Referendo para autonomía fiscal de Antioquia y las demás regiones ya está en el Congreso, ¿cuándo se debatirá?
De llegar a buen puerto, a finales de este año o mediados del próximo se convocaría el referendo en el que se busca que los impuestios de renta y patrimonio pasen a ser de los departamentos.
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La iniciativa para convocar un referendo por la autonomía fiscal de las regiones en Colombia empieza una etapa crucial tras ser radicada formalmente en el Congreso de la República, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la descentralización económica del país.
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Tras la validación de más de dos millones de firmas, el proyecto de ley buscará convocar a los colombianos para que decidan si se debe reformar el artículo 298 de la Constitución Política, con el objetivo de otorgar a los departamentos una mayor capacidad para administrar los recursos generados en sus territorios.
El proyecto, cuya ponencia estaría lista en dos semanas, requerirá cuatro debates y se espera que a finales de este mes se surta la discusión inicial en la Comisión Primera del Senado para pasar, posteriormente, a plenaria. De acuerdo con sus promotores, la apuesta es que, para julio, ya esté aterrizando en Cámara de Representantes.
Corte Constitucional tendría que dar visto bueno a referendo por las regiones
El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) explicó que si el Congreso da luz verde el proyecto pasará a revisión de la Corte Constitucional, que evaluará si existieron vicios de trámite; de no haber impedimentos, se convocaría el referendo.
Hasta este punto, el proceso ha evidenciado una creciente demanda regional por una distribución más equitativa de los ingresos tributarios. Sus impulsores aseguran que, departamentos que contribuyen significativamente a las arcas nacionales perciben un retorno limitado para inversión y desarrollo local.
En ese sentido, la propuesta es un cambio de paradigma: lograr que los impuestos de renta y patrimonio dejen de ser de la Nación y pasen a ser de los departamentos y del Distrito Capital.
Según los promotores, esto permitiría, en el caso de Antioquia, pasar de recibir $6 billones a $9 billones del Sistema General de Participaciones (SGP). Eso sí, aún estaría por debajo de lo que se genera desde estas montañas, que son aproximadamente $14 billones.
“Los municipios hacen un gran esfuerzo por recaudar. El departamento de Antioquia aporta casi el 15% del PIB nacional y solo recibe el 6%. El reclamo no está en el porqué el dinero va a la Nación en general, sino el porqué no se invierte en los territorios donde están las necesidades y donde el sector empresarial e industrial hace un gran esfuerzo por producir empleo”, ha dicho el senador paisa, Nicolás Echeverry (Partido Conservador).
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El debate sobre su conveniencia
En vísperas al trámite legislativo, esta semana se realizó una audiencia pública en el Senado sobre los alcances del proyecto de ley. Espacio en el que se plantearon algunas dudas, tal como lo hizo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para quien el referendo tendría profundas implicaciones fiscales, institucionales y económicas.
Recordó que el impuesto a la renta y patrimonio representa el 53% de los ingresos tributarios de la Nación, unos $148 billones anuales (datos de 2023), con lo que “trasladar esta fuente crítica de ingresos a los departamentos generaría, desde nuestra perspectiva, una crisis fiscal inmediata y estructural para el Gobierno Central (...) al perder su principal fuente de ingresos enfrentaría una situación de insolvencia que comprometería, no solo el pago de la deuda pública, sino también el funcionamiento básico del Estado”.
Otro es el punto de vista en las regiones. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo en una reciente entrevista con este diario que “el referendo acaba con la rogadera de las regiones hacia el nivel central”. De paso, agregó, “eso permite honrar una promesa de la Constitución, que dijo que la participación de los entes territoriales de los ingresos corrientes de la Nación debería llegar a ser mínimo del 46%”, mientras hoy está en el 23%.
Para lograr su aprobación, este referendo deberá tener éxito en las urnas y contar con la participación de, al menos, el 25% del censo electoral; de ahí, su reto sería lograr la mitad más uno de los votos. Los promotores se ponen como meta que la consulta ciudadana se lleve a cabo a finales de este año o, máximo, a mediados del próximo.
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