada con los ingresos.

Su principal inquietud está en la ruta prevista para financiar el presupuesto. Por ello, pidió al Ministerio de Hacienda explicar con mayor detalle cómo se alcanzarán esos recursos y qué componentes de la Ley de Ajuste Fiscal quedarían pendientes para ser incorporados posteriormente al Plan Nacional de Desarrollo, debido a su naturaleza jurídica.

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“Hay que saber cómo vamos a lograr aumentar esos recursos de capital porque el aumento proyectado es bastante ambicioso”, señaló.

Meisel también solicitó una reunión con el ministro de Hacienda y su equipo para conocer la estrategia de financiación y contribuir al debate.

Por su parte, la senadora Norma Hurtado Sánchez también respaldó la decisión del Gobierno de presentar una fotografía más completa de las cuentas públicas, pero expresó reparos sobre el tamaño del presupuesto y su financiación.

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Según Hurtado, es positivo que la cartera de Hacienda ponga sobre la mesa la verdadera dimensión de las presiones fiscales heredadas. No obstante, advirtió que, si el objetivo es recuperar la sostenibilidad fiscal, genera preocupación que se plantee un presupuesto de mayor tamaño financiado en buena medida con más endeudamiento, mientras disminuyen los recursos para sectores estratégicos que tienen impacto directo en la calidad de vida de los colombianos.

“La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en cuadrar las cuentas: también exige definir bien las prioridades”, afirmó.

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