Supersociedades despeja dudas por caso Conalvías
El superintendente Francisco Reyes le responde a la Contraloría de la República: debe esperar como cualquier acreedor.
Periodista de Economía y Negocios. Amante de la vida, con una familia que inspira a esforzarse todos los días a hacer mejor las cosas, una de ellas el periodismo. Egresado de la UPB.
La Superintendencia de Sociedades aclaró los rumores frente a la responsabilidad fiscal de la firma Conalvías, que debe pagar 173.908 millones de pesos a la Contraloría General de la Nación, por sobrecostos de las obras de Transmilenio de la Calle 26.
Por un lado, admitió que la sociedad Conalvías Construcciones S.A.S. se encuentra en un proceso de reorganización empresarial, aprobado en audiencia pública realizada el 4 de mayo de 2016.
Surtido este paso, el ente de vigilancia y control pretende preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, dándole tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia. Por tanto, actúa como juez de la República.
En este embrollo aparece la Contraloría como titular de un crédito (multa mencionada) que debe Conalvías. Según la Superintendencia, el ente de control también debe esperar el trámite, como cualquier otro acreedor para recuperar el dinero pretendido.
Esta aclaración la hizo porque la Contraloría expidió en la mañana de ayer un comunicado en que afirmó que la Superintendencia de Sociedades actúa con anuencia (consentimiento) de los implicados.
Asegura que Conalvías “podría liberarse de pagar la multa en mención. La empresa intentará el desembargo de su maquinaria y salir del boletín de responsables fiscales para seguir contratando con el Estado”, destaca la comunicación de la vicecontralora Gloria Alonso Másmela, quien envió la alerta urgente al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
También se indica en la comunicación, que Conalvías pretende que el órgano de control se abstenga del cobro coactivo para recuperar el daño fiscal por los sobrecostos del contrato de obra pública IDU 137/2007, en la construcción de dichas obras.
El ente de control estima que el desembargo de la maquinaria tiene un valor de 130.000 millones de pesos, medida aplicada para resarcir el escándalo de corrupción por contratación con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno.