¿Qué país queremos?
No podemos negar que, pese a los esfuerzos históricos por construir un mejor país, aún persisten grandes problemáticas sociales que han sido agravadas por la pandemia. El desempleo, la informalidad, la pobreza, la inseguridad, la amenaza latente del coronavirus, el malestar generado por la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno nacional son factores de angustia por los que atraviesan millones de colombianos. Realidad que se evidenció esta semana cuando el Dane reveló que el 42,5 % de los colombianos se encuentran en situación de pobreza. Esto significa que por pandemia se perdió el esfuerzo de casi 10 años en superación de pobreza.
No desconozco que en las manifestaciones públicas –un derecho amparado por la Constitución y la Ley–, participan ciudadanos de bien a quienes los mueve un propósito genuino de transformación. Sin embargo, así como es indebido criminalizar este tipo de expresiones, también lo es legalizar y apoyar el vandalismo, la delincuencia y el terrorismo de quienes aprovechan estos escenarios para afectar los derechos de quienes no marchan, para destruir los bienes públicos y privados, para saquear negocios construidos con esfuerzo y para desestabilizar la institucionalidad con fines políticos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las consecuencias sanitarias y el riesgo para la vida que dejan estas aglomeraciones públicas precisamente cuando el país atraviesa el peor pico de la pandemia con más de 500 muertes por día, crisis hospitalarias y escasez de camas UCI para atender a los enfermos.
En este sentido, considero un acto de irresponsabilidad e indolencia que personajes como Gustavo Petro utilicen la indignación de la gente para tratar de ganar réditos políticos y promover un paro nacional sin importarle la salud y la vida de todos los colombianos. Y lo que resulta aún más desconcertante es que haya hecho una “alocución” para alentar las marchas y parar al país, pero no haya tenido el valor civil para dar la cara y pronunciarse condenando la violencia y los actos vandálicos ocurridos en el país: solo en el comercio formal, según Fenalco, se registraron pérdidas superiores a 230 mil millones de pesos por daños y disminución en las ventas. Estos actos se vivieron particularmente en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, donde faltó el liderazgo de los alcaldes para brindar seguridad a sus ciudadanos y evitar los saqueos al comercio, la destrucción de medios de transporte, espacios públicos y sedes gubernamentales.
Finalmente, quiero hacer una doble invitación: Teniendo en cuenta que el Presidente Iván Duque ha anunciado la construcción de un nuevo texto de reforma tributaria, se deben establecer canales claros de comunicación que permitan consensos no sólo en el Congreso, sino también con los distintos sectores sociales a quienes hay que escuchar y recibir sus propuestas sobre una reforma tributaria que sea viable, y no afecte a la clase media y a las familias que requieren justamente reponerse de la crisis y salir adelante con la ayuda estatal y la corresponsabilidad de todos los colombianos. Por otro lado, debemos ser conscientes de que la problemática social y económica más grande de los últimos 100 años en Colombia, requiere estrategias y nuevos recursos para reactivar la economía, atender a los más golpeados por la pandemia y financiar programas como Ingreso Solidario, subsidio a la nómina, matrícula cero y muchos otros que son claves para generar bienestar social.
Sin duda son tiempos críticos, pero en las dificultades es cuando más unidos debemos estar y mirar hacia el futuro preguntándonos ¿qué tipo de país queremos? uno donde prime la incertidumbre, el odio y la violencia como lo proponen algunos populistas, o un país donde se construya en la diferencia, se brinden oportunidades a su gente, se cultive la esperanza y podamos trabajar en equipo por una sociedad más justa y mejor para todos