Congreso aprobó la suspensión de la Ley de Garantías

La plenaria del Senado aprobó ayer, en segundo debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2022, que asciende a los $350,4 billones.

Con 117 votos a favor y 18 en contra, quedó listo el texto, inicialmente compuesto por 139 artículos, de cara a la conciliación con lo avalado por la Cámara de Representantes. Los senadores tenían por delante la discusión de dos artículos considerados como los más polémicos del PGN.

Se trata del 104 y el 125. El primero proponía aprobar el traslado exprés de los fondos privados a Colpensiones. Una iniciativa que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, beneficiaría a 19.000 personas aunque costaría $3,8 billones a las arcas de la Nación. Con 46 votos a favor y 22 en contra, se aprobó la proposición para suprimirlo.

Entretanto, el 125, que busca suspender el inciso primero de la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías. De tal manera que se les permita a las entidades del orden nacional y las entidades territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en una época electoral.

A pesar de la controversia, esta iniciativa fue aprobada ayer en el Senado por 54 votos a favor y 30 en contra.

La suspensión

La Ley de Garantías y su suspensión habían generado reacciones negativas desde diferentes esferas de la política y del país en general, que rechazaron la iniciativa por ser innecesaria de cara a los comicios que se celebrarán en 2022 en Colombia.

Aunque la norma aprobada establece que los convenios que se suscriban bajo el amparo de la disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, muchos sectores mostraron su descontento con lo aprobado por el Senado de la República en su sesión plenaria.

Uno de los primeros en señalar como improcedente la norma fue el propio Consejo Gremial Nacional, que antes de la discusión de este martes había solicitado la eliminación del artículo. Los empresarios señalaron que se debían mantener intactos los principios de la Ley de Garantías, con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos se protejan en los ciclos electorales.

A la aprobación también reaccionó el senador y precandidato Gustavo Petro, quien manifestó que tras la decisión de la plenaria “las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.

El también precandidato presidencial Rodrigo Lara manifestó que “el Gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”. Lara anunció que esta aprobación será demanda ante la Corte Constitucional.

Katherine Miranda fue otra de las congresistas que se mostró en contra de la decisión, y la calificó como “un golpe duro a nuestra frágil democracia y a la transparencia de las elecciones del próximo año”. La congresista también señaló que no es posible que el Congreso “haya aprobado un orangután que permita la utilización de los recursos públicos para que se realice fraude contractual y electoral en Colombia”.

Sobre la 1:22 de la mañana de este miércoles, la Plenaria de la Cámara levantó su sesión y citó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde la discusión y votación de proyectos. Y para este jueves 21 de octubre quedó el debate de control político.

El otro frente

En la plenaria de la Cámara de Representantes, hasta el cierre de esta edición, se habían aprobado más de 130 artículos. En tres bloques iniciales se despacharon 127 artículos que no causaron mayor desacuerdo entre los representantes.

En el primer grupo, por ejemplo, fueron aprobados 102 artículos (del 1 al 139), pero se excluyeron los controversiales: 104 y 125, cuya suerte fue las misma que la ya reportada en el Senado.

En el segundo bloque se aprobaron los artículos 53, 57, 87, 92, 93, 96, 97, 110, 113, 114, 129, 130, 134 y 137.

Luego, en el tercer paquete pasaron los artículos 4, 34, 45, 51, 55, 60, 63, 66, 107, y 128. A partir de ahí llegaron las discusiones y posteriores votaciones de los artículos que causaban más inquietud.

De entrada, fueron sometidos a un debate previo los artículos 14 y 118. Con el primero, se propuso incluir un parágrafo para ponerle un tope a los contratos por prestación de servicios en las entidades públicas. No obstante, la iniciativa fue rechazada y el artículo fue aprobado tal como venía en la ponencia.

Por otra parte, el 118 que mencionaba una deducción del 20% del salario a los egresados universitarios para pagar sus créditos contraídos con el Icetex por un periodo superior a 20 años. La propuesta de eliminación fue rechazada y, acto seguido, aprobada con 101 votos a favor por parte de los representantes.

Solo hubo una unanimidad: con una votación de 143 votos a favor y ninguno en contra, los representantes eliminaron el artículo 136, que proponía fijar un valor no condicionado al avalúo catastral y comercial de los bienes incautados y en posesión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Asignación para 2022

De los 350,4 billones puestos a consideración del Congreso, $69,6 billones irán a la inversión, siendo este monto superior en $11 billones al registrado para la vigencia 2021.

Para el servicio de la deuda se van a destinar $71,7 billones, apropiación que igualmente crece con respecto a lo aprobado para este año ($70,5 billones).

Al revisarlo de manera desagregada, Educación tendrá la asignación más elevada, toda vez que recibirá $49,4 billones, una apropiación por encima de los $47 billones aprobados para 2021. Le sigue Defensa, que contará con $42 billones e igualmente crece frente los 39 billones de la vigencia anterior.

En tercer lugar, aparece Salud, área a la que destinarán $41,8 billones ($36 billones en 2021). Y en cuarto y quinto lugar se ubican Trabajo ($34,5 billones) e inclusión social ($22,9 billones).

A juicio de José Manuel Restrepo, este “es un presupuesto que logra un equilibrio entre reactivación, compromiso social, austeridad en el gasto público, ajuste gradual en el déficit fiscal y crecimiento, para generar empleo”.

Precisó que el proyecto, que se estructuró en función del Marco Fiscal de Mediano Plazo (ver paréntesis), responde a una política contracíclica llevada a cabo por el Gobierno para contrarrestar el choque generado por la covid-19.

Cálculos de Minhacienda estiman que este PGN puede ayudar a crecer la economía de Colombia por encima del 4% el año entrante.

La plenaria del Senado aprobó ayer, en segundo debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2022, que asciende a los $350,4 billones.

Con 68 votos a favor y nueve en contra, quedó listo el texto, inicialmente compuesto por 139 artículos, de cara a la conciliación con lo avalado por la Cámara de Representantes.

Los senadores tenían por delante la discusión de dos artículos considerados como los más polémicos del PGN.

Se trata del 104 y el 125. El primero proponía aprobar el traslado exprés de los fondos privados a Colpensiones. Una iniciativa que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, beneficiaría a 19.000 personas aunque costaría $3,8 billones a las arcas de la Nación. Con 46 votos a favor y 22 en contra, se aprobó la proposición para suprimirlo.

Entretanto, el 125, que busca suspender el inciso primero de la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías. De tal manera que se les permita a las entidades del orden nacional y las entidades territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en una época electoral.

A pesar de la controversia, esta iniciativa fue aprobada ayer en el Senado por 54 votos a favor y 30 en contra.

El otro frente

En la plenaria de la Cámara de Representantes, hasta el cierre de esta edición, se habían aprobado más de 130 artículos.

En tres bloques iniciales se despacharon 127 artículos que no causaron mayor desacuerdo entre los representantes.

En el primer grupo, por ejemplo, fueron aprobados 102 artículos (del 1 al 139), pero se excluyeron los controversiales: 104 y 125, cuya suerte fue las misma que la ya reportada en el Senado.

En el segundo bloque se aprobaron los artículos 53, 57, 87, 92, 93, 96, 97, 110, 113, 114, 129, 130, 134 y 137.

Luego, en el tercer paquete pasaron los artículos 4, 34, 45, 51, 55, 60, 63, 66, 107, y 128.

A partir de ahí llegaron las discusiones y posteriores votaciones de los artículos que causaban más inquietud.

De entrada, fueron sometidos a un debate previo los artículos 14 y 118.

Con el primero, se propuso incluir un parágrafo para ponerle un tope a los contratos por prestación de servicios en las entidades públicas. No obstante, la iniciativa fue rechazada y el artículo fue aprobado tal como venía en la ponencia.

Por otra parte, el 118 que mencionaba una deducción del 20% del salario a los egresados universitarios para pagar sus créditos contraídos con el Icetex por un periodo superior a 20 años.

La propuesta de eliminación fue rechazada y, acto seguido, aprobada con 101 votos a favor por parte de los representantes.

Solo hubo una unanimidad: con una votación de 143 votos a favor y ninguno en contra, los representantes eliminaron el artículo 136, que proponía fijar un valor no condicionado al avalúo catastral y comercial de los bienes incautados y en posesión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Asignación para 2022

De los 350,4 billones puestos a consideración del Congreso, $69,6 billones irán a la inversión, siendo este monto superior en $11 billones al registrado para la vigencia 2021.

Para el servicio de la deuda se van a destinar $71,7 billones, apropiación que igualmente crece con respecto a lo aprobado para este año ($70,5 billones).

Al revisarlo de manera desagregada, Educación tendrá la asignación más elevada, toda vez que recibirá $49,4 billones, una apropiación por encima de los $47 billones aprobados para 2021.

Le sigue Defensa, que contará con $42 billones e igualmente crece frente los 39 billones de la vigencia anterior.

En tercer lugar, aparece Salud, área a la que destinarán $41,8 billones ($36 billones en 2021). Y en cuarto y quinto lugar se ubican Trabajo ($34,5 billones) e inclusión social ($22,9 billones).

A juicio de José Manuel Restrepo, este “es un presupuesto que logra un equilibrio entre reactivación, compromiso social, austeridad en el gasto público, ajuste gradual en el déficit fiscal y crecimiento, para generar empleo”.

Precisó que el proyecto, que se estructuró en función del Marco Fiscal de Mediano Plazo (ver paréntesis), responde a una política contracíclica llevada a cabo por el Gobierno para contrarrestar el choque generado por la covid-19.

Cálculos de Minhacienda estiman que este PGN puede ayudar a crecer la economía de Colombia por encima del 4% el año entrante