La tributaria de Petro también afectaría a la industria forestal
Sector maderero advierte que para la relación beneficio-costo fiscal es mejor mantener la exención de renta sobre plantaciones forestales, aserríos y plantas de producción de madera.
Periodista de economía de El Colombiano. Lector de Gabo, adicto a la música de los 80´s y amante del buen periodismo.
La industria forestal tampoco escaparía a los efectos de la reforma tributaria. La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), advirtió que entre las propuestas que se hacen en el articulado se encuentra retirar la exención de renta que tienen las plantaciones forestales desde 2023, las cuales implicarán una reducción en la rentabilidad sobre el volumen de los actuales proyectos de 14,5 puntos y una pérdida del 47% en la valoración de los mismos, haciendo financieramente inviable las inversiones nuevas.
“Un análisis beneficio-costo desde la óptica tributaria y de país, indica que vía impuesto de renta sobre los bonos de carbono sería más favorable incentivar las plantaciones forestales al producirse 2,9 veces el recaudo esperado en un término de 10 años, es decir $1,2 billones de pesos”, señaló Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas, al recalcar que eliminar la exención no representa un recaudo representativo, ni efectivo a partir del 2023 para las finanzas públicas, pero esto sí limitaría las inversiones del sector en el país.
Incluso, el líder gremial aseguró que los rendimientos negativos, podrían provocar una pérdida del interés por invertir en la industria maderera, lo que acabaría progresivamente con al menos 170.000 empleos y también, se afectaría al medio ambiente con la posibilidad de que se dejen de capturar 8 millones de toneladas de CO2.
“Las alternativas para compensar el levantamiento de la exención por tarifas diferenciales no son viables ya que se truncará un desarrollo del sector en materia de inversiones en los próximo 30 años que está calculadas en $3,7 billones, además aseguran que no cabría la posibilidad de acabar la deforestación y de crear 2,4 millones de empleos”, subrayó Vásquez.
Para el gremio, la reforma gravaría no a las plantaciones ya existentes, sino a instaladas a partir de 2023, con lo cual el recaudo efectivo solo se daría hasta el año 2032 en una cuantía de $27,2 millones (0,11% de los $25 billones).
El sector le propuso al Ejecutivo varias alternativas para mantener las exenciones, que según estiman permitirían se cultiven 7,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el territorio nacional para 2052. De igual forma, se encuentra la propuesta de que en vez de recibir $424.300 millones por la renta de las plantaciones, el país podría obtener para el mismo año al menos $1,2 billones incluso comenzando con este recaudo no hasta el 2033 sino desde el año 2025.