¡ABRAN PASO!
Las revelaciones de la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa, en virtud de las cuales el ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y los suyos, se van a gastar en escoltas y protección (una dotación de 14 vehículos y 73 personas) durante sus dos períodos en la Procuraduría, más cuatro años de gracia, la muy significativa suma de $ 61.718.400,000,00, esto es, cerca de 20 millones de dólares, llaman a la reflexión.
Desde luego, este no es el único ex con el cual debemos cargar todos porque hay otros, muchos de ellos intocables o “blancos” como se les llama en el argot popular (expresidentes, ministros, magistrados, congresistas, alcaldes, etc.), que también están en situaciones parecidas; la seguridad del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, para poner otro ejemplo, le cuesta al erario más de dieciocho mil millones de pesos anuales: http://www.las2orillas.co/. El asunto es tan complejo que existe un ente especial destinado a coordinar esas tareas denominado Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos informes de gestión están al alcance de todos (ver http://www.unp.gov.co/) y que salvaguarda a cerca de diez mil personas.
Por supuesto, nadie puede negar que en nuestro país existe una grave situación de violencia y de perturbación del orden público que ponen en riesgo la vida de muchos servidores oficiales y particulares encargados de tareas diversas, lo cual amerita que las autoridades tomen las necesarias medidas para proteger sus vidas y las de los suyos. No obstante, lo que suscita escándalo y predispone es la forma inequitativa, irracional y desproporcionada, como esa protección se produce, hasta generar situaciones que son muy vergonzosas.
Por ello, ningún ciudadano del común entiende la razón por la cual a personas que no han sido víctimas de ninguna amenaza real, por más elevada e importante que sea su investidura, se les tiene que prestar ese tipo de amparos; ni, por supuesto, se explica la causa por la cual se dilapidan de esa manera los pocos recursos públicos existentes, con los cuales se beneficia a algunos y se maltrata a otros que también demandan similares servicios. Pareciera, pues, que nos estamos llenando de reyezuelos intocables (tanto en el sector público como en el privado) que exigen trenes burocráticos inmensos –no solo para brindarles seguridad– sino para saciar sus apetitos de poder, sus delirios de persecución o sus megalomanías sin límites. ¡Estamos, pues, más enfermos de lo que parece!
Por supuesto, mientras a personas como Ordóñez Maldonado se les brinda esa protección desaforada y escandalosa, a maestros, periodistas, líderes sindicales y de derechos humanos, se les otorga una salvaguarda mendicante o no se les dispensa ninguna. Tal vez eso explique por qué, para hablar de los últimos, a muchos de ellos se les asesina sin ninguna salvaguardia; las cifras no mienten: durante 2015, 682 personas de esa condición fueron agredidas y, de ellas, 63 asesinadas; y, asegura el Programa Somos Defensores, en el primer semestre de 2016, se han producido 314 agresiones y 35 personas dedicadas a la noble causa de la defensa de los derechos humanos han sido ultimadas por los criminales (http://www.somosdefensores.org/).
Así las cosas, los colombianos estamos notificados: debemos soportar los desfiles callejeros de las carrozas (como las llamó de manera jocosa la representante a la Cámara denunciante) de los nuevos emperadores y acostumbrarnos a que, a diario, mueran niños de hambre y sin asistencia alguna. A que miles de damnificados chocoanos por el invierno no obtengan ninguna respuesta, así no tengan un techo para sobrevivir; y, por supuesto, a que sigan cayendo baleados los defensores de las causas populares. Para ellos, pues, no hay recursos porque los mismos solo sirven para custodiar a los personajes aciagos que nos gobiernan o que, por haberlo hecho, creen que el país es una finca de la cual pueden disponer a su antojo. ¡Así, por supuesto, es imposible pensar que algún día vamos a lograr vivir tranquilos y a disfrutar de una paz verdadera!.